Escudo fronterizo de Kast: contrabandistas atacan a balazos a patrulla del Ejército

¡El ventarrón casi nos vuela la edición! Así fue el cierre, con corte de energía incluido, producto del ventarrón que azotó la costa y los valles de la región la noche del domingo. Aun así, la contingencia climática no pudo con el cierre del Carnaval de Sabores, evento gastronómico que culminó con la cantautora Javiera Parra en el escenario, mientras la ventolera mecía los focos y los árboles del Parque Centenario pasadas las 22 horas.

En Arica cayeron árboles y letreros publicitarios sobre vehículos y, nuevamente, las nevazones obligaron a cerrar temporalmente los controles fronterizos de Chungará y Visviri, en el altiplano. Y aunque hasta muy tarde apoderados y diputados de oposición pedían la suspensión de las clases ante la incertidumbre sobre el estado de los colegios, el Gobierno recién salió a la 01:30 de la madrugada de ayer con un afiche informativo y un video del delegado presidencial Cristian Sayes anunciando que la jornada escolar se mantenía sin variaciones.

Raro fue “el despliegue” del Gobierno esta vez. Solo salió a la calle el gobernador regional Diego Paco (RN), quien emplazó a las autoridades a tomar decisiones y pidió decretar la suspensión de clases. Sin embargo, no fue escuchado, por más vueltas que dio por la ciudad advirtiendo que había cierto temor entre la ciudadanía. Al parecer, la autoridad está algo molesta con el estilo relajado del Gabinete Regional del Presidente José Antonio Kast, donde los silencios comunicacionales y la ausencia de despliegue en terreno parecen ser la tónica. Como dijo un seremi: “Nada es tan grave como parece, yo creo que en el mundo público le ponen mucho color”.

Como dijimos en la edición anterior, la inestabilidad climática será la tónica durante estas semanas, así que a aprontarse a arreglar los techos y tengan a mano baterías, generadores y pilas, porque los cortes de energía llegaron para quedarse y la respuesta de la compañía CGE no es precisamente de las más rápidas. Vamos ahora con el resumen de la edición, antes de que todo se vuele con tanto ventarrón…

• La primerísima nota se refiere a la balacera en el frente norte costero que puso a prueba el Escudo Fronterizo del Presidente José Antonio Kast. Un grupo de contrabandistas huyó hacia Arica luego de disparar contra una patrulla militar, tras ser sorprendido intentando salir de Chile por un paso no habilitado hacia Perú.
• En segundo lugar, incluimos el revés que sufrió la Fiscalía Regional en el caso de corrupción en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara su propuesta de “salvar” a dos consultores de ser condenados a penas de cárcel, ofreciéndoles una suspensión condicional del procedimiento a cambio de donaciones a fundaciones.
• También abordamos en esta edición la decisión de la Contraloría Regional de la República de iniciar un sumario en contra de la Delegación Presidencial Regional y el Servicio de Salud, por anomalías detectadas en el retiro de 576 toneladas de precursores químicos abandonados en el Puerto de Arica.
• Y cerramos informando que la Fiscalía de Tacna decidió dejar en libertad a Ricardo Vargas Pizarro, hermano del alcalde de Arica, mientras continúa la investigación por el delito de tráfico de migrantes, luego de que fuera detenido por la Policía Nacional del Perú en el control fronterizo peruano de Santa Rosa junto a tres migrantes.

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Contrabandistas son repelidos a balazos por el Ejército, pero logran huir

Crédito imagen: cedida.

El segundo incidente de gravedad experimentó en la región el Escudo Fronterizo dispuesto por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en el límite con Bolivia y Perú, para frenar la inmigración ilegal, el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado. El jueves por la noche, en el frente costero norte, personal del Ejército debió repeler a balazos a unos sujetos que viajaban con carga en dos camionetas y que pretendían cruzar a Perú por el Hito 16, donde no existe la zanja de 10 kilómetros, cuya construcción terminó en julio pasado.

