Se trata de un compromiso de 10 puntos que recomienda desde mayor responsabilidad de los padres en el proceso educativo de los hijos hasta menos horas frente a la televisión. Pese a que nadie duda de la buena intención del documento, los detractores reclaman que es un contrato unilateral que, además, sienta al Estado en el living de la casa.
Uno: enviar a nuestros hijos a la escuela, colegio o liceo, puntualmente todos los días, cumpliendo con los horarios establecidos. Dos: organizar junto a nuestro hijo un horario eficaz para realizar tareas, no muy extenso y que pueda cumplir diariamente. Facilitarle, en lo posible, un lugar fijo para estudiar. Tres: procurar que tenga un horario establecido para dormir, comer, estudiar, leer y realizar actividades extraescolares.
Lo anterior suena a rutina diaria en cualquier casa donde exista un escolar. Sin embargo, es parte de los 10 puntos del “Contrato de honor de las familias por la Educación” que desde abril reparte en todos los colegios del país el Ministerio de Educación, que además de los puntos anteriores, sugiere a los apoderados reducir las horas frente al televisor, fomentar la lectura y las horas de sueño.
La iniciativa en su origen es “noble”, según los detractores, pero abre una serie de cuestionamientos hacia el momento que vive la educación en Chile y el papel del Estado en la casa.
Apenas llegó a sus manos, Eduardo Naredo, vicepresidente de la directiva de padres del 1ºB del Instituto Nacional, no dudó en subir sus comentarios a un blog en rechazo al documento. A Naredo no sólo le molesta haber tenido que firmarlo por obligación. “El tema es que el contrato es unilateral. O sea, a mí me pueden cobrar las 10 indicaciones, pero cuáles son los compromisos que hace el Estado: a no tener ratones, a contar con todos los vidrios, a tener un staff de profesores de reemplazo en caso de que uno se enferme”, señala con molestia en referencia a la situación de su hijo que estuvo sin profesora de Matemáticas por dos meses cuando la titular se ausentó.
En el Ministerio dicen que el objetivo de este contrato es comprometer a las familias con la educación de los hijos. “Potenciar la calidad del tiempo que pasan juntos y asegurar que los alumnos tendrán el apoyo de sus familias para continuar con su educación. Este contrato establece diferentes responsabilidades que tienen las familias con sus hijos, conscientes de que un mayor involucramiento y apoyo en esta materia implicará una mejor calidad en su proceso educativo”.
[cita]“El contrato es unilateral. A mí me pueden cobrar las 10 indicaciones, pero cuáles son los compromisos que hace el Estado”, dice Eduardo Naredo, apoderado del Instituto Nacional[/cita]
No existe ninguna obligación en firmar estos contratos de honor y en el documento se especifica claramente que la firma es totalmente voluntaria y no reviste ninguna responsabilidad legal para los implicados; sin embargo, en la mayoría de los casos en los colegios públicos, a los padres se les pide que envíen el documento con firma de vuelta.
Eduardo Catalán es presidente de la Asociación de Padres, Madres y Apoderados (Amdepa), que representa a más de 2.500 establecimientos educacionales municipales y subvencionados de todo Chile y según él, el documento, sólo es un papel sin fondo. “Es sólo mediático y deja en punto muerto el trabajo con la familia porque se plantea desde cómo intervenirla y cómo guiar a nuestros hijos. Nos gustaría involucrarnos en los proyectos educativos, estar insertos en los reglamentos de convivencia”, reclama.
[cita]En el Ministerio dicen que el objetivo de este contrato es comprometer a las familias con la educación de los hijos. No existe ninguna obligación en firmar estos contratos[/cita]
La Asociación de Liceo Experimental Manuel de Salas también colgó un reclamo en la página web del establecimiento y llamó directamente a no firmar los cerca de 1.500 documentos que llegaron. Rodrigo Fuentes, presidente de la asociación, dice que no les parece que sea la forma de tratar los temas de educación. “Yo no necesito firmar un compromiso para comprometerme con la educación de mi hijo. Vulnera las libertades y en ninguna parte hay alguna mención o algo a la responsabilidad del Estado o de las comunidades que tienen que ver con este tema. Hay recomendaciones tan ridículas como cuidar que el niño vea menos tele… Nos pareció una falta de respeto y una intromisión y se oculta el tema de fondo. ¿Creen que con un papel se va a lograr? Por qué no hacemos un trabajo en serio? De esta forma se meten en nuestra casa”, dice Fuentes, que también apunta sus críticas al estado de la educación en un país donde hasta el Simce de Educación Física refleja desigualdad.
Las críticas al documento también vienen desde el mundo académico. Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, no pone en duda la “buena fe” del Ejecutivo al tratar de comprometer a los actores sociales, sin embargo, también destaca un punto en contra: “El problema es justamente que uno como padre de familia no tiene un canal directo para exigir una educación de mayor calidad; y el canal que tradicionalmente está abierto –la elección de la escuela–, todos sabemos que no está abierto porque funcionan muchos mecanismos de segregación. No hay contraparte a la cual se le pueda exigir que cumpla con ese contrato de honor en términos de los insumos que tiene la escuela, de la calidad de éstas, del buen trato que hay con los niños”.
En Huechuraba, la deserción escolar se ubica entre el 20 y 25%. Por esa razón, en marzo se dio a conocer una ordenanza municipal que indicaba que un apoderado puede pasar hasta 15 días en la cárcel si su hijo falta mucho al colegio. Con esa realidad sobre la espalda, la alcaldesa Carolina Plaza apoya la iniciativa de Joaquín Lavín: “La poca participación de los padres es lo más lamentable. Quizás este contrato no les importa, pero nos sirve para reforzar y apuntar a lo medular. Los niños no pueden estar abandonados y debe haber un responsable. Yo creo que este compromiso nos recuerda también los derechos de ellos”.
