Al inaugurar oficialmente el año judicial 2012, el presidente de la Corte Suprema dijo que el número de causas aumentó significativamente en 2011, con el ingreso de 726 denuncias, correspondientes a casos que no habían sido investigados antes por la Justicia.
En el país hay todavía en trámite 1.268 juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, reveló este jueves el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.
Al inaugurar oficialmente el año judicial 2012, Ballesteros dijo que el número de causas aumentó significativamente en 2011, con el ingreso de 726 denuncias, correspondientes a casos que no habían sido investigados antes por la Justicia.
Entre ellos estaban la muerte del presidente Salvador Allende, en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973 y el fallecimiento, pocos días después, del poeta Pablo Neruda, ganador del premio Nobel de Literatura en 1971.
El primer caso concluyó con la ratificación de que Allende se quitó la vida durante el alzamiento que lideró Pinochet para derrocar a su Gobierno, mientras la investigación sobre la muerte del autor de «Canto General» no ha concluido.
El presidente de la Corte Suprema, elegido a finales del año pasado en medio de críticas por haber integrado consejos de guerra contra opositores a la dictadura en los primeros años del régimen de Pinochet, consideró hoy «legítimo» el anhelo de justicia de los familiares de las víctimas.
El Poder Judicial, señaló: «está consciente del legítimo anhelo de justicia y paz de las familias involucradas en las causas sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1973 y 1990».
Destacó que esas causas son llevadas por jueces especiales, dedicados exclusivamente a las mismas, «que se han esmerado en concluirlas con eficacia».
En todo caso, advirtió que: «el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo, sino que su fin está condicionado al desarrollo de cada uno de ellos».
El objetivo, explicó, es establecer la existencia de los hechos constitutivos de delitos y determinar las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron. Al respecto, puntualizó: «labor que los jueces encargados continuarán cumpliendo con especial dedicación».
Durante la dictadura de Pinochet, unos 2.300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales unos 1.190 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras casi 30.000 fueron torturados y encarcelados y se calcula que más de 300.000 debieron exiliarse por causas políticas, según cifras oficiales.
En el marco de los juicios por tales crímenes han sido condenados más de 120 antiguos miembros de los organismos de seguridad de la dictadura, de los que actualmente permanecen encarcelados unos 60, según organismos de derechos humanos.
En su discurso de hoy, el presidente de la Corte Suprema también abordó las críticas que surgieron el año pasado desde el Gobierno hacia los jueces y fiscales por ser supuestamente «blandos» con los delincuentes.
Al respecto, Rubén Ballesteros demandó respeto por la autonomía del poder judicial, recordando que la justicia y el Estado de Derecho sólo se pueden garantizar si quienes hacen cumplir las leyes actúan de forma realmente independiente.
La autonomía, subrayó, es fundamental para garantizar a la población los derechos fundamentales y garantizar: «una Justicia competente, laboriosa, libre de toda influencia ajena al derecho mismo, en favor de todas las personas sin distinción de ninguna clase».