Este enfrentamiento se suma a otro ocurrido el 18 de mayo en el sector bifronterizo de Laguna Blanca. Allí falleció el conductor peruano Óscar Paredes Carita (28), tras recibir un disparo de un carabinero, al intentar atropellar al policía luego de negarse a atender la orden de detenerse, mientras huía haciendo de escolta de dos camiones cargados con mercancías de contrabando.

• Paradójicamente, el chofer había cumplido el 8 de mayo una pena por otro caso de contrabando, por el cual había sido condenado el 11 de febrero de 2025 por el Tribunal Oral en lo Penal a 400 días de presidio remitido y una multa de $900.000. Esto, luego de que el 15 de junio de 2022 fuera sorprendido con un cargamento de diversos alimentos ingresados ilegalmente por la Ruta Internacional 11 Ch que va a Bolivia, que fue avaluado en casi $13 millones.

• Lo insólito es que ahora fallecido, Paredes Carita sigue siendo requerido por otras causas penales. La última es una correspondiente al delito de conducción en estado de ebriedad, hecho ocurrido el 18 de enero de este año y para cuya formalización fue fijada una audiencia el 16 de octubre. En su historial penal, también figuraba una detención el 1 de junio de 2022 en la Ruta Internacional 11 Ch con mercancías de contrabando por $29 millones y otra con un cargamento de paltas, ocurrida el 5 de agosto de 2023 en la Ruta A-23 del sector Pacollo. En ambos casos, finalmente, el Ministerio Público decidió no perseverar en la acción penal. Asimismo, aparece otra del 10 de febrero de 2023 cuando fue aprehendido con una tonelada de paltas por un valor de $3,4 millones, en cuyo proceso nunca pudo ser formalizado ya que se encontraba prófugo.

El extranjero continuó su escalada delictiva, ya que el 19 de enero de 2024, nuevamente fue detenido en la Ruta A-23 con ocho migrantes dominicanos y un cargamento de poleras de un equipo de fútbol, que fue avaluado en $ 13,8 millones. Por este proceso también se encontraba prófugo y ahora la Fiscalía decidió pedir su sobreseimiento al constatar su fallecimiento.

Armas y vehículo con cobre y ropas

El viernes pasado, el Ejército confirmó el incidente ocurrido la noche anterior, al señalar que “personal militar desplegado en la zona, detectó dos vehículos intentando salir del país por un paso no habilitado. En el contexto del procedimiento de control se registraron disparos provenientes de uno de los dos vehículos que intentaba salir, ante lo cual el personal militar adoptó las medidas de seguridad y los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, haciendo uso de su armamento y no existiendo personal militar herido”.

Sobre esta situación, el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado reconoció que, por segunda vez en el año, es sometido a prueba el Escudo Fronterizo: “Hay que destacar que estas dos camionetas que intentaron salir por el Hito 16 en Pampa Concordia, no pudieron hacerlo porque se enfrentaron con el check point del Ejército que funciona las 24 horas. En el sector no está la zanja física, pero hay medidas de contramovilidad. Esto revela que en la frontera hay presencia del Estado y se lo van a pensar dos veces si intentan salir con contrabando”.

La autoridad dijo que los conductores de los móviles no se detuvieron cuando el personal militar les ordenó hacerlo, “y fueron ellos los que iniciaron los disparos, por lo que haciendo uso de sus facultades, el Ejército repelió esta acción. Los sujetos dejaron un vehículo abandonado y el otro con los ocupantes del vehículo abandonado huyó hacia la ciudad de Arica”.

Respecto de lo que tenía en su interior el móvil abandonado en la pampa desértica, Sayes confirmó que portaba cobre y ropa. Asimismo, reveló que el vehículo tenía una denuncia por robo, la cual había sido interpuesta 40 minutos antes de ser pesquisado en la frontera, “por lo que hay todo un análisis de la situación, dado que la carga que portaba era bastante pesada y no pudo ser cargada en tan escaso tiempo”.

