Encabeza ofensiva comunicacional para dar señales de tranquilidad al empresariado
Antes de aterrizar en la cartera ambiental, la ingeniero civil no era un nombre conocido en el sector. Sin peso político, su tarea principal por casi dos décadas fue la de tramitar e impulsar iniciativas energéticas y grandes proyectos, rol que cumplió desde la poderosa consultora GAC, ligada a Ricardo Katz, hombre cercano al grupo Matte. Hoy, luego de dos años de pasar casi desapercibida, saca ronchas y salta a la primera fila, abriéndose flancos con la oposición y el Poder Judicial.
El bajo perfil que la ministra María Ignacia Benítez —hermana del rector de la UAI y columnista, Andrés Benítez— ha cultivado desde que asumió el cargo en la cartera de Medio Ambiente en marzo de 2010, dio un radical giro tras sus críticas al fallo de la Corte Suprema que cerró las puertas a la Termoeléctrica Castilla.
Difundidas en la portada de El Mercurio hace una semana, las objeciones de la secretaria de Estado, que aseguró que el razonamiento de la resolución “incurre en errores” y que la Corte Suprema se pronunció sobre un área que corresponde a la institucionalidad ambiental, la pusieron en el ojo del huracán. Ello, porque tales afirmaciones provocaron una bola de nieve que le valió, entre otras, tanto la crítica de la oposición como el inmediato rechazo oficial de parte del máximo tribunal. Este mediante una declaración pública aseguró que los dichos de Benítez “han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”.
De esta forma y luego de dos años de tranquila luna de miel en el ruedo político, Benítez ve tambalear su estatus termal en la cartera que, en la práctica, ha caminado alineadamente con su par de Energía. Lo que en opinión del diputado y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Patricio Vallespín (DC) —quien solicitó su renuncia por el impasse con la Suprema— obedece “a que tiene un perfil absolutamente secundario en el gobierno, con un muy bajo manejo político”.
Apreciación que es compartida en el mundo ambiental, donde le sindican un rol más bien ornamental. Según Sara Larraín, “han dejado al ministerio de Medio Ambiente haciendo cosas simbólicas, por lo que María Ignacia ha sido condenada al simple adorno: en temas sustantivos no tiene ningún peso, su cartera está marginada a cosas que no tienen incidencia en el sector productivo”.
Por eso llamó la atención que en un tema tan complicado, Benítez tomara cartas en el asunto y saliera criticando abiertamente al poder Judicial. Para Larraín “es bastante raro que aparezca opinando sobre este proyecto en particular cuando no ha opinado sobre ninguno”.
La explicación, de acuerdo a diversas fuentes, es que su postura fue orquestada desde el gobierno “para dar una señal al sector eléctrico y minero”. Así lo interpreta un abogado del sector ambiental, que agrega que la preocupación del Ejecutivo en torno a la judicialización de las propuestas energéticas se ha hecho patente desde hace tiempo, “así que estas críticas obedecerían a una estrategia del gobierno que quería opinar hace rato al respecto”.
Vallespín coincide con esta interpretación, enfatizando que “llama la atención que una ministra súper apagadita, de bajo perfil y muy poco peso se meta en un gallito con un poder del Estado. Algo súper distinto a lo que había hecho, por lo que creo que en este tema ella fue instruida a decir lo que dijo, con una ingenuidad bastante grande, ya que dijo cosas imprudentes sin tener consciencia de las implicaciones y del conflicto que provocaría entre el Gobierno y el Poder Judicial”.
La falta de manejo político de Benítez fue blanco de críticas desde que fue designada en el cargo. Incluso desde la propia Alianza. Muchos recuerdan cuando declaró, en medio del descontento por la aprobación del proyecto Minero en Isla Riesco en Magallanes y de la espera por la aprobación de Castilla en Copiapó, que “no nos interesa que el medioambiente se dañe, queremos que las empresas cumplan”. Frase que tuvo que salir a clarificar adjudicándola a un lapsus.
Tampoco jugó a su favor ser un personaje prácticamente desconocido en el sector ambiental al momento de su designación. Ni su antiguo vínculo laboral con una relevante consultora del área. Sobre todo porque, al haber trabajado para importantes empresas impulsando justamente la aprobación de sus proyectos, se abría de entrada un duro flanco en torno al fantasma de los conflictos de interés que han marcado al gobierno de Sebastián Piñera.
