Cámara aprueba ejes ambientales de ley miscelánea del Gobierno y oposición enciende alerta

La Cámara de Diputados vivió una jornada legislativa intensa, de esas que se estiran hasta la noche y terminan con cara de “esto recién empieza”.

En la Comisión de Medio Ambiente, el oficialismo logró sacar adelante buena parte del núcleo del componente ambiental de la llamada ley miscelánea impulsada por el Gobierno, en una votación que se extendió hasta cerca de las 23 horas y que dejó varios artículos listos para su paso a la Sala.

El dato político: el Partido de la Gente (PDG) se alineó en varias votaciones con el oficialismo, permitiendo destrabar normas sensibles que en la oposición esperaban resistir con más holgura. En algunos casos, la mayoría se armó con siete u ocho votos a favor, lo que inclinó la balanza en un debate que ya se anticipa áspero para las próximas etapas.

Cambios al SEIA, al SEA y restitución a proyectos con RCA anulada

En el corazón de la reforma aparece una reconfiguración profunda del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La comisión aprobó cambios que apuntan a simplificar la tramitación de proyectos: se elimina la obligación de volver a evaluar ambientalmente modificaciones que no impliquen impactos sustantivos en iniciativas ya aprobadas, se crea un mecanismo voluntario de tramitación acelerada y se eliminan recursos administrativos contra las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

A eso se suma un refuerzo de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre otros organismos con competencia ambiental, lo que en la práctica ordena la cancha interna del sistema durante la evaluación de proyectos.

El diputado Guillermo Ramirez (UDI), presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Otro punto que encendió discusión fue la limitación de medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA aprobada: el texto fija un máximo de 30 días corridos, renovables solo mediante resolución fundada. En paralelo, se rechazó por unanimidad una norma que buscaba establecer un plazo de 20 días para reclamar una RCA ante el Tribunal Ambiental, tras una indicación del Ejecutivo.

En términos de inversión, uno de los capítulos más discutidos fue el mecanismo que permite que titulares de proyectos soliciten la restitución de gastos cuando una RCA sea anulada por sentencia judicial firme. El sistema obliga a presentar una solicitud ante Hacienda en 30 días hábiles y deja la determinación del monto a una comisión de tres peritos. Si no hay reclamo judicial, el pago debe realizarse en otro plazo de 30 días hábiles. La regla, además, quedó acotada: solo regirá para RCA otorgadas y anuladas desde la entrada en vigencia de la ley.

Pesca, Tribunales Ambientales y Monumentos Nacionales

El paquete también se metió en el mundo acuícola y pesquero. La comisión aprobó reducir de dos años a seis meses el plazo para invalidar autorizaciones sectoriales, eximir del SEIA ciertas relocalizaciones de concesiones de acuicultura cuando solo impliquen ajustes cartográficos, permitir que privados elaboren informes técnicos sobre bancos naturales inscritos en Sernapesca y ajustar el régimen de patentes por no uso. Incluso se eliminó la causal de caducidad por paralización de actividades durante más de dos años consecutivos.

En paralelo, se aprobaron cambios a la Ley de Tribunales Ambientales, incluyendo límites temporales a medidas cautelares y la posibilidad de apelar resoluciones vinculadas a esas medidas. También se modificó el marco del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ampliando plazos para reglamentos y ordenando su dictación previa a la definición de sitios prioritarios de conservación.

La institucionalidad patrimonial tampoco quedó fuera. La reforma a la Ley de Monumentos Nacionales incorpora exigencias de asesoría técnica para excavaciones, actualiza el procedimiento ante hallazgos arqueológicos y crea una figura de “intervenciones menores” que podrán ejecutarse vía aviso electrónico, con efectos equivalentes a una autorización.

Todo este paquete se aprobó en una votación ajustada —siete a seis en varios artículos— con apoyo clave del PDG, lo que en la oposición ya anotan como un factor político a seguir de cerca en la Sala.

Se despachó parte central del paquete

Desde el Ejecutivo, la ministra del Medio Ambiente defendió el avance y descartó una baja en estándares regulatorios, asegurando que la institucionalidad ambiental “ha ido adquiriendo experiencia y reconocimiento” y destacando el tono de la sesión.

En la vereda contraria, el diputado Jaime Bassa (FA) advirtió que varias de las modificaciones podrían terminar aumentando la judicialización de proyectos y cuestionó especialmente el mecanismo de restitución de gastos, al que atribuye posibles impactos fiscales relevantes. Además, confirmó la reserva de constitucionalidad sobre parte del articulado.

El debate no se dio en el vacío. En paralelo, la Comisión de Trabajo también movió piezas del mismo proyecto. Allí el Gobierno logró aprobar normas sobre licencias médicas en el sector público —calificando como falta grave infringir el reposo o falsificar licencias—, pero volvió a tropezar con los artículos del Sence, que fueron rechazados nuevamente. El oficialismo anunció que buscará reponerlos en el Senado, mientras desde la oposición acusaron intento de avance acelerado sin suficiente deliberación.

Con todo, la megarreforma sigue su curso. Ahora pasa a la Sala de la Cámara, donde se anticipa otra jornada de alta intensidad. El Gobierno apuesta a dejarla despachada al Senado en los próximos días, pero el escenario ya muestra algo claro: el proyecto avanza, aunque no precisamente en línea recta.