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Despidos injustificados, arbitrariedades y encarecimiento de la gestión

La Alta Dirección Pública cruje en la era Piñera

por 6 septiembre 2010

La Alta Dirección Pública cruje en la era Piñera
La credibilidad del sistema que pretende designar a altos funcionarios públicos por su mérito y no por cuoteo político, se ve amenazada por los despidos de aproximadamente la mitad de los cargos de primera jerarquía que han efectuado las nuevas autoridades. También por designaciones provisionales presentadas como definitivas y por las desvinculaciones que efectuaron directivos provisorios, respecto a quienes sí tenían un cargo fijo y que fueron elegidos por concurso. El consejo, atento a los problemas, trabaja en una agenda corta de reformas.

Los miembros del Consejo para la Alta Dirección Pública sabían que el cambio de gobierno y de coalición, pondría a prueba al sistema que, desde el 2003, pretende limitar la discrecionalidad de la autoridad en la provisión de cargos directivos. Hoy, a seis meses de asumido el nuevo gobierno, los problemas se pueden ver en el 42% de despidos en puestos de primera jerarquía; en los directores provisionales que han sido nombrados como si fueran definitivos y quienes son responsables del 38% de las desvinculaciones de altos directivos públicos; en el gasto que significa iniciar nuevos concursos; y en el cambio del criterio de indemnización para estos funcionarios, tras un dictamen de Contraloría, que dejaría sin este beneficio a varios altos directivos que fueron despedidos.

Las cifras oficiales que entregó el Consejo de Alta Dirección Pública, arrojan que al menos 31 de los 73 funcionarios de primera jerarquía han sido despedidos, lo que implica un 42% del total. Pero lo que no se dijo, es que el Ministerio de Salud ha sido el responsable del 61% de estos despidos, porque la cartera ha desvinculado a aproximadamente 19 directores de servicios de salud, como afirmó una fuente que prefiere mantener su anonimato. A la vez, esta misma fuente, aseguró que al menos un 19% de estos despidos, corresponden al Ministerio de Vivienda, donde han salido alrededor de seis personas de primera jerarquía.

Jaime Mañalich, ministro de Salud, es el responsable de los despidos en el primer nivel jerárquico de su cartera, porque es él quien los solicita. Pero a este gran número de desvinculaciones, hay que agregar el hecho de que los cargos disponibles para la ADP en este sector, son los que más cuesta llenar, porque se ofrece un trabajo que demanda tiempo completo y “los sueldos del sector público, no son más atractivos que los del sector privado”, afirma Rafael Blanco, consejero de la entidad.

En el área de salud, muchas veces los concursos son declarados desiertos y cada vez que sucede esto, el Estado pierde en promedio $ 6,8 millones. La inversión que se hizo al designar a los 19 directores de salud que fueron desvinculados, fue de alrededor $ 130millones y como no terminaron el periodo de tres años para los que fueron contratados, esa inversión se tendrá que hacer nuevamente. A la vez, existe un costo de reemplazo del directivo y Blanco afirma que “lo que tenemos que evitar, es que cada 4 años, tengamos que comenzar un nuevo proceso de reclutamiento y selección de todos los altos directivos públicos, sólo por el hecho de  que cambió el color político del gobierno”.

Las vacantes

Los puestos que han quedado libres, han sido ocupados rápidamente por personas designadas por el Ministro de la cartera correspondiente, pero la mayoría de las veces, no se ha indicado que son cargos provisorios en espera del resultado de un nuevo concurso. Esto es algo que ha criticado el consejo de la ADP, porque como afirma Blanco, “esto genera un desincentivo enorme para los concursantes, porque creen que el concurso ya está decidido”. A la vez, es importante destacar que los provisorios estarán en el cargo alrededor de seis meses, que es lo que demora realizar el concurso y elegir a un ganador.

Por otro lado, estos cargos provisorios tienen la facultad de despedir a aquellos con cargos fijos y que fueron elegidos por concurso, a través del sistema de ADP. Este es el caso de la directora nacional –provisoria – del Sernatur, Jacqueline Plass, quien en el ejercicio de su función, ha despedido a 12 de los 14 directores regionales de turismo, que sí fueron elegidos por concurso, como afirma el abogado Sebastián Iglesias, quien fue parte del comité de selección de la ADP del Sernatur, el año 2008 y 2009.

Jacqueline Plass, sí quiere ser parte del selecto grupo de la alta dirección, es por esto que está concursando a través del sistema de ADP para obtener el cargo definitivamente, algo que la mayoría de los provisorios está haciendo. En el primer periodo del sistema –desde que se creó el 2003, hasta marzo de este año– “en el 60% de los casos, la persona que se nombró no era la que estaba ocupando el cargo”, como afirmó Blanco. Ahora el consejo estará atento sobre esta cifra, porque “genera la garantía de que hay competencia e igualdad de oportunidades”, asegura el directivo.

