El organismo de defensa ciudadana señala que se está explorando la posibilidad de que el Concejo Municipal modifique el PRC con el propósito de que el excedido volumen del centro comercial en construcción se enmarque próximamente en la legalidad, teniéndose presente que ya se ha convocado a una consulta ciudadana para que los habitantes de esa ciudad se pronuncien sobre la estructura.
La Fundación Defendamos la Ciudad denunció este sábado el intento de la municipalidad de Castro de pretender modificar el Plan Regulador Comunal para que la polémica construcción del centro comercial se enmarque dentro de la legalidad.
El organismo ciudadano explica que de acuerdo a publicaciones de La Estrella de Chiloé, reproduciendo declaraciones del alcalde de Castro, Nelson Águila, se está explorando la posibilidad de que el Concejo Municipal modifique el PRC con el propósito de que el excedido volumen del mall en construcción se enmarque próximamente en la legalidad, teniéndose presente que ya se ha convocado a una consulta ciudadana para que los habitantes de esa ciudad se pronuncien sobre la estructura.
El director de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, dijo que «debemos entender, a la luz de las expresiones del alcalde Águila, que si el resultado de la votación es favorable al mall, y dado que él se ha negado a aplicar el artículo 148º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que le entrega atribuciones para demoler todas las construcciones que violan el permiso de edificación otorgado por la directora de obras municipales, se iniciaría un proceso administrativo para cambiar las reglas del juego urbanístico y así consumar un hecho irregular”.
Asimismo, recordó las expresiones del alcalde y de los concejales en el sentido que los afuerinos no deben opinar sobre el tema, debido a que la gente de Castro desea la instalación del centro comercial.
“Es posible que este alcalde desee copiar el vergonzoso episodio de la planta termoeléctrica Campiche de la empresa AES Gener, la que se está construyendo a pesar de que la Corte Suprema y la Contraloría General de la República la declararon ilegal. Para posibilitarse lo anterior, el gobierno de Bachelet, a instancias de un ex embajador de EE.UU. en Chile, modificó como un traje a la medida de esa empresa, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. A lo mejor el alcalde Águila dice si el gobierno central lo hace porqué nosotros no podríamos hacer lo mismo», se preguntó Herman.
