La trenza que burló las demandas de los estudiantes de 2006
Luego de la multitudinaria marcha del 11 y de la caída del tercer ministro de Educación de la administración Piñera, las demandas que en 2006 los escolares pusieron sobre el tapete siguen estando al debe. Esto, gracias a la férrea oposición desplegada por la Alianza, la Iglesia y parte de la Concertación contra una reforma educacional que recogiera las principales demandas del movimiento, como la desmunicipalización, el fin de la selección y el lucro.
En noviembre de 2007 la Presidenta Michelle Bachelet y su entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, alzaban las manos en señal de triunfo por el acuerdo alcanzado con la Alianza para impulsar la Ley General de Educación (LGE) que reemplazaría a la Ley Orgánica de Educación (LOCE). Junto a ellas, sonrientes y también con las manos en alto, se encontraban Camilo Escalona, José Antonio Viera-Gallo, Carlos Larraín, Sergio Bitar, José Antonio Gómez, Hernán Larraín y Soledad Alvear.
Seis años después de la mítica escena, los principales ejes impulsados por la ‘revolución pingüina’, como poner fin al lucro, fortalecer el rol del Estado y terminar con la municipalización siguen siendo una deuda impaga para los estudiantes, que en 2011, y esta vez liderados por los universitarios, irrumpieron nuevamente exigiendo cambios.
Estos ejes, que siguen marcando agenda —basta ver la masiva movilización que el jueves inauguró las marchas estudiantiles, o destitución del ministro Harald Beyer, que se convirtió en una suerte de juicio al lucro— eran parte de la propuesta inicial presentada al Parlamento en abril de 2007 por la entonces mandataria. Ello, tras la presentación del Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, convocado por el gobierno para discutir las demandas del movimiento estudiantil.
Paralelamente la oposición presentó una contrapropuesta, dando inicio a una larga negociación que terminó por no incluir las emblemáticas demandas estudiantiles. Entre otras razones, por la presión desde la Alianza, sus centros de estudio y medios de comunicación que rechazaban tajantemente un cambio profundo del modelo. Rechazo que hizo necesario impulsar un acuerdo nacional que redundó en que en noviembre de 2007 se enviara un nuevo proyecto de LGE.
También jugó un rol importante la falta de consenso al interior de la propia Concertación en temas claves como el lucro y el financiamiento compartido. Asimismo la Iglesia Católica, que criticó duramente el proyecto original, especialmente lo referido a la selección y el fin al lucro de los establecimientos educacionales, lo que queda graficado en un documento enviado a El Mercurio en 2007 por el cardenal Francisco Javier Errázuriz, titulado “A nadie puede serle indiferente”.
[cita]Desde el gobierno los ministros de Hacienda, Andrés Velasco y de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo (PS) también influyeron en el alejamiento del espíritu original de la propuesta. Por una parte, el actual candidato presidencial junto al equipo económico del gobierno, según señaló el senador Alejandro Navarro a El Mostrador, “terminaron convenciendo a la Presidenta y a los partidos de la Concertación de que no había consenso político y tampoco los recursos necesarios para avanzar más”.[/cita]
Ricardo Núñez (PS), entonces presidente de la Comisión de Educación en el Senado, relata que “si bien es cierto que de las manifestaciones de los estudiantes nunca surgió una propuesta muy clara de cómo modificar la LOCE, todos entendíamos que habían algunos temas clave como la desmunicipalización, el término del lucro, el mejoramiento de la calidad o el fortalecimiento de la educación pública que debían estar”.
El ex parlamentario recuerda que “en el primer proyecto se recogieron prácticamente todas esas demandas. Las discrepancias surgieron porque la derecha entendía cosas distintas y no estaban dispuestos a conceder cambios sustantivos. Dentro de la Concertación, especialmente en sectores demócratacristianos, tales propuestas no calzaban con sus intereses. En particular, terminar con la municipalización, el lucro y fortalecer la educación pública”.
