Son el segmento etario que menos utiliza derechos legales de fiscalización al Estado.
El estudio “Percepción del segmento juvenil sobre derechos y deberes”, que cruza los resultados de la encuesta nacional de derechos ciudadanos con el balance de los reclamos del segmento de 18 a 30 años registrados entre mayo de 2010 y mayo de 2011 por la Comisión Defensora Ciudadana (CDC), revela que sólo el 22% de la población juvenil del país declara conocer sus derechos, mientras que un 36% dice conocer sus deberes.
Igualmente, más de la mitad (54,1%) de este segmento considera que nunca o casi nunca se respetan los derechos de las personas, y el 68,6% opina que las empresas privadas de servicios son el ámbito en que más se respetan los derechos.
Según el sondeo, el 73% asegura de la población joven haber sentido discriminación en su entorno cercano en el reciente año. Dentro del total de entrevistados por la Encuesta Nacional de Derechos, ‘ser joven’ es la tercera razón más frecuente de percepción de discriminación (15%), antecedida por “no ser alguien importante” y por “ser pobre”. Desde la ‘camionada de derechos’ hacia la ‘co-responsabilidad’
La Comisión Defensora Ciudadana informó que el segmento juvenil (18-29 años de edad) es el que menos formaliza consultas, reclamos y solicitudes en los 344 servicios públicos de la Administración Central del Estado, con sólo el 13% de los requerimientos señalados. El segmento de 30-39 años de edad, por su parte, registra 24%; el de 40-49 marca un 22%; el de 50-59 años anota un 20% y el de 60 o más años representa el 17% de los requerimientos formales al Estado.
El presidente de la CDC, Alberto Precht dijo que a través de “el segmento juvenil es evidentemente el que más utiliza Twitter, Facebook y otras plataformas sociales, y a través de ellas comprobamos que son los más dados a exteriorizar opiniones y críticas, pero esto no se traduce necesariamente en la formalización de requerimientos al Estado; o sea, el reclamo no llega a la autoridad y finalmente esa información se pierde”.
Precht agregó que “Chile cuenta hoy con leyes muy poderosas para fiscalizar a los poderes del Estado, como la Ley de Transparencia que permite acceder a información pública; la Ley de Procedimiento Administrativo que obliga una respuesta de la autoridad en plazos legales acotados; y la reciente Ley de Participación Ciudadana, que entrega nuevas herramientas de fomento de la participación de la sociedad civil. O sea, el país pasó de un modelo de sociedad en que el Estado entregaba una carretonada de derechos a la ciudadanía, hacia una relación que implica derechos y deberes de ambas partes. Uno de estos deberes ciudadanos es la fiscalización. La gente también es responsable en este nuevo modelo”.
