La quema de un bus de Fuerzas Especiales y de un carro lanza aguas, más el ataque a un avión de Carabineros, «que iba a despegar con el propósito de llevar a un niño enfermo”, motivaron la decisión. En palacio se considera que el escenario varió y que el apoyo de la ciudadanía a las movilizaciones ya no es tan fuerte por un desgaste natural. Esto sería parte del análisis tras la apuesta del Ejecutivo por privilegiar el orden público.[Actualizada]
Las tomas y bloqueos de caminos en Aysén se iniciaron el 13 de febrero y desde entonces se especuló que el gobierno aplicaría la Ley de Seguridad del Estado contra ese tipo de protestas. El miércoles, sin avance en las negociaciones por establecer un mecanismo para rebajar el precio de los combustibles en la aislada región patagónica, las manifestaciones volvieron y el diálogo se quebró. La Moneda instruyó al ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, para que retornara a la capital y por la noche los enfrentamientos entre aiseninos y Fuerzas Especiales de Carabineros recrudecieron.
Tras una larga jornada de manifestaciones, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, anunció la noche de este jueves que presentarán un requerimiento por la Ley de Seguridad del Estado, en virtud de su artículo sexto, contra personas que “han estado en la instigación” de actos de violencia en la zona, “como otros que tenemos la identificación que han participado y actuado” en tales hechos.
El requerimiento se presentará este viernes en tribunales de Aysén y Coyhaique para que el Ministerio Público inicie la investigación respectiva. La quema de un bus de Fuerzas Especiales y de un carro lanza aguas y el “gravísimo daño de un avión de Carabineros desde el aeródromo que iba a despegar con el propósito de llevar a un niño enfermo”, motivaron la decisión.
“Estas situaciones a juicio del gobierno son inaceptables, son violencia grave que altera por completo la paz social y la tranquilidad en la región de Aysén”, enfatizó Chadwick.
En el debut del llamado segundo tiempo, la administración de Sebastián Piñera busca fortalecer la imagen de un Ejecutivo con mayor dominio de las situaciones, para tratar de superar la impresión de debilidad que se ganó el año pasado ante la ciudadanía, al verse sobrepasado por las distintas movilizaciones, especialmente el movimiento estudiantil.
En palacio se considera que el escenario del país varió y que el apoyo de la ciudadanía a las movilizaciones ya no es tan fuerte, que hay un desgaste natural. Ese sería parte del análisis que llevó al Ejecutivo a apostar por privilegiar el orden público y tratar de recuperar el apoyo de sectores de la ciudadanía, supuestamente cansados del desorden y las protestas, con esta nueva “mano firme”.
Ya lo había dado a entender así ayer en la tarde el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al precisar que si bien están “abiertas las puertas” para dialogar con todos los sectores del país y llegar a acuerdo, “aquí hay un principio, quienes corten las carreteras, obstaculicen el tránsito y las calles, son grupos con los que no vamos a conversar”. Esta doctrina fue precisamente a la que se le puso acento en la cumbre de intendentes que se realizó entre martes y miércoles en La Moneda como directriz para enfrentar futuros conflictos.