El hecho más preocupante para el delegado presidencial es la presencia de armas en los contrabandistas: “Lo que nos revela es un cambio en el perfil de estas personas, las cuales antes solo se movilizaban con sus bultos por la frontera. Lo que sucedió ahora nos habla de hechos con mayor sofisticación y que no se trata de matuteros simples, más bien, se trata de bandas organizadas para el robo de cobre y que antes lo sacaban por Antofagasta e Iquique. Lo que se advierte es que están buscando otras rutas para llegar a los puertos peruanos y están intentando hacerlo por esta frontera donde tenemos un sistema mixto de tecnología, infraestructura y personal capacitado para identificarlos y detenerlos”.

Caso Bienes Nacionales: CDE revierte suspensiones condicionales concedidas a dos consultores acusados de 16 sobornos

Crédito imagen: El Mostrador.

Un revés tuvo la decisión adoptada por la Fiscalía Regional del Ministerio Público de no someter a juicio oral a dos de los consultores acusados de 16 sobornos, asociación delictiva y tráfico de influencias, en el caso de corrupción pública ocurrido en la gestión de arriendos y asignaciones de predios fiscales en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

• A través de un recurso de apelación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) logró revertir esta decisión en la Corte de Apelaciones de Arica. El tribunal de alzada determinó que el ingeniero agrónomo Carlos Valdera Medina y el cartógrafo y jefe de Catastro de la Seremi de BB.NN. hasta el 2021, Carlos Falcón Arredondo, no podían acceder a la suspensión condicional del procedimiento, dado que las condenas a las que se exponían superaban el máximo de tres años de presidio.

El fallo señaló que “adoleciendo la resolución en alzada de motivación respecto de la petición presentada por la parte querellante, pues ninguna consideración se efectuó al respecto, incumpliendo el deber previsto en el artículo 36 del Código Procesal Penal, SE REVOCA la resolución apelada de 5 de agosto del año en curso… y en su lugar se declara que un juez no inhabilitado cite a nueva audiencia y resuelva conforme el mérito de la misma, observando el deber de legal aludido”.

• En rigor, la Corte determinó que la sentencia emitida por la jueza de Garantía, Macarena Calas, que favoreció a Valdera y Falcón, no cumplió con la fundamentación mínima que prevé el artículo 36 el Código Procesal Penal y que señala que “será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación”.

En la sentencia, la ministra subrogante del tribunal de alzada, Sara Pizarro, fue la más crítica, al incluir un voto de prevención indicando que era necesario revocar la resolución, “teniendo, además, presente que del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida omitió el análisis de la prognosis de pena, a la luz de la concurrencia de posibles atenuantes y el descarte de la hipótesis normativa que indica la apelante, amén de la reiteración del artículo 351 inciso segundo del Código Adjetivo”.

Lo que puso en la mesa la magistrada fue el nulo análisis del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía respecto de que los dos acusados tenían varios delitos de sobornos y que, a raíz de ello, no eran merecedores de un beneficio, ya que el Código Procesal Penal establece que “en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados“.

Es más, tampoco repararon en que en la acusación presentada, la fiscal Paulina Brito decidió no solicitar penas corporales para ambos en los reiterados sobornos y solo requirió la sanción de inhabilidad absoluta por 10 años para ejercer cargo u oficio público y multas. Esto fue impugnado por el CDE, indicando que la Fiscalía en dos casos similares que llevó a juicio abreviado, extrañamente sí decidió pedir penas corporales por la reiteración del delito de cohecho y que sancionó en un juicio abreviado el mismo 5 de agosto.

Extracto de la acusación del Ministerio Público.

