Cartera de Jaime Ravinet compró en US$ 16 millones a la empresa estadounidense AC el viaducto para reemplazar al “puente viejo” que cruza el río Biobío que se cayó con el terremoto. Sin embargo, la oferta de la competencia, era de US$ 14 millones si es que las autoridades corrían con la puesta en marcha. Los abogados de la compañía inglesa intentaron conocer los argumentos de Defensa vía la Ley de Acceso a la Información, pero el subsecretario de las FF.AA, Óscar Izurieta, negó los documentos, aduciendo que se trataba de una compra secreta por Ley del Cobre, en circunstancias que el puente es de uso civil.
La Contraloría inició una investigación por el sobrepago de US$ 2 millones en la compra de un puente mecano, hecha por el Ministerio de Defensa, luego del terremoto que afectó al país en febrero pasado.
El organismo fiscalizador acogió así una presentación realizada en julio pasado por la empresa inglesa Mabey Bridge Limited (MBL), la que denunció “irregularidades” en la adquisición del viaducto que reemplazará al llamado “puente viejo” que cruza el rio Biobío en Concepción, adjudicada a la firma estadounidense Acrow Corporation (AC), bajo la figura de compra directa.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso El Mostrador, las anomalías no sólo apuntan al sobrepago de US$ 2 millones, sino además habría otras vulneraciones a la Ley de Transparencia y a la Ley del Cobre (ver adjuntos).
Actualmente, la cartera de Defensa es dirigida por el ex DC Jaime Ravinet, a quien apunta MBL por el ser jefe superior de dicha secretaría de Estado.
La historia comenzó en abril pasado, cuando el Ministerio de Obras Públicas llamó a MBL solicitándole un presupuesto para la compra de un puente mecano de 1,4 kilómetros.
Por esta razón, la firma británica entregó el documento por la suma de US $16.984.500 a la Seremi del MOP de la Octava Región. La oferta incluía no sólo el puente mismo, sino también la instalación, es decir, transporte, maquinaria, herramientas y mano de obra, la que alcanza a unos US$ 3 millones. MBL, sostiene que esto implica que el viaducto sólo costaba US$ 14 millones.
Pasaron los días y la autoridad no respondía, hasta que a fines del mismo mes, MBL fue informada verbalmente por el MOP de que la compra la haría el Ministerio de Defensa, hecho que según los abogados de la firma, “nunca había ocurrido antes”.
Como el comprador había cambiado, MBL llamó y envió un correo electrónico a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, dirigida por el general (R) del Ejército, Oscar Izurieta, informando la presentación del presupuesto y pidiendo una reunión para explicar los alcances del presupuesto y las bondades del producto. Según el documento, nunca hubo respuesta.
Pasaron pocos días, hasta que el 7 de mayo el diario Las Últimas Noticias informó que Defensa había adquirido a la empresa AC el mentado puente para el rio Biobío. El matutino agregaba que todo se gestó “muy en reserva, en los Estados Unidos, casi un mes después del desastre”. Es decir, antes del llamado del MOP a MBL ocurrido en abril.
[cita]La respuesta de poco más de una página fue clara y precisa. Es una compra directa, secreta y no puede ser informada a nadie, ya que la seguridad nacional está en juego.[/cita]
En la compañía británica se encendieron las alarmas. Algo no cuadraba. Sobre todo porque, a juicio de la firma, Defensa estaba pagando US$ 2 millones de más, ya que la firma norteamericana no instalará el puente, cuestión que ejecutará el Ejército y el MOP. En otras palabras, si el ganador hubiera sido MBL y no Acrow, el costo del viaducto sería de US$ 14 millones si las autoridades chilenas hubieran montado la megaestructura de 1,4 kilómetros de largo.
Desde ese momento, MBL inicio una arremetida para conocer las razones de la elección que favoreció AC. Contrataron al estudio de abogados Ferrada y Neghme -los mismos que representaron a Farmacias Ahumada en el caso de la colusión- para ser patrocinados.
El encargado de llevar adelante las gestiones fue Paulo Montt, quien a principios de mayo llamó a la Subsecretaría de Defensa para solicitar una reunión con Izurieta o bien con su jefe de gabinete, Mario Larenas.
Como no hubo novedades, Montt hizo una presentación en paralelo al MOP y a la cartera de Defensa -el 3 de mayo pasado- basado la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer cómo se gestó la decisión de comprar el puente.
