Los think tank no anticiparon la magnitud de los desafíos que enfrentaría un gobierno de centroderecha y no vieron la profundidad de los cambios del Estado y de la sociedad. Las encuestas del CEP no han predicho las protestas sociales, ni explican la influencia de la baja legitimación del sistema económico en el masivo rechazo a HidroAysén y en la crítica a las universidades privadas y no valoran la importancia de la política porque ven los problemas nacionales a través de la economía.
Las masivas movilizaciones contra el gobierno por HidroAysén y la educación superior, anticipadas el 2010 por las protestas de Punta Arenas, demuestran la incapacidad del ejecutivo para anticipar los conflictos sociales y para comprender la magnitud de los problemas arrastrados del pasado y los desafíos de estar en La Moneda. Prometió un cambio y una nueva forma de gobernar, pero, al cabo de un año ello no se ha producido, continuando las políticas de los gobiernos anteriores y siendo perjudicado por las debilidades de éstas, visibles en Hidroaysén, en la crisis de la educación superior y en la desregulación en el sector financiero con el escándalo de La Polar.
El oficialismo ofrece una imagen que no puede ser menos gratificante para sus votantes. Sus parlamentarios están desencantados de la gestión del gobierno. El ejecutivo, con minoría en el congreso, está peleado con la oposición. El presidente ha visto desplomada su popularidad, buscando revertirla con la ayuda de su férrea voluntad, más que con un plan de acción. La UDI se ha rebelado bajo el liderazgo del senador Pablo Longueira, reclamando por la ausencia de un “relato”, aunque sin definirlo.
La causa de todo esto se encuentra no sólo en la tozudez del presidente, como escribió The Economist, en un mal equipo ministros de La Moneda como afirman algunos parlamentarios oficialistas, o en legisladores díscolos que están aterrados por un futuro electoral adverso. También influye el trabajo desarrollado por los principales think tanks del sector en las últimas dos décadas, que se demuestra no haber entregado herramientas útiles para un gobierno del sector. Son el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), vinculado a la UDI y dirigido durante sus 20 años de existencia por Cristián Larroulet, ministro Secretario General de la Presidencia, el Instituto Libertad, dirigido durante un tiempo por María Luisa Brahm, jefa de los asesores del “segundo piso” del mandatario, y el Centro de Estudios Públicos (CEP) dirigido desde su fundación en 1980 por Arturo Fontaine T., sin cargos en La Moneda, aunque varios consejeros e investigadores colaboran con el gobierno.
LyD y el CEP fueron los más activos e influyentes. LyD se concentró en el apoyo al trabajo legislativo de RN y la UDI y negoció los proyectos de leyes con ministros de los gobiernos de la Concertación. El CEP, que expresó los intereses de los grandes empresarios que lo financiaron, buscó ser el principal centro de pensamiento de la derecha e influir en la acción del gobierno a través de una relación directa con éste y ante la opinión pública mediante “la encuesta CEP”, esperada por dirigentes y parlamentarios de los partidos, incluso de la Concertación, para tomar decisiones políticas y electorales.
Las negociaciones de ambas instituciones con los gobiernos de la Concertación fueron provechosas para el sector, logrando que algunas de sus principales ideas fueran asumidas por éstos, como los fuertes estímulos al sector empresarial y bloquearon las que rechazaban, como las iniciativas para fortalecer los derechos de los trabajadores y los partidos. Durante el gobierno Bachelet, ambos centros trabajaron estrechamente con Cieplan y ProjectAmérica, vinculados a la Concertación, en proyectos financiados por el PNUD, sobre reformas políticas, logrando detener la eliminación del binominal y el financiamiento de los partidos.
LyD y el CEP están muy involucrados en el gobierno. Su portavoz, Ena von Baer, dirigió el programa político de LyD y la directora de la poderosa Dirección de Presupuestos, Rossana Costa, fue subdirectora de LyD. Varios investigadores de LyD trabajan en los ministerios y servicios públicos. Felipe Larraín, ministro de Hacienda, fue consejero del CEP y entre sus principales asesores está Salvador Valdés, que dirigió los proyectos de financiamiento de la política y modernización del Estado. Harald Bayer, antiguo investigador del CEP, se mantiene en éste y asesora a varios ministros. Rodrigo Vergara, también del CEP, es consejero del Banco Central.
[cita]LyD y el CEP no han criticado los abusos del poder económico con un Estado débil, que tiene una puerta giratoria que permite a ex ministros y altos funcionarios pasar a colaborar con grandes empresas o grupos económicos como directores, asesores o lobistas tan pronto abandonan el gobierno. El deficiente desempeño de los ministros que vienen del sector privado confirma cuán complejo es dirigir el Estado desde la óptica empresarial.[/cita]
LyD y el CEP compartieron una adhesión a las reformas económicas del régimen militar y a sus ideas neoliberales. Los padres fundadores del modelo neoliberal, los ex ministros Sergio de Castro y Pablo Baraona, son consejeros del CEP; Carlos Cáceres y Hernán Büchi, que siguieron en la cartera de Hacienda, son consejeros de LyD. Los directivos y consejeros de ambos think tank admiran a Friedrich v. Hayek, premio Nóbel de Economía, que fue presidente honorario del CEP. De ahí que predominó en ambos centros el interés por los temas económicos y desde una perspectiva neoliberal, convencidos que el crecimiento lleva al desarrollo político. Sostuvieron, además, la necesidad de profundizar las reformas económicas para aumentar la autonomía de las empresas y mantener un “Estado mínimo”, amenazado por políticos guiados por pequeños intereses. Es una visión ideológica, que ve los problemas sólo en el Estado y no en el mercado y en las grandes empresas y grupos económicos, como han criticado a Hayek distinguidos pensadores liberales.
Este sesgo neoliberal explica que LyD y el CEP descuidaran el examen del sistema político. No buscaron la modernización de la administración pública porque ello conduciría al fortalecimiento del Estado, sino que apoyaron una reforma cupular, con la creación del Servicio Civil, con normas para designar a los directivos de entidades públicas a través de la alta dirección pública. No han criticado los abusos del poder económico con un Estado débil, que tiene una puerta giratoria que permite a ex ministros y altos funcionarios pasar a colaborar con grandes empresas o grupos económicos como directores, asesores o lobistas tan pronto abandonan el gobierno. El deficiente desempeño de los ministros que vienen del sector privado confirma cuán complejo es dirigir el Estado desde la óptica empresarial.
Los think tank no anticiparon la magnitud de los desafíos que enfrentaría un gobierno de centroderecha y no vieron la profundidad de los cambios del Estado y de la sociedad. Las encuestas del CEP no han predicho las protestas sociales, ni explican la influencia de la baja legitimación del sistema económico en el masivo rechazo a HidroAysén y en la crítica a las universidades privadas y no valoran la importancia de la política porque ven los problemas nacionales a través de la economía.
El gobierno tiene graves falencias personales e institucionales y carece de instancias de pensamiento que le ayuden a evaluar la situación y fijar nuevas orientaciones estratégicas. LyD es muy crítico de las políticas del gobierno y el CEP está enmudecido, sin comprender lo que ocurre. No le será fácil al ejecutivo salir de esta situación. En cualquier alternativa, no podrá evitar tener que negociar con la oposición en el Congreso y no a través de negociaciones cupulares con think tank de la Concertación, comprometidos con políticas impulsadas en las anteriores administraciones que son hoy cuestionadas por amplios sectores de la población.