De esta manera, quedó sin efecto el acuerdo entre la Fiscalía y los acusados, que consideraba la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento, mecanismo que evitaría que sus antecedentes penales quedaran con una condena. La oferta fue concedida a cambio de que ambos fijaran un domicilio por tres años ante el Ministerio Público; hicieran sendas donaciones de $2.000.000 a las fundaciones “Agrupación de Menores con Discapacidad de Parálisis Cerebral” y “Arica Down”; y la inhabilidad para cargos u oficios públicos por tres años.

Ambos acusados deberán ser incluidos junto a otros ocho imputados dentro de la nómina que deberá enfrentar un juicio oral próximamente. El próximo 5 de octubre será la audiencia preparatoria del juicio oral, en el que están incluidos la consultora e ingeniera agrónoma, Carolina Cuadra Oliveros; la exencargada de Arriendos, Carolina Rodríguez Quezada; el extopógrafo, Christopher Malebrán Hidalgo; la exencargada de Planificación y Presupuesto y representante gremial en ese servicio, Claudia Órdenes Bravo; el exfiscalizador y tasador, el arquitecto Claudio Martínez Villalobos; el exanalista de Enajenaciones y abogado, Franklin Flores Flores; el exencargado de Catastro y geógrafo, Rodrigo Calabrán Toro; y el exasistente administrativo, Sigfredo González Portilla.

Contraloría ordena sumario por abandono de precursores químicos en el Puerto y cuestionado trato directo para su traslado

Crédito imagen: cedida.

Desde 2022, Aquí Arica le ha seguido la pista a las 576 toneladas de acetato de etilo almacenadas en 36 contenedores en el Puerto de Arica, primero por la demora en su retiro y destrucción y luego por la fallida operación para trasladarlas. Finalmente, tras una fiscalización iniciada en octubre del año pasado a raíz de una denuncia del exsenador José Durana Semir (UDI), la Contraloría Regional de la República ordenó instruir un sumario administrativo por diversas irregularidades en el procedimiento de eliminación de estas mercancías, que involucran a la Delegación Presidencial Regional, el Servicio de Salud, la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) y otros organismos públicos.

La decisión está contenida en las conclusiones del Informe Final de Investigación Especial N° 723, que indagó las medidas de seguridad, resguardo y posterior eliminación de las sustancias químicas incautadas en el terminal marítimo durante la Operación Etilox, realizada por la Fiscalía Local de Alto Hospicio y la PDI en diciembre de 2022. El cargamento tenía como destino Bolivia, donde, según los antecedentes de la investigación, sería utilizado para la fabricación de cocaína.

La fiscalización detectó las siguientes irregularidades en la actuación de los organismos que integraron la mesa pública conformada en agosto de 2024 para gestionar este problema:

• Empresas sin inscripción para operar con sustancias químicas controladas. Las compñías que participaron en el traslado y en el inicio del tratamiento del acetato de etilo en la Región de Antofagasta, en octubre de 2025, no estaban inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, administrado por el Ministerio del Interior.

• Irregularidades en la contratación. La Contraloría constató una demora en la formalización de la contratación y en la solicitud de financiamiento, además de incumplimientos de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas por parte de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, que adjudicó mediante trato directo a Ambipar Response Chile SpA un contrato por $474.052.474..

• Incumplimientos en el traslado y almacenamiento. Se detectaron irregularidades en el traslado de la sustancia desde el Puerto de Arica hasta la Región de Antofagasta. Además, la planta de Cosemar S.A. –empresa subcontratada por Ambipar para recibir el cargamento– no contaba con resolución sanitaria para procesar acetato de etilo ni con las medidas de seguridad y bodegas adecuadas para almacenar sustancias peligrosas.

• Falta de control sobre el contrato. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota no controló la ejecución ni el cumplimiento del plan de trabajo presentado por Ambipar.

• Deficiente coordinación entre organismos públicos. La fiscalización constató problemas de comunicación y coordinación entre la Delegación Presidencial y los demás servicios involucrados. Entre otros antecedentes, se verificó que las autoridades de la Región de Antofagasta se enteraron del traslado del cargamento de acetato de etilo a través de publicaciones de prensa.

