El próximo jueves, la reunión plenaria del Consejo de Rectores podría ser clave para alcanzar un acuerdo entre las autoridades de los planteles y el gobierno en beneficio de una reforma al sector. Sin embargo, el vicepresidente de la entidad que los agrupa y rector de la Universidad de Chile lidera la disidencia. Hay quienes dicen que su voto es fundamental para el Gobierno; mientras otros acusan una “agenda propia”.
El lunes pasado, en carta a El Mercurio, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, escribió su propio punto final: mayor transparencia, fiscalización –por medio de una Superintendencia–, aportes basales permanentes para las universidades estatales y más y mejores ayudas a los estudiantes. Tres días antes de que el Consejo de Rectores (Cruch) se reúna de nuevo en una cita clave con el Ministro de Educación, la opinión de Pérez en el diario fue un portazo.
Ninguno de los puntos mencionados por la autoridad de la U. de Chile están en la propuesta del Gobierno que iba a ser firmada el jueves pasado por gran parte de las universidades del Consejo, y en el que finalmente se debió echar pie atrás. Formalmente, se comunicó que faltaba afinar plazos para el envío de las leyes del sector. Sin embargo, uno de los participantes en la cita señala que pesó la negativa de Pérez, quien desde el primer momento rechazó la propuesta del Ejecutivo por no incluir los puntos que él considera fundamentales.
Por eso, la reunión clave será este jueves y en ella se podría firmar un acuerdo final entre el Gobierno y los rectores en el marco de una reforma a la educación superior.
“Para el gobierno es muy importante la firma de Pérez. No les da lo mismo porque finalmente es la universidad más importante y centenaria”, cuenta quien ha seguido las negociaciones de cerca y que, además, recalca que la intención del Gobierno es poder obtener una aprobación unánime. Otro punto importante es que Pérez cuenta con la cercanía de los estudiantes. De hecho, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, es una de las dirigentes que ha liderado el movimiento de descontento y cierra filas con el rector. “Lo que diga la Universidad de Chile no es sólo importante para el Cruch, también para el Ministerio y la opinión pública en general”, señala y suma que los rectores no pueden tomar una decisión a espaldas de la ciudadanía y los estudiantes, que es desde donde se gestó el movimiento. Todo eso ayuda a Pérez a quedar bien parado frente al ojo más crítico: los alumnos.
[cita]“Algunos rectores tienen la sensación de que no le importa lo que pase con las universidades de regiones y sólo vela por su universidad, porque también tiene que responder a su propia comunidad”, señala una fuente cercana a las negociaciones.[/cita]
Lo mismo pasa con la comunidad académica. “Consideramos insuficientes las propuestas del gobierno y respaldamos de manera mayoritaria al rector. Los problemas de la educación superior son estructurales y requieren soluciones de fondo. Independientemente de los plazos propuestos, continuaremos promoviendo un acuerdo en función de nuestras propuestas, que son justas y legítimas. Sin embargo, siempre estaremos dispuestos a lograr acuerdos que permitan avanzar a una situación mejor que la actual”, dice Cecilia Sepúlveda, decana de la Facultad de Medicina.
Fue la misma figura de Pérez, la que creó el mayor punto de tensión en la reunión realizada el pasado jueves en las oficinas del Mineduc. “El punto neurálgico fue cuando el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, dijo que se entendía que los que no firmaban no tenía derechos… algunos rectores lo interpretaron como una presión y expresaron su descontento por la forma”, cuenta uno de los asistentes a la cita, quien suma datos: “Amenazar a la Chile con esto es querer aumentar el conflicto con académicos y funcionarios”.
A pesar del apoyo que despierta la figura de Víctor Pérez en los estudiantes y la comunidad académica, también hay quienes creen que el rector se maneja con una brújula distinta que el resto y hay quienes piensan que la posición “inflexible” de la autoridad de la Casa de Bello, se debe a que no ha mirado hacia al lado. “Algunos rectores tienen la sensación de que no le importa lo que pase con las universidades de regiones y sólo vela por su universidad, porque también tiene que responder a su propia comunidad”, señala una fuente cercana a las negociaciones.
“Molestó también que saliera por la prensa, días antes de la reunión del jueves pasado anunciando su posición. Todos estamos tratando de avanzar en el diálogo para sacar un proyecto adelante”, cuenta otro académico que ha seguido de cerca estas conversaciones.
Tampoco cayó bien la reunión que sostuvo con Cristian Larroulet, en la que el ministro secretario general de la Presidencia ofreció acelerar la tramitación de la “ley del lobby”, que regula las actividades de los establecimientos privados de educación. “Uno no sabe si va con sus planteamientos y su propia agenda o como vicepresidente del Cruch”, sostuvo otra fuente del sector.
De hecho, éste es uno de los temas que iba a estar la tarde de ayer sobre la mesa de un céntrico restaurante capitalino donde se dieron cita un grupo de rectores para tratar el acuerdo con el gobierno antes de que llegue la reunión plenaria del Cruch el próximo jueves. Ese día, además, se realizará otra protesta masiva por la educación.
Todo esto se da en el marco del rechazo de los estudiantes a la propuesta del gobierno que incluye US 217 millones para los planteles, de los cuales US 75 millones estarían destinados a becas y fondos estudiantiles.
“No estamos pidiendo unos pesos más ni unos pesos menos para la educación superior, sino una reforma mucho más sistémica y profunda y las medidas que hemos planteado son las bases para eso”, dijo el lunes Camila Vallejo, quien de esta forma cerró la puerta a la propuesta del Gobierno.
