El quiebre de las conversaciones entre los universitarios y el gobierno se origina «por las declaraciones del presidente (Sebastián) Piñera contra la gratuidad en la educación; la «ley maldita del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter» y la suspensión de becas en algunas universidades», según declaró Camila Vallejo.
Los líderes de los estudiantes reunidos en la ciudad de Valdivia ratificaron la noche del sábado que no continuarán en la mesa de diálogo con el gobierno y convocaron a una doble jornada de movilización para los próximos 18 y 19 de octubre.
El pasado miércoles, los estudiantes, que llevan casi cinco meses movilizados en pro de una enseñanza gratuita y de calidad, rompieron el diálogo que mantenían con el Ejecutivo, al que acusaron de intransigente en el tema de la gratuidad.
Pese a ello, este sábado se habían reunido en Valdivia para intentar volver a sentarse con el Ejecutivo sin embargo, las universidades tradicionales que conforman la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), rechazaron esta posibilidad.
La líder de los estudiantes, Camila Vallejo, afirmó en rueda de prensa que la ruptura se origina «por las declaraciones del presidente (Sebastián) Piñera contra la gratuidad en la educación; la «ley maldita del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter» y la suspensión de becas en algunas universidades».
Recalcó que con esa postura el gobierno siempre buscó que este diálogo no llegara a buen puerto al colocar sobre la mesa una propuesta que ya ha sido rechazada por el movimiento educacional.
Este viernes, el gobierno descartó hacer una nueva propuesta al movimiento estudiantil, tras la ruptura del diálogo que buscaba una solución a las movilizaciones, «La postura del gobierno ya está clara», enfatizó el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
El Ejecutivo ha descartado la demanda estudiantil de una enseñanza gratuita para todos, con el argumento de que supone que los pobres financiarían la educación de los ricos.
En cambio, ha propuesto aumentos sustantivos de becas para los alumnos de sectores pobres y clase media baja, lo que ha sido rechazado por los estudiantes, pues a su juicio no significa cambio alguno en el sistema educativo.
Vallejo sostuvo durante la noche que «no estamos diciendo que los pobres financien a los ricos, sino que los ricos, el 5 % de la población chilena, debe financiar la educación mediante una reforma tributaria».
Asimismo, la líder de los estudiantes señaló que rechazan tajantemente la «ley maldita» anunciada por Hinzpeter y el presidente Sebastián Piñera que crea el delito de saqueo y castiga con hasta tres años de cárcel las tomas de colegios.
El dirigente de la Universidad Arturo Prat, David Urrea, que también participó de la rueda de prensa reiteró la convocatoria a un paro nacional para el 18 y 19 de octubre, junto a la Central Unitaria de Trabajadores y llamó a los estudiantes a seguir movilizados.
«Llamo a radicalizar la movilización y a prepararse para tiempos difíciles», anticipó Urrea que junto a Vallejo y otros dirigentes exhibieron imágenes de jóvenes heridos por Carabineros en la frustrada marcha en Santiago del pasado jueves, las que enviarán junto a un informe a organismos internacionales de derechos humanos.
Este sábado, el gobierno aseguró que «se terminó» la anarquía en Chile, «que un encapuchado pueda hacer o deshacer en las calles», tras los graves disturbios ocurridos el jueves en las manifestaciones de estudiantes en la capital chilena y en otras ciudades.
«Se terminó aquello de que un encapuchado cree que puede hacer y deshacer, puede enfrentar, escupir y lanzar piedras o bombas molotov a un carabinero; que puede apedrear un local comercial, poner barricadas en cualquier momento o en cualquier calle o buscar incendiar autos», declaró el ministro portavoz Andrés Chadwick en el Palacio de La Moneda.
El ministro portavoz dijo que el gobierno va a cumplir su responsabilidad de mantener el orden público. «Que la ley se aplique, que no exista impunidad y que los tribunales tengan y dispongan de las herramientas legales», acotó.
Movilizados desde mediados de mayo, los estudiantes solicitan al gobierno que se congele el envío al Congreso de proyectos de ley relativos a la educación, que se asegure la transparencia en el diálogo y que no se otorguen recursos públicos a las instituciones que lucran con la enseñanza.
