Cuoteo político y falta de fiscalización pone en la mira al Consejo de Asignaciones Parlamentarias - El Mostrador

Viernes, 15 de diciembre de 2017 Actualizado a las 07:35

Diputados presentaron un proyecto para modificar su integración

Cuoteo político y falta de fiscalización pone en la mira al Consejo de Asignaciones Parlamentarias

por 26 abril, 2012

Cuoteo político y falta de fiscalización pone en la mira al Consejo de Asignaciones Parlamentarias
Uno para ti otro para mí. Ex congresistas y figuras cercanas a los principales partidos con representación deben velar por los recursos destinados a los legisladores para cumplir su función. El último escándalo por el aumento de dos millones en las asignaciones del Senado cuestiona su independencia y criterio técnico. Por eso, ya hay voces para dotarlo de real autonomía y capacidad de gestión.

El año 2009 se produjo una rara confluencia astral y política que le permitió a la UDI tomarse el Congreso, en términos administrativos. Ello, porque llegaron a la presidencia del Senado y de la Cámara, Jovino Novoa y Rodrigo Álvarez, respectivamente. Debido a una serie de situaciones que contribuyeron a acrecentar la mala fama de los políticos, ambos coincidieron en la necesidad de crear una instancia que se encargara de las asignaciones parlamentarias, de manera tal que los legisladores no fueran percibidos como jueces y parte en la toma de decisiones en esta materia. Sin embargo, ese esfuerzo no parece haber dado los frutos esperados. Al punto que a sólo meses de su funcionamiento estalló el primer escándalo que, adicionalmente, provocó la presentación de un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional en materia de nombramiento de los consejeros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Esto, ya que —según reconocen algunos legisladores—, la instancia está viciada desde su origen, puesto que el organismo no es auditado por ninguna entidad fiscalizadora externa y sus integrantes fueron cuoteados.

Y, aparentemente, es con esta última característica con la que pretende terminar el proyecto ingresado el pasado jueves 19 de abril a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, patrocinado por los diputados DC Jorge Burgos, Aldo Cornejo y Matías Walker; los PS Marcelo Díaz y Carlos Montes; los PPD Felipe Harboe y Guillermo Ceroni; y el RN Cristián Monckeberg. La iniciativa, de un solo artículo, establece que en vez de los ex parlamentarios que actualmente integran el organismo, uno de ellos incluso lo preside, se necesitarán “dos profesionales con a lo menos 10 años de ejercicio profesional en las áreas del derecho, ingeniería o auditoría y una destacada trayectoria en el área de gestión y administración en el sector público o privado”. Ello, con el fin de que “la ciudadanía tenga plenas garantías respecto de la total independencia del Consejo en el ejercicio de su función, proponemos sustituir la actual integración de la entidad reemplazando a los ex parlamentarios por profesionales de destacada trayectoria y experiencia propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública, mediante concurso público”.

Un funcionario de la Cámara de Diputados que siguió el proceso que dio origen al consejo que, hasta ahora, no ha logrado su cometido de independencia de los parlamentarios, sostiene que en su momento el organismo “se estructuró de esta forma, porque se creía que el equilibrio político era necesario”. Una manera “elegante” de decir el “cuoteo”, precisa un diputado. El mismo que se pregunta si, en estas circunstancias, es posible ser independiente de quien hizo la propuesta para los nombramientos —en directa alusión a los parlamentarios que integran la comisión—. Ello, porque “(Sergio) Páez fue senador (DC) y es amigo personal de varios de los senadores y diputados, por ejemplo. Lo mismo pasa con (el ex diputado) Andrés Egaña (UDI), que tiene relaciones personales de amistad con muchos de sus ex compañeros de bancada. Es difícil creer que puedan ser independientes en sus decisiones”.

