El Consejo de Defensa del Estado señaló, a través de un oficio enviado al Instituto de Previsión Social, que en 52 de los cerca de 250 casos que le hiciera existe la opción de dejar sin efecto los beneficios previsionales derivados de la condición.
Como una muy buena noticia que ratifica la seriedad de las denuncias acerca de la calificación irregular de exonerados políticos, consideró el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el oficio que ayer envió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al Instituto de Previsión Social (IPS).
“Queda claro, primero, que las denuncias que se hicieron son correctas: hay gente que está recibiendo el beneficio de exonerado y que, de acuerdo a la normativa, no corresponde que lo reciba. En segundo lugar, cuando participa el CDE en el análisis de los antecedentes, se separa toda la crítica que se hace por parte de algunos parlamentarios en el sentido de que aquí hay una instrumentalización política. La Subsecretaría del Interior ha sido muy seria en el trabajo que se ha realizado, entregándole los antecedentes a las instancias que corresponden, como el CDE, para que ellos sean los que evalúen y propongan los caminos de acción”, explicó Ubilla.
El aludido texto manifiesta que de los antecedentes que le entregara la Subsecretaría del Interior el 26 de octubre pasado se detectaron 52 casos en los que es posible, usando las atribuciones de esa repartición (IPS), dejar sin efecto los beneficios previsionales.
El oficio del CDE señala que el artículo 4° de la ley 19.260, en su inciso tercero y siguiente, se refiere a los plazos de revisión de las pensiones a partir de su fecha de otorgamiento, estableciendo que se pueden revisar las pensiones otorgadas dentro del plazo de tres años contados desde el otorgamiento del beneficio o del respectivo reajuste.
El subsecretario del Interior explicó que se coordinará con el IPS el ejercicio de tales facultades, con estricto apego a la legalidad, con el fin de evitar que los abusos en el otorgamiento de pensiones continúen ejecutándose en perjuicio del Estado.
Ubilla agregó que la información entregada por el CDE implica que la diferencia entre los cerca de 250 expedientes que presentó la Subsecretaría del Interior y los 52 en que ellos detectaron que es posible dejar sin efecto el pago del beneficio, se explica por la antigüedad de los expedientes.
Según precisó “esos otros beneficios no podrían revocarse por la vía administrativa, sino que por caminos judiciales. En ese sentido estamos satisfechos con lo expresado por el CDE y nuestro compromiso, tal como lo dijimos en la Cámara de Diputados, es continuar revisando los antecedentes para entregar al mismo CDE los expedientes que amerite”, sostuvo.
