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El Consejo para la Transparencia le obligó a entregar información

La historia del poblador que desafía al Ministerio del Interior

por 16 noviembre 2010

La historia del poblador que desafía al Ministerio del Interior
Paulo Álvarez lleva tiempo preguntándose por qué hay tanta policía en su barrio y sobre todo por qué actúa con violencia contra los que no son traficantes ni ladrones. Ocupando los derechos que la ley le otorga logró demostrar que el plan de intervención para La Legua, formalmente no existe.

Paulo Álvarez  no califica como protagonista en  ninguno de los programas de redadas policiales que se transmiten en horario prime. En su atuendo no hay ninguna referencia metálica al reggaeton, tampoco un bolso o zapatillas  Lacoste, y en vez de invertir en gel, gasta en champú para mantener el pelo largo y amarrado al estilo de los folcloristas en los ’70.

De cualquier manera, Paulo Álvarez ha estado tres veces detenido. “Registrado y desnudado para comprobar que no tenía droga”, según  contó sin perder la serenidad, frente al Consejo para la Trasparencia, que el 20 de mayo de 2010  convocó a una audiencia pública en el marco de su caso. En esa misma instancia Álvarez aseguró que varios vecinos como él han sufrido “coerciones, vejámenes, violencia innecesaria, abusos de poder que han quedado en la impunidad”.

Buscando respuestas

Paulo Álvarez (35) tampoco cabe en alguna conclusión  que se refiera a “las masas alienadas por el modelo macroeconómico neoliberal y el duopolio mediático de la derecha pinochetista”.

Es Profesor de Historia y cursa un Magíster en Antropología  en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  Mezclando su experiencia con la policía   y el método académico,  se hizo dos  preguntas en apariencia simples: ¿Cuáles son los fundamentos del Plan de Intervención en La Legua? y ¿Quiénes son los responsables?

“Esta inquietud viene hace unos cuatro años. La solicitud la hice yo, pero hay decenas de pobladores que han estado hasta en la cárcel y después la Corte Suprema los ha declarado inocentes, sin que nadie siquiera se haya disculpado”.

Lo primero fue preguntar en la Municipalidad de San Joaquín, después en  comisaría del barrio y luego en el cuartel de Investigaciones de la comuna. En esos lugares respondieron que los registros sorpresivos y las detenciones, eran parte de las acciones derivadas del Plan de Intervención. “Pero nadie me dio una respuesta concreta y satisfactoria. Carabineros e Investigaciones son la cara visible del Estado para conductas o procedimientos que nacen de decisiones de otros y quiero saber quienes son esos otros” explicó  Álvarez frente al Consejo.

Reclamante contra Reclamado

Enterado de  los derechos que le otorga la ley 20.285, el 10 de diciembre del año pasado presentó una Solicitud de acceso a la Información al Ministerio  del Interior, pidiendo antecedentes sobre “el Plan de Intervención de la  Población La Legua, sus fundamentos escritos o cualquier tipo de documento o acta al respecto, en atención a la fuerte presencia de Carabineros de Chile en la población desde hace años”, según consta en el pronunciamiento del Consejo Para la Transparencia.

Casi un mes después de la solicitud, el 7 de enero de este año, la respuesta llegó a través de un oficio desde la Subsecretaría de Interior. En ese documento la repartición de gobierno detalla todos los proyectos sociales dentro de los que interviene en La Legua: “Construcción del Centro Comunitario La Legua”, “Habilitación e Implementación de un Centro de Salud Mental Comunitaria” y “Proyecto de Prevención de Manejo de la Conflictividad, mejorando la infraestructura de la Escuela S.S. Juan XXIII”.

Paulo Álvarez ha estado tres veces detenido. “Registrado y desnudado para comprobar que no tenía droga”, según  contó sin perder la serenidad, frente al Consejo para la Trasparencia, que el 20 de mayo de 2010  convocó a una audiencia pública en el marco de su caso.

El Ministerio cumplió con la ley al dar una respuesta. Pero Álvarez, convertido  para estos efectos en  “el reclamante”  no estaba satisfecho. Ninguno de los proyectos consignados por la Subsecretaría -“el organismo reclamado”- tenía la respuesta sobre el exceso de policías en su barrio y menos la descripción del mentado Plan de Intervención, de La Legua.

El 20 de enero “el reclamante” apeló a la respuesta de la Subsecretaría de Interior, con el argumento de que la información estaba incompleta.  El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió aceptarla. En abril llegaron  los descargos desde la repartición emplazada en La Moneda.

El plan que no existe

“No existen documentos distintos a los ya remitidos al Sr. Álvarez, que den cuenta de las intervenciones en la población La Legua”, contestó la subsecretaría, admitiendo que no contaban con más antecedentes formales respecto del Plan de Intervención al que se refiere Álvarez. El organismo de gobierno insinuó que la información incompleta vino desde el reclamante. “a modo de ejemplo, no describe cuáles serían los antecedentes que la Subsecretaría del Interior no entregó; no señala cuál sería, en concreto, el plan de intervención que existiría en la Legua; de existir tal plan, no señala por qué sería de responsabilidad del Ministerio del Interior”.