La aparición de María Ignacia Benítez como ministra de Medio Ambiente causó sorpresa en el mundo político y ambiental, ya que era bastante desconocida. De este modo, a juicio de un ingeniero ligado al sector y con amplia experiencia en el área “a ella no la conocí nunca. Yo la tenía registrada, cuando la nombraron ministra, como Consejera Regional: era la Core de confianza de (Pablo) Longueira”.
[cita]La explicación, de acuerdo a diversas fuentes, es que su postura fue orquestada desde el gobierno “para dar una señal al sector eléctrico y minero”. Así lo interpreta un abogado del sector ambiental, que agrega que la preocupación del Ejecutivo en torno a la judicialización de las propuestas energéticas se ha hecho patente desde hace tiempo, “así que estas críticas obedecerían a una estrategia del gobierno que quería opinar hace rato al respecto”. [/cita]
Fue justamente el actual ministro de Economía quien promovió su nombre para liderar la cartera ambiental. Antes de eso la ingeniero civil química fue su asesora durante la discusión de la reforma ambiental, período en el cual, como recuerda Patricio Vallespín, “ella estaba en contra de muchos temas que se aprobaron y que ahora ha tenido que implementar, como la Superintendencia de Medio Ambiente”.
Pero es en la consultora GAC donde Benítez se desarrolló profesionalmente, a la que estuvo ligada desde su fundación en 1992, hasta su aterrizaje en la cartera. En la consultora, cuyo director es Ricardo Katz, la ingeniero trabajó como jefa de proyectos Senior, y entre 2005 y 2007 fue subgerenta del Departamento de Administración y Finanzas.
Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, “mi impresión es que ella obedece dos líneas: una técnica que es la de GAC y otra muy política que es la de Longueira”.
Como gestora de proyectos, su rol durante casi 20 años fue el de tramitar e impulsar iniciativas energéticas, por lo que se la sindicaba en el sector como una operadora del entonces Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
De hecho al ser designada como ministra, Benítez era jefa de proyecto de algunos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en tramitación. Entre ellos el de la central térmica Punta Alcalde, de Endesa, en la comuna de Huasco, en Atacama, que en junio pasado fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Así como la Central Térmica Cruz Grande, de la Compañía Aceros del Pacífico (CAP) en la comuna de La Higuera, en Coquimbo, que fue desistido por la compañía en marzo de 2011.
Este último caso sacó ronchas en el mundo ambiental y político, ya que no sólo la ministra Benítez estuvo encargada a través de GAC del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, sino que varios otros miembros con puestos claves en la institucionalidad ambiental también.
Fueron parte del team GAC Ignacio Toro, director ejecutivo de la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el actual jefe del Departamento de Recursos Naturales, Leonel Sierralta que era socio de la consultora y fue gerente, y el propio Ricardo Katz, quien hasta hace unos meses fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), en representación del Centro de Estudios Públicos (CEP), ligado al grupo Matte.
Otras compañías en que la ministra lideró proyectos a través de GAC son la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlado por la familia Matte y Elecmetal, del grupo Claro. A Ricardo Katz, quien había sonado fuerte como posible ministro de Medioambiente cuando asumió la nueva administración, se lo reconoce como “el consultor ambiental de los Matte. Lleva todos los temas de la papelera (CMPC)”, según comentan fuentes del sector. Igualmente es conocido como el “solucionador de problemas” ambientales de grandes grupos económicos, como los Angelini y los Luksic.
Según explican miembros de la oposición ligados al tema, la línea de pensamiento de Katz “se identifica con la de Libertad y Desarrollo (LyD)”, por eso no es rara su cercanía política con los ministros Cristián Larroulet y Juan Andrés Fontaine. En todo caso, aclaran diversas fuentes, es un hombre “con redes transversales”.
Entre los clientes que ha tenido la poderosa consultora, se cuentan además importantes proyectos mineros, como Minera Escondida, operada por BHP Billiton, o la Minera Lumina Copper Chile, con el proyecto Caserones, en la comuna de Tierra Amarilla en Atacama, y aprobado en 2010.
GAC fue la responsable de tramitar el Estudio de Impacto Ambiental de la planta de Agrosuper en Freirina, Atacama, que fue aprobada en 2005 y que debió cerrar sus puertas en 2012 por orden de la Seremi de Salud de Atacama tras detectar una serie de irregularidades sanitarias que tuvieron en pie de guerra a los pobladores.