A la medida

Por otra parte, está el hecho —admite un parlamentario—, de que fueron los propios legisladores quienes propusieron los nombres de todos los integrantes actuales del consejo y los aprobaron. Así, fue una comisión bicameral —integrada por senadores y diputados— la que propuso los nombres de los primeros integrantes del consejo, conforme lo establece la ley que rige dicha instancia. Estos nombres fueron ratificados en sendas sesiones del Senado y la Cámara por los propios parlamentarios. De este modo, quedó integrado por Sergio Páez Verdugo (ex senador), quien además preside el consejo; Vittorio Corbo Lioi, independiente de derecha, en su calidad de ex consejero del Banco Central; Luis Riveros Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile, masón y cercano al Partido Radical; Andrés Egaña Respaldiza, ex diputado UDI; y, Alberto Arenas de Mesa, en su calidad de ex director de Presupuestos (del gobierno de Michelle Bachelet) por el PS.

A juicio de un diputado, este sistema de auditorías también “es poco confiable”. Porque, según explica, “los tres pelagatos que tienen de auditores ni siquiera cuentan con los elementos para hacer la pega. A veces, uno mismo los tiene que llevar al lugar donde tienen que hacer la siguiente auditoría, porque no tienen ni cómo trasladarse. Lo que les resta independencia en su pega”. Aunque la mayoría defiende el nuevo sistema. Un senador explica, por ejemplo, que cuando llegó a la Cámara Alta “me senté con la persona encargada y le dije: ‘por favor, explíqueme todo lo que puedo y no puedo hacer’. Y él me dijo: senador, aquí, usted puede hacer lo que quiera”.

En el actual escenario, tal parece que la idea original de Novoa y Álvarez de crear un organismo independiente de los parlamentarios, que asigne los recursos y se encargue de corroborar que estos sean destinados a las necesidades propias del cargo, para que no se repitieran episodios vergonzosos por los que, en su minuto, fueron cuestionados y hasta investigados varios honorables diputados —uno de ellos incluso condenado—, no parece estar consiguiéndose. A la luz de la polémica que estalló por los recursos asignados a los senadores para sus gastos operativos y, previamente, a los diputados para asesorías externas, el organismo no cuenta con la independencia necesaria para tomar decisiones a este respecto. Al punto que los diputados mencionados más arriba optaron por presentar un proyecto que modifica la integración del Consejo. Aunque en el propio Congreso le tienen poca fe. “No creo que ese proyecto llegue muy lejos. Porque no creo que los parlamentarios quieran debatir sobre un tema que ya está normado”, adelanta un ex alto funcionario.

El mismo explica que la ley que dio origen al Consejo Resolutivo “se impuso en medio de la tramitación de una adecuación a la Ley Orgánica del Congreso. Llega la crisis (de los diputados cuestionados) y se imponen las modificaciones a la altura de la comisión mixta”, por lo que se habría aprobado como una salida rápida de un conflicto que requería una respuesta del Poder Legislativo.

¿Auditorías?

El otro aspecto que provoca críticas es el hecho de que la misma ley que dio origen al Consejo Resolutivo, crea el Comité de Auditoría Parlamentaria. Los integrantes de esta instancia también son propuestos por una comisión bilateral integrada por diputados y senadores y ratificados por ambas salas. Lo que según reconoce un legislador “podría parecer que le resta independencia en su trabajo”, pero asegura que “no hay manera de interferir”. Lo cierto es que además de este sistema no existe un organismo superior ante el cual el Consejo mismo deba responder por los recursos que le entrega el Estado para que los parlamentarios cumplan su labor. Ni ante la Contraloría ni menos ante el Consejo para la Transparencia. Por ser el Poder Legislativo, explican funcionarios, “autónomo y no puede ser fiscalizado”. Cuestión que algunos expertos en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional refutan de plano, pues “autonomía de funciones no puede ser confundida con soberanía absoluta sobre los recursos”.

A juicio de un diputado, este sistema de auditorías también “es poco confiable”. Porque, según explica, “los tres pelagatos que tienen de auditores ni siquiera cuentan con los elementos para hacer la pega. A veces, uno mismo los tiene que llevar al lugar donde tienen que hacer la siguiente auditoría, porque no tienen ni cómo trasladarse. Lo que les resta independencia en su pega”. Aunque la mayoría defiende el nuevo sistema. Un senador explica, por ejemplo, que cuando llegó a la Cámara Alta “me senté con la persona encargada y le dije: ‘por favor, explíqueme todo lo que puedo y no puedo hacer’. Y él me dijo: senador, aquí, usted puede hacer lo que quiera”. Por lo que este consejo, al menos, ha ordenado mucho las cosas”.

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