En realidad, ninguno de los involucrados en este proceso supo describir cuál es el Plan de Intervención de La Legua.  El CPLT se lo preguntó al Alcalde de San Joaquín. Sergio Echeverría y éste afirmó por escrito  que “no tiene conocimiento que exista formalmente el denominado Plan de Intervención de la población La Legua”.

Una pregunta que parecía simple, todavía no tenía respuesta.

Como medida para “mejor resolver” el CPLT en mayo de este año convocó a las partes a una audiencia pública. Asistieron los consejeros Alejandro Ferreiro, (DC) ex ministro de Economía de Bachelet, el abogado Juan Pablo Olmedo, de sensibilidad PPD-PS y Raúl Urrutia, cercano a RN y presidente del CPLT. También Paulo Álvarez y dos abogados, una en representación de la División de Seguridad Pública y Manuel Pérez, asesor jurídico del Ministerio del Interior. Sólo un poco más joven que “el reclamante”, Paulo Álvarez.

La molestia del Consejo

En esta audiencia el abogado Manuel Pérez reconoce que formalmente “no existe un Plan de Intervención para La Legua”, que se trata de un “nombre de fantasía” para agrupar una serie de programas de intervención.

Esta respuesta no cayó bien entre los consejeros, quienes detallaron un dossier de prensa en que las autoridades que han estado a cargo del Ministerio del Interior invocan al menos desde 2001 el Plan de Intervención en La Legua y para ser más precisos citaron las palabras de Rodrigo Hinzpeter entre el 7 y 9 de junio de este año: “Vamos a generar un plan de intervención más audaz y más novedoso. Vamos a ser muy duros en el combate al narcotráfico en estos bolsones de impunidad”.

Alejandro Ferreiro, fue directo al fondo del asunto, y pidió  “no asignar demasiada importancia a la nomenclatura. Más allá de si existe o no existe plan importa conocer los antecedentes del ministerio del Interior y que amparan motivan justifican o explican la presencia aparentemente extraordinaria de la Policía y sus conductas en la población La Legua”

Un asunto de DD. HH.

El abogado del Ministerio del Interior  respondió que las policías no dependen de esa repartición sino de Defensa,  y por lo tanto no tienen los documentos para responder formalmente la pregunta que motiva todo este proceso.

La explicación provocó el contraataque de Ferreiro quien hizo notar la incoherencia entre las declaraciones a la prensa y lo que el abogado defendía en la audiencia. “O es algo que es de competencia más o menos directa del Ministerio del Interior o no lo es, pero lo que no nos parece consistente es que en la prensa se diga lo primero y en esta audiencia se diga lo segundo”.

A su turno Juan Pablo Olmedo le recordó a Manuel Pérez que el ministerio al que representó en la audiencia, tiene una división de seguridad pública que elabora una Estrategia Nacional  al respecto que monitorea, evalúa y da cuenta pública de sus actividades, “pero en el fondo de la   petición de don Paulo, hay una petición de Derechos Humanos, sobre cómo la policía trata a los ciudadanos y eso es algo que se debe conocer bien”, dijo Olmedo, preocupado además por el “círculo en que cae la defensa del Ministerio de no hacerse responsable de aspectos institucionales donde sí la tiene, sea por derivación, por coordinación o rendición de cuentas”.

Teniendo en cuenta el resultado de la audiencia,  el 30 de septiembre el consejo emitió un fallo en el que acoge la apelación  de Paulo Álvarez y obliga a la Subsecretaría de Interior a responder la pregunta de fondo. Para lo cual la repartición tuvo  a contar de esa fecha quince días hábiles.

El alcalde Sergio Echeverría dice que este fallo sienta un precedente “no sólo para la Legua sino a nivel país en todos los lugares donde como acá se violan las libertades individuales y donde la mayoría de la gente, como la  que vive aquí es honesta y de trabajo”.

Un “saludo a la bandera”

En el CPLT también hay satisfacción porque es “un ejemplo de lo que pueden lograr los ciudadanos y de los alcances que tiene la ley”, dice una fuente ligada al organismo.

Sin embargo, cumplido el plazo la respuesta llegó. Pero Paulo Álvarez encontró que la respuesta de 18 páginas no fue satisfactoria. “El ministerio dice que no ha hecho ni hará un plan de intervención en La Legua”, señala Paulo Álvarez, y explica que en Interior especifican que los operativos y detenciones “son exclusiva competencia de Carabineros y ni siquiera de el Ministerio de Defensa”, explica.

Álvarez asegura que tiene el patrocinio de algunos abogados para presentar una querella por la responsabilidad que le cabe al Estado en una serie de detenciones arbitrarias sufridas por él y otros vecinos de la población. “Aunque sea un saludo a la bandera”, concluye.

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