Otras infracciones

Otra de las decisiones adoptadas por la Contraloría fue oficiar a la Subsecretaría del Interior para que, de acuerdo con sus competencias, evalúe si la Delegación Presidencial Regional infringió el artículo 59 de la Ley N° 20.000 y el artículo decimosexto del Decreto N° 1.358, de 2006, de esa subsecretaría.

Las eventuales infracciones se relacionan con no mantener un inventario o no informar a la autoridad sobre el movimiento de sustancias químicas que pueden utilizarse para la fabricación de drogas, además de posibles incumplimientos del reglamento que establece las obligaciones específicas de registro y reporte de inventarios de estas sustancias.

Del mismo modo, el informe final reprochó el incumplimiento de la obligación legal de la Dirección Regional de Crédito Prendario (Dicrep) de ordenar la destrucción inmediata del acetato de etilo a raíz de que no tenía valor comercial, por estar vencido Lo mismo verificó con el Servicio de Salud, al advertir que no despachó el protocolo químico de esta carga a la Fiscalía Local de Alto Hospicio del Ministerio Público, dado que esa entidad fue la que ordenó el decomiso. Esto pese a saber de la alta inflamabilidad y volatilidad de los productos, y que estos representaban “riesgos significativos para la salud de las personas y el medioambiente”.

Otra observación formulada por la Contraloría fue la ausencia de una declaración de alerta temprana preventiva ante la presencia de sustancias químicas peligrosas, medida cuya adopción correspondía al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Otro antecedente revelado por el informe es que, entre 2024 y 2025, el Servicio de Salud envió 20 oficios a la Delegación Presidencial Regional en los que expuso la falta de recursos para realizar esta operación, sin obtener respuesta. Durante ese período se sucedieron cinco delegados presidenciales, sin que la situación lograra ser resuelta.

“El Servicio de Salud Arica y Parinacota remitió los oficios Nos 3.214 de 2024; 839, 1.397, 1.456, 1.555, 1.649,1.716, 1.805, 1.919, 2.013, 2.086, 2.156, 2.265, 2.355, 2.475, 2.537, 2.609, 2.816, 3.276 y 3.504, todos de 2025 a la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota requiriendo gestionar recursos y dar continuación a las acciones necesarias para cumplir la ley N° 20.000, oficios que, al 17 de octubre de 2025 no habían sido respondidos, conforme a lo indicado por la Directora y por la Asesora Jurídica de ese servicio, en acta de fiscalización de esa fecha”, expuso el documento.

La Contraloría también confirmó que el 6 de marzo inició otra investigación especial sobre el segundo contrato que se adjudicó Cemento Polpaico SA., dado que el primero con Ambipar fue desechado por incumplimiento de la normativa sanitaria. El traslado de los precursores químicos culminó en junio pasado, gracias a ese nuevo contrato suscrito en febrero de este año. El procedimiento tuvo un costo de $ 877 millones.

Fiscalía de Tacna libera a hermano del alcalde, pero investigación por tráfico de migrantes continúa

Crédito imagen: cedida.

Tras permanecer 48 horas detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tacna, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas dispuso la libertad de Ricardo Vargas Pizarro, hermano del alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro. El hombre había sido detenido junto al guardia Herbert Mamani Pacci el martes pasado, en el Control Fronterizo de Santa Rosa, bajo la imputación de tráfico ilícito de migrantes en perjuicio del Estado peruano, luego de que ambos cruzaran el recinto acompañados por una pareja de ciudadanos venezolanos y un niño peruano.

• Su abogado Alex Choquecahua declaró a la prensa peruana que Vargas nunca cometió ese ilícito y que su aprehensión se debió a una “confusión” cometida por la PNP. Al respecto, el jurista señaló que el transporte “lo hizo desinteresadamente, por tanto, no concurren elementos del delito de trata de migrantes. Han declarado los mismos agraviados (los pasajeros) que el señor Ricardo Elías no tiene nada que ver en esto. Los ciudadanos venezolanos dijeron que son ciudadanos formales en el Perú”.