Según fuentes de la oposición, la ex ministra de Educación “Mariana Aylwin lideró el sector DC que no cuajaba con estos cambios, y jugó un rol importante para impedir un pronunciamiento más progresista de la DC”.
Entre los concertacionistas que habrían jugado un rol protagónico en el rechazo a un proyecto más reformador, se cuenta la influyente jefa de la División de Educación Superior (Divesup) de Ricardo Lagos, Pilar Armanet (PPD), quien, aseguran las mismas fuentes, “manifestó cero interés de incluir en el proyecto un capítulo sobre universidades, por lo que no hubo acuerdo en el gobierno de incorporarlo, y al final solo se remitió a la educación básica y media”.
En tanto, desde la Alianza, cuando se empezó a negociar el acuerdo educacional la postura fue tajante: se retiraban si se pretendía discutir sobre el lucro o el financiamiento compartido.
Núñez explica que “de ahí que en medio de las tratativas se fueron imponiendo las mayorías que fueron desdibujando el proyecto original de Bachelet y que al final aprobáramos una ley que a todas luces dejaba pendientes una serie de temas”.
Desde el gobierno los ministros de Hacienda, Andrés Velasco y de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo (PS) también influyeron en el alejamiento del espíritu original de la propuesta. Por una parte, el actual candidato presidencial junto al equipo económico del gobierno, según señaló el senador Alejandro Navarro a El Mostrador, “terminaron convenciendo a la Presidenta y a los partidos de la Concertación de que no había consenso político y tampoco los recursos necesarios para avanzar más”.
En tanto, Viera-Gallo se encargó de promover entre los parlamentarios oficialistas la necesidad de respaldar a la Presidenta en la aprobación de la iniciativa educacional acordada con la Alianza. Sobre todo en vista del negro escenario que enfrentaba Bachelet en aprobación: en septiembre de 2007 alcanzaba un magro 35 % según la Adimark, la peor hasta ese momento.
Entre los principales personeros de la derecha que discutieron y negociaron el proyecto de la LGE acordado con el gobierno de Bachelet, se cuenta el actual candidato presidencial de RN Andrés Allamand así como su correligionario Germán Becker, mientras que desde el gremialismo fueron el hoy ministro del Interior, Andrés Chadwick, José Antonio Kast, Marcela Cubillos y el entonces presidente de la UDI, Hernán Larraín. En el plano técnico el actual titular de la Segpres y en ese tiempo director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, fue el encargado de elaborar el proyecto de ley junto al asesor de Yasna Provoste y hombre clave del Mineduc, el DC Pedro Montt.En la práctica ambos eran los encargados de resolver los puntos en que no había acuerdo.
Más allá del Parlamento, hubo varios think thank ligados a la Alianza que estuvieron detrás del acuerdo que dio vida a la LGE, y que según afirman algunos parlamentarios, son los verdaderos autores intelectuales de la ley.
Uno de ellos es el Centro de Estudios Públicos (CEP), que participó activamente en la negociación a través de Harald Beyer —entonces su investigador— así como la coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc, Loreto Fontaine.
Think tank donde están representados los más poderosos e influyentes empresarios del país, partiendo por el presidente de su directorio, Eliodoro Matte Larraín, cuya hermana, la socióloga Patricia Matte Larraín es considerada la voz de la derecha en torno a temas de Educación, siendo una férrea defensora del lucro.
También participó el Instituto Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán, esta última vinculada a la UDI, así como el Instituto Libertad, cercano a Renovación Nacional.
En 2009, dos años después de que la LGE fuera enviada al Congreso, y mientras la demócratacristiana Mónica Jiménez era ministra de Educación, el proyecto de ley fue aprobado. Mientras toda la derecha lo votó a favor, entre la Concertación y los independientes hubo 12 votos en contra y 7 abstenciones.
Uno de ellos fue la diputada Clemira Pacheco (PS), que señala que “votamos en contra de la LGE porque no era lo que querían los estudiantes y los profesores, los cambios que se requerían en cuanto a des municipalización no estaban y el