En medio de las duras críticas que el gobierno ha realizado a la labor de los fiscales, el rechazo del Juzgado de Garantía de Colina a realizar un procedimiento simplificado -que se aplica a delitos leves- en el caso por cohecho contra el edil Mario Olavarría, se lee como un nuevo cuestionamiento al organismo encargado de dirigir la investigación de los delitos. Según el Juzgado, dada la “naturaleza, gravedad, complejidad y carácter reiterado” de los hechos la decisión de la Fiscalía no se justifica. En junio pasado la Corte de Apelaciones ya había asestado un duro revés a un acuerdo que el Ministerio Público había alcanzado en este caso, obligándolo a reabrir la causa.
Las ácidas críticas que el Gobierno y especialmente el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha realizado a la labor del Ministerio Público en las últimas semanas podrían enfrentar un nuevo flanco: esta vez desde Colina.
Esto porque el pasado viernes el Juzgado de Garantía de dicha comuna declaró inadmisible el requerimiento realizado por la Fiscalía Centro Norte para realizar un procedimiento simplificado -que se aplica a delitos leves y que sólo acarrea penas de multa y prisión de hasta 60 días- en el caso contra el alcalde Mario Olavarría (UDI), su ex jefe de gabinete, Domingo Soto y el agente inmobiliario Nabil Mansour.
Las acusaciones de cohecho que complican a Olavarría, se iniciaron luego de que se constatara el pago de millonarios depósitos que provendrían de “coimas” para obtener la autorización de la instalación de un supermercado Tottus -ligado al clan Solari- en terrenos municipales. La historia se remonta a enero de 2006, cuando el alcalde y su entonces jefe de gabinete solicitaron UF 6.000 al vicepresidente ejecutivo de Tottus, Francisco Leyton, para asegurar los permisos para arribar a la comuna, lo que sucedió un año más tarde. El pago se realizó a través de Mansour, que actuó como intermediario y que transfirió el dinero a Soto, quien de manera fraccionada fue entregando los montos al edil.
Los hechos son contundentes. Por eso la resolución del Juzgado de Garantía es interpretada como una señal negativa para el Ministerio Público, ya que cuestiona la decisión del fiscal Adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Mauricio Vergara, de impulsar un procedimiento simplificado. Según concluye el Juzgado, este tipo de procedimiento “opera como un mecanismo de descongestión del sistema al llevar el asunto a procedimientos más simples, más rápidos y menos complejos en razón de la menor gravedad de los hechos, cuestión que, a todas luces, no es aplicable a la naturaleza, gravedad, complejidad y carácter reiterado de los delitos materia de este procedimiento”.
[cita]El fallo cita la inédita resolución judicial por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago que en junio pasado obligó a reabrir la causa contra el alcalde Olavarría, a instancias del Consejo de Defensa del Estado (CDE), revocando la suspensión condicional pactada con el Ministerio Público, que libraba al edil y a los otros implicados de enfrentar un juicio por cohecho y soborno a cambio de reintegrar al municipio más de $100 millones. Para la Corte los hechos eran demasiado “graves y reiterados” como para aceptar un arreglo de este tipo.[/cita]
Además, el fallo cita la inédita resolución judicial por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago que en junio pasado obligó a reabrir la causa contra el alcalde Olavarría, a instancias del Consejo de Defensa del Estado (CDE), revocando la suspensión condicional pactada con el Ministerio Público, que libraba al edil y a los otros implicados de enfrentar un juicio por cohecho y soborno a cambio de reintegrar al municipio más de $100 millones. Para la Corte los hechos eran demasiado “graves y reiterados” como para aceptar un arreglo de este tipo.
Todos los acusados, a excepción del vicepresidente ejecutivo de Tottus, Francisco Leyton, continuaron siendo investigados. En el caso de Leyton, al que se le acusaba de soborno, el CDE no apeló, ya que consideró que este era un delito menor.
Según el ex concejal de Colina y también querellante, Nicolás Pavez, “es impresentable el acuerdo que revocó la Corte en junio pasado. Y más impresentable aún que después de ese fallo el Ministerio Público acuse por una condena mínima un delito de esta gravedad”.
El abogado argumenta que “en una causa que se ha investigado por casi cinco años, que además lleva más de dos años de formalización, con 11 tomos, que el Ministerio Público quiera formalizar por la condena más baja que establece la ley me parece inexplicable. Por eso la decisión del juez es completamente atingente”.
Durante esta semana la Fiscalía presentará una reposición ante el Juzgado, solicitando nuevamente un procedimiento simplificado. En caso de que se rechace nuevamente, planean acudir inmediatamente a la Corte de Apelaciones.
El escenario es complejo para Olavarría, ya que un caso abreviado implica que debe reconocer su culpabilidad, lo que a un año de las elecciones municipales sería una pésima jugada. Por otro lado si se resuelve un juicio oral este tendrá una gran connotación pública.
Consultado al respecto, el abogado representante del edil, Matías Balmaceda, declinó referirse “mientras no esté resuelto definitivamente el tema en tribunales”.