Asimismo, en una entrevista a la emisora Radio Uno de Tacna, el profesional señaló que el hombre venezolano que transportaba Vargas, era primo de su actual pareja y que, por esa razón, le pidió llevarlo a Tacna junto a una mujer y un niño de 7 años de nacionalidad peruana.

“El señor Vargas venía a a la ciudad Tacna. Él no se dedica al transporte de personas, él no tiene un vehículo acondicionado para ese fin. Cuando llega al control fronterizo de Santa Rosa en territorio peruano, se encuentra con una familia, con un señor, una señora y un niño de 6 años. Se acerca el caballero y conversa con él porque lo conocía, ya que el ciudadano venezolano era primo de su conviviente, entonces le pide que los lleve a Tacna. Entonces, el señor Vargas les dice ya pues, pasen su control y yo los espero y los llevo a Tacna… Él pasa normal su control migratorio con su vehículo y espera que lleguen a su vehículo los ciudadanos venezolanos. Entonces llegan a su vehículo y más adelante, donde había un operativo policial, los detienen”, indicó el jurista.

Choquecahua dijo que, tras la revisión del circuito de 15 cámaras del control, se descartó que Vargas haya sobornado al guardia de seguridad para facilitar el ingreso de las tres personas, burlando la avanzada aduanera. También desmintió que su cliente llegó con los pasajeros a esa avanzada aduanera.

Por lo mismo, afirmó que no se había materializado el delito de tráfico de migrantes, “porque este delito exige que el imputado, el que favorece el ingreso, obre en beneficio propio o de tercero para permitir el ingreso ilegal al país de ciudadanos extranjeros que no tienen autorizado ingresar al Perú. Esos elementos no concurre aquí porque ambos ciudadanos venezolanos tienen una condición migratoria regular en el Perú, ambos venezolanos tienen carné de extranjería y el menor también. Pero, por sobre todo, según se ha visto en las cámaras del control, mi patrocinado nunca se ha visto entregando una suma de dinero o dádiva a ningún agente de seguridad. Mi defendido de buena fe se ofreció a trasladarlos porque conocía al ciudadano venezolano”.

• Una de las interrogantes que no logró aclarar el abogado defensor fue la razón de por qué la pareja de venezolanos estaba en la frontera peruana con impedimento de acceso a ese país, si según él mismo contaban con Documento Nacional de Identidad de Perú. “En realidad, los ciudadanos venezolanos y el niño debieron haber ingresado legalmente al país, debieron haber pasado su control migratorio. Pero no sé qué habrá pasado por la cabeza de este señor venezolano: de repente habrá querido pasar rápido, por eso, tal vez, haya pretendido sobornar a este agente de seguridad privada. Nada de esto fue visto por mi patrocinado, quien estaba más adelante en el control”, expuso.

En el programa periodístico tacneño Verdades Ocultas, Ricardo Vargas concedió una entrevista en la que defendió su inocencia. El registro fue posteriormente compartido con este medio por la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Arica. En ella, Vargas señaló: “Le pido encarecidamente al juez que, con prudencia y tranquilidad, vea mi caso, porque yo no he hecho nada. No tengo de qué arrepentirme”.

Sigue el proceso

Para este caso, a través de un comunicado oficial, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas informó que solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia que se active un proceso inmediato, es decir, un juicio simplificado, el cual podría ejecutarse en noviembre próximo.

“El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tacna, requirió la incoación de proceso inmediato ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia contra el ciudadano chileno Ricardo V. P. (70) y el agente de seguridad Herbet M. P. (41), por la presunta comisión del delito contra el orden migratorio en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes agravado, en agravio del Estado peruano”, indicó la institución.

