«No son las medidas medioambientales las que nos hacen cerrar el proyecto, son las exigencias productivas que no tienen antecedentes técnicos, no tienen justificación», reclamó el gerente general de la empresa, José Guzmán. Esto, luego del golpe en la mesa que dio la compañía al anunciar su cierre y que no tuvo el mismo efecto que el causado por el grupo Matte, hace algunos meses, cuando comunicó que Colbún suspendería sus proyectos de líneas de transmisión de Hidroaysén.
El gerente general de Agrosuper, José Guzmán, se mostró molesto con el gobierno por el —a su juicio— cambio de las «reglas del juego» que hizo inviable que continuara funcionando la planta faenadora de cerdos que tiene la empresa en Freirina.
Precisó que hubo cambios profundos en temas administrativos y no ambientales. «En la nueva resolución se nos cambiaron tan significativamente las reglas del juego, no del punto de vista ambiental, si no en el ámbito administrativo», manifestó.
En ese sentido, sostuvo que «no son las medidas medioambientales las que nos hacen cerrar el proyecto, son las exigencias productivas que no tienen antecedentes técnicos, no tienen justificación… También hay medidas administrativas como construir infraestructura que no tiene nada de medioambiental», precisó a radio Futuro.
El reclamo de Guzmán y la decisión de Agrosuper de cerrar definitivamente su planta en el Huasco se produce pocos meses después que, en el sector eléctrico, el grupo Matte golpeara la mesa con el anuncio de Colbún de paralizar indefinidamente el desarrollo de sus Estudios de Impacto Ambiental para el proyecto de instalación de las líneas de transmisión de Hidroaysén, acusando la ausencia de un plan estratégico sobre la materia.
Esa decisión gatilló una serie de reuniones en La Moneda a la que fueron invitados los principales actores del sector energético y encendió las alarmas en el gobierno, situación que esta vez no se repitió.
En cuanto a las protestas de los vecinos de Freirina, Guzmán dijo que también fue un antecedente evaluado en el directorio de la empresa.
«Dentro de la comunidad hay un grupo de personas que no les interesa el diálogo y quieren que la empresa se vaya a toda costa», puntualizó.
Además, cifró en alrededor de 1.200 personas las que quedarán sin empleo de manera directa e indirecta por el cierre de la planta.
