«Nos encontramos ante una medida ilegal y arbitraria, que atenta gravemente con la presunción de inocencia que le asiste a toda persona», sostuvo la ONG Justa Causa. Además, apuntaron a que la situación antes descrita «nos ubica en la peligrosa hipótesis de presumir que quienes no cuenten con un vehículo para ingresar a dicho condominio, se les presume o delincuentes o facilitadores de dichos eventuales delitos».
El Condominio el Algarrobal 2, ubicado en el sector de Chicureo establece en las normas de ingreso a sus dependencias la prohibición de ingresar a pie a los trabajadores, jardineros y trabajadoras de casa particular, indicando textualmente por parte de la administración: «que la medida ha sido instaurada para evitar que las personas que laboran temporalmente en las casas, como nanas, jardineros y obreros, cometan robos o entreguen información relevante acerca de la privacidad de otros vecinos del condominio mientras se dirijan a la casa donde dicen trabajar«.
Así lo informó la ONG Justa Causa por medio de su abogado Nicolas Pavez Cuevas, quien ha señalado que presentarán un recurso de protección los próximos días con el objeto de dejar sin efecto la norma del condominio. «Nos encontramos ante una medida ilegal y arbitraria, que atenta gravemente con la presunción de inocencia que le asiste a toda persona», sostiene.
El condominio ha señalado como parte de su argumentación «…que son viviendas de muy alto costo y con bienes muebles de gran valor en su interior, los que son totalmente apetecidos o de interés de los delincuentes, lo que es de público conocimiento; que el 90% de los delitos a la propiedad privada, esto es robo de especies al interior de inmuebles, tienen su origen en datos o antecedentes o información proporcionados a los delincuentes por personal que ha laborado o labora en el inmueble o derechamente cuenta con la complicidad del personal...»
«La situación antes descrita nos ubica en la peligrosa hipótesis de presumir que quienes no cuenten con un vehículo para ingresar a dicho condominio, se les presume o delincuentes o «facilitadores» de dichos eventuales delitos. Dicha normativa constituye una grave vulneración a las garantías constitucionales de la «igualdad ante la ley», «derecho al trabajo», sin perjuicio de atentar contra nutrida legislación en materia de normas nacionales e internacinales contra toda forma de discriminación», agrega la ONG.