Según el órgano persecutor, “el conductor chileno habría trasladado a bordo de su vehículo desde Arica hacia Tacna a dos ciudadanos venezolanos y un menor de 7 años, cobrándoles una suma de dinero a sabiendas de que no contaban con la documentación legal. Para eludir la fiscalización, los extranjeros habrían descendido antes del control mientras el chofer se registraba como único ocupante; en tanto, uno de los pasajeros le pagó 30.000 pesos chilenos al agente de seguridad Herbet M. P. para que les permitiera evadir la revisión e ingresar al estacionamiento”.

Y el comunicado señala que “tras retomar la marcha, la Policía Nacional interceptó la unidad en la Garita N.º 02 y confirmó que los pasajeros no registraban ingreso formal al país, procediendo a la detención del chofer y del agente implicado tras la confesión sobre el pago indebido. Al haberse recabado las evidencias en flagrancia delictiva y culminado las diligencias urgentes, el despacho fiscal formalizó el pedido de proceso inmediato a fin de que el Poder Judicial juzgue y sancione con celeridad a los imputados. En las próximas horas el juzgado deberá fijar la fecha y hora de la audiencia donde se definirá la situación de los procesados”.

Colaboración desde Arica

Sobre este caso, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, señaló que si su homóloga de Tacna solicita colaboración “la prestaremos, dado que hace dos meses firmamos un protocolo que está partiendo justo esta semana y que considera delitos transfronterizos como este. Estamos esperando que Perú nos haga las consultas correspondientes y ver si hacemos un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), porque estamos viendo eventualmente aquí un delito donde se están viendo involucradas las dos ciudades. Esta puede ser una buena causa para que debute este acuerdo que estamos implementando con Perú. Hasta hace dos meses las coordinaciones para estas gestiones se hacían entre Lima y Santiago. Ahora se harán desde Arica, ya que decidió designarla como punto focal de cooperación internacional y vamos a estar a cargo de lo que pase en nuestra frontera con Perú”.

Carrera se abstuvo de señalar si Vargas era sujeto de interés de una investigación por tráfico de migrantes en la región: “Créame que si fuera parte de un proceso investigativo, no podría contestar esa pregunta”.

Asimismo, Aquí Arica realizó consultas a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones sobre si Ricardo Vargas contaba con autorizaciones y multas aplicadas por realizar transporte de pasajeros bajo circuito cerrado entre Arica y Tacna y viceversa. Respecto de estas interrogantes, el organismo se excusó de responder, señalando que los antecedentes debían ser solicitados bajo el mecanismo de la Ley de Transparencia.

En todo caso, diversas personas señalaron a este medio que el hermano del alcalde era conocido en las cercanías del Terminal Internacional Arica-Tacna por ofrecer sus servicios de transporte privado a la vecina ciudad peruana. En su historial de propiedades de vehículos registra seis móviles, dentro de los cuales figura un bus y tres minibuses.

En medio de la ventolera, terminamos la edición de esta semana. ¡Nos vemos el próximo martes!

PRIVILEGIOS EN CARNAVAL DE SABORES. Molestia causó entre parte del público el sector VIP que la Municipalidad de Arica dispuso alrededor del escenario del Carnaval de Sabores para recibir a los artistas. El sábado, además de verse sobrepasada la capacidad del recinto por la cantidad de asistentes, también se vio a autoridades de elección popular y miembros del Gabinete Regional perdiendo la compostura ante la presencia del presentador Pancho Saavedra y el actor Jorge Zabaleta.

Varios de ellos llegaron acompañados de familiares y amigos para fotografiarse con los invitados, mientras el resto del público, los “sin pitutos”, como ironizaron algunos asistentes, observaba desde detrás de una reja. Quienes accedieron al sector reservado contaban, además, con sillas para presenciar la actividad. Una abogada de la plaza anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría Regional de la República por lo que calificó como un «abuso de poder» de autoridades y funcionarios públicos.

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