El 18 de mayo, Defensa informó que la petición de información sería derivada al Consejo Superior de Defensa Nacional (Consusena), ya que la cartera carecía de los datos requeridos.
Montt insiste en sostener una reunión con Izurieta, por lo que el 24 de mayo vuelve a contactase telefónicamente con su oficina. En esa oportunidad fue la propia secretaria quien le informó que la compra del puente no la hizo Defensa, sino el MOP y no lo comunicó con la autoridad.
Seis días más tarde, Montt solicitó a Izurieta, vía e-mail, que confirmara la información anterior, pero no hubo respuesta. Ese mismo 24, además fue notificado por el Consusena que la información sobre la compra del viaducto, está en poder del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Guillermo Castro Muñoz, remitiendo a este último la petición de información.
El 25 de mayo, Montt vuelve a insistir con Izurieta para que confirme por escrito que la compra no la hizo Defensa, pero nuevamente no hubo respuesta.
Sin embargo, el 31 de mayo, los hechos comenzaron a tornarse confusos. Ese día, el general Castro Muñoz, le informó por escrito a Montt que el Ejército no tiene información alguna sobre la compra del puente, derivando la solicitud a Defensa.
Contradictoriamente a lo señalado anteriormente, el 11 de junio, Izurieta confirma que los datos los tiene el Ministerio de Defensa, pero niega el acceso debido a que ello “puede afectar las necesidades de la Defensa Nacional”. El fundamento legal del secreto usado por Izurieta, fue que el puente había sido adquirido con los recursos de la Ley Reservada del Cobre.
Las dudas de MBL y sus abogados se multiplicaron con la respuesta. ¿Por qué habría de ser comprado un puente para fines privados o civiles con dineros de la Ley del Cobre que otorga recursos a las Fuerzas Armadas para armamentos y accesorios de uso militar? ¿Por qué la compra del puente es secreta en circunstancias que la licitación llamada por el MOP para comprar los pilares que sujetarán el viaducto es pública, tanto como las bases?
Nuevamente, algo no cuadraba, toda vez que Defensa no tiene facultades legales, argumenta MBL, para realizar inversiones en infraestructura vial. De hecho, ninguno de los decretos dictados por el Gobierno a raíz del terremoto lo facultan para ello.
Por esta razón, el 29 de junio, MBL ingresó un reclamo en contra del Ministerio de Defensa ante el Consejo para la Transparencia, para conocer las razones invocadas para imputar al presupuesto de las FF.AA. la compra del puente y cuáles fueron los criterios, como también desde cuándo se conocía la oferta de la firma AC. Ese mismo día también fue ingresada la denuncia en la Contraloría. En esta última, MBL sostiene que Defensa no hizo una adecuada utilización de los fondos públicos.
En este sentido, argumentó que el Estado terminará pagando US $2 millones más, ya que el costo del puente (sin considerar instalación) ofrecido por Mabey Bridge es de US $14 millones, mientras que Acrow ofreció US $16 millones, trasladando todo el costo de la puesta en marcha al MOP y al Ejército. Además apuntó a que tampoco Defensa cumplió con la Ley de Compras Públicas, que exige una resolución fundada que nunca ha sido mostrada o hecha pública.
Mientras la Contraloría sigue analizando los antecedentes y pidiendo información, tanto al MOP como a Defensa, el CPLT ha hecho lo propio. A través de un oficio le pidió a la cartera dirigida por Ravinet que entregara copia del contrato y el análisis que se realizó para la adquisición.
La respuesta de poco más de una página fue clara y precisa. Es una compra directa, secreta y no puede ser informada a nadie, ya que la seguridad nacional está en juego.
Sin embargo, el CPLT, dirigido por Raúl Urrutia, no aceptó la argumentación de Defensa e inquirió nuevamente los datos, ya que no podrá resolver si se trata de una compra secreta o bien tiene características públicas, mientras la cartera no haga llegar estos documentos.
Fuentes de Defensa indicaron a este diario que hay mucha complicación por lo que pueda revisar la Contraloría, debido a que la compra del puente mecano se habría decidido mucho antes de que el MOP pidiera el presupuesto a MBL. Según se indicó, la decisión fue de carácter político, como una manera de demostrar que el gobierno estaba actuando de forma rápida y oportuna para hacer frente a la catástrofe.
Este diario intentó obtener una versión de parte de la cartera encabezada por Ravinet, pero no hubo respuesta.