Estafa

El 2003 tras un acuerdo entre la Alianza y la Concertación, se creó la ADP  para terminar con el cuoteo político de los cargos y que estos fueran ocupados por técnicos competentes, en orden a su mérito. En el sistema, participan alrededor de 40 empresas y head hunters, encargados de seleccionar a los postulantes. Luego de ese primer filtro el consejo realiza una nueva selección que se le entrega al Presidente de la República, para la elección final del candidato. Este proceso es transparente y asegura la despolitización de los cargos, pero hoy, tras los despidos injustificados y las asignaciones arbitrarias de provisionales transitorios, el sistema es puesto a prueba.

Rafael Blanco afirma que “lo que tenemos que evitar, es que cada 4 años, tengamos que comenzar un nuevo proceso de reclutamiento y selección de todos los altos directivos públicos, sólo por el hecho de  que cambió el color político del gobierno”.

El abogado Sebastián Iglesias fue miembro del comité de selección de la ADP que concluyó con la designación de directores regionales y subdirectores del Sernatur entre el 2008 y el 2009. Para él, los despidos “no han sido por evaluación de méritos, sino que por evaluación política. Yo participé en la selección, hicimos todo transparente y llamamos a las mejores personas… ¿Con qué cara le digo a alguien hoy que postule?”. La decepción no sólo ha sido de Iglesias, él asegura que hay personas que fueron elegidas por concurso y que hoy le dicen tajantemente “me estafaste”.

Un decepcionado del sistema es Gonzalo Fernández, quien asumió como director regional del Sernatur en Coquimbo, el 1 de enero de este año. Su cargo pertenece a la ADP y fue elegido a fines del 2009, en  un concurso donde participaron 102 postulantes. Pero el pasado junio, le avisaron que querían el cargo para alguien de confianza y la elegida para remplazarlo fue Adriana Peñafiel, ex alcaldesa de La Serena y quien fue candidata (RN) a diputada por el noveno distrito, sin éxito. Para Fernández, la solicitud de su renuncia “no fue por gestión. Es una región donde triunfó la Concertación y el actual gobierno necesitaba ocupar el mayor espacio político posible”. Tras diez años de trabajo en distintas áreas del Sernatur, Fernández quedó fuera y fue Plass, una directora provisoria, la responsable.

El cargo de alto directivo público es de exclusiva confianza y por eso, las autoridades pueden desvincular a quienes quieran. Fernández acepta el hecho de que le solicitaran la renuncia, pero lo que no acepta, es que no se le otorgue indemnización.

Cambian las reglas del juego de indemnización

Cuando Fernández aceptó el cargo de director regional del Sernatur, el dictamen N° 56.817 de Contraloría estaba vigente y este expresaba que “se tendrá derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis. De la perspectiva reseñada, es dable a inferir, que (…) sólo debe estarse a su condición de funcionario público en la respectiva entidad”. Esto significa que el funcionario recibiría indemnización contemplando el tiempo que lleva en la institución, no desde que asumió como alto funcionario público.

Fernández asegura que bajo este dictamen debiera recibir alrededor de $ 12 millones, pero hoy quedó con las manos vacías. La razón es que la Contraloría sacó un nuevo dictamen en junio de este año (el N° 34.824), donde se “reconsideran parcialmente” los dictámenes anteriores sobre el tema y se explica que la indemnización será contemplada “en la medida que se hayan desempeñado en calidad de altos directivos públicos a lo menos por un año en la respectiva entidad”. Lo que significa que Fernández, al no alcanzar un año en el cargo de alto funcionario público, no tiene derecho a recibir indemnización. El afectado asegura que no es el único y que “junto a seis directores regionales que fueron despedidos, vamos a realizar un juicio civil”. Y añade desesperanzado que “yo nunca hubiera postulado a un cargo tan vulnerable”.

Rafael Blanco, consejero de la ADP, aseguró que la indemnización “es un tema que se está analizando en la división jurídica del servicio civil”, agregando que no descartan hacer una reforma en este ámbito, para dotar de mayor estabilidad a los cargos de la alta dirección.

Proyecto de reforma del sistema de ADP

Tras la llegada del nuevo gobierno, la ADP ha visto amenazada su credibilidad y eficacia. La gran cantidad de despidos efectuados, hizo que el consejo esté avocado “full time” a este problema.  Blanco afirma que “estamos trabajando cuatro mañanas, cuando esta ley se diseñó para que los consejeros se reunieran una vez a la semana”. Frente a la situación actual, existen costos económicos, de tiempo y de imagen, es por esto que el consejo de ADP está elaborando un proyecto de ley para “resolver los problemas que se produjeron con el cambio de coalición”.

El consejo planea una agenda corta de reformas en los siguientes aspectos:

-Limitar las atribuciones actuales que posee el directivo provisional transitorio, para que no tenga la facultad de despedir a funcionarios elegidos por concurso.

-Eliminar la capacidad del provisional transitorio de ejercer el cargo y al mismo tiempo postular al cargo por concurso.

-Establecer convenios de desempeño, para que cuando se produzca una desvinculación, las razones sean claramente apolíticas.

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