Más de 20 mil pescadores en riesgo por ofensiva de la industria contra nuevos registros artesanales

La disputa por la implementación del nuevo fraccionamiento pesquero escaló luego de que organizaciones de la pesca artesanal acusaran a la industria pesquera de utilizar el dictamen de la Contraloría Regional de Valparaíso para intentar impedir el ingreso de miles de nuevos armadores al Registro Pesquero Artesanal (RPA).

Frente a ello, emplazaron a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) a subsanar las observaciones formuladas por el organismo fiscalizador, pero sin invalidar la resolución que permite la incorporación de los pescadores beneficiados por la nueva legislación.

Según los datos que se conocen, de invalidarse la medida, esto afectaría  a casi 5 mil armadores lo que equivale a más de 20 mil pescadores artesanales que se quedarían sin empleo.

El conflicto se originó a partir de una presentación realizada por Felipe Sandoval Precht, en representación de Sonapesca, federación gremial que agrupa a las principales empresas de la pesca industrial del país, junto a representantes de algunas organizaciones artesanales.

A raíz de esa acción, la Contraloría concluyó que la resolución exenta N° 2.563 de Subpesca no se ajustó a derecho, debido a que la autoridad del gobierno anterior no habría realizado de consultas previas al Consejo Zonal de Pesca y al Comité de Manejo respectivo, exigidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La Contraloría ordenó a Subpesca regularizar la situación en un plazo de 15 días hábiles y señaló que deberá considerar la potestad invalidatoria establecida en el artículo 53 de la Ley N° 19.880

Consultado el ex subsecretario de Pesca del gobierno de Gabriel Boric, Julio Salas señaló que en esas alternativas está la clave: “La subsecretaría de Pesca puede efectivamente dejar sin efecto la medida, afectando a más  20 mil  pescadores artesanales de pequeña escala y generando un impacto económico en regiones muy significativo. Pero afortunadamente, al ser la observación de la Contraloría una cuestión de forma, la autoridad también podría hacer la consulta, y mantener la resolución o incluso modificarla”.

La resolución cuestionada buscaba implementar la Ley N° 21.752, que estableció un nuevo fraccionamiento de cuotas de captura en favor del sector artesanal. Para ello, permitía el ingreso al Registro Pesquero Artesanal de armadores propietarios de una o dos embarcaciones en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.

Si bien el dictamen de Contraloría apunta a un incumplimiento procedimental, las organizaciones artesanales sostienen que la industria busca aprovechar esa observación para conseguir un objetivo mayor: impedir que miles de pescadores accedan a recursos que históricamente han estado concentrados en manos del sector industrial.

“La industria pesquera chilena no quiere competencia, ni siquiera de un pequeño armador con una lancha y una familia que depende de su trabajo. Cada vez que el Estado intenta hacer efectivo el nuevo fraccionamiento, Sonapesca aparece con sus abogados a cerrar la puerta”, señalaron desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal.

Tal como señala Salas, las organizaciones recalcan que el dictamen no obliga a dejar sin efecto la incorporación de los armadores, sino que abre la posibilidad de corregir el procedimiento mediante la realización de las consultas exigidas por la normativa.

Por ello, el principal emplazamiento del sector artesanal está dirigido hoy a la autoridad pesquera. Los dirigentes piden que Subpesca subsane el defecto formal detectado por Contraloría y mantenga vigente la resolución, evitando que miles de pescadores queden excluidos del nuevo esquema de distribución de cuotas aprobado por el Congreso.

Según cifras de Sernapesca, la medida beneficiaba a 4.949 armadores distribuidos en 296 caletas de ocho regiones del país: Tarapacá (211), Atacama (317), Coquimbo (569), Valparaíso (440), Maule (275), Biobío (1.489), La Araucanía (88) y Los Lagos (1.560). El sector sostiene que detrás de esos números existen miles de familias (22 mil pescadores) que realizaron inversiones para adquirir embarcaciones y participar en pesquerías a las que antes no podían acceder.

“Lo que hizo Sonapesca ante la Contraloría es lo mismo que ha hecho en el Congreso y en cada instancia donde puede: usar su poder y sus abogados para impedir que más familias puedan vivir dignamente del mar”, afirmó el presidente de Condepp, Hernán Cortés.

A juicio de las organizaciones, la presentación ante Contraloría constituye un nuevo capítulo de una estrategia más amplia desplegada por sectores vinculados a la pesca industrial para frenar la aplicación del nuevo fraccionamiento. Recuerdan que durante la tramitación del proyecto de ley se impulsaron indicaciones para congelar la redistribución de cuotas hasta 2032, eliminar restricciones al arrastre industrial y suprimir el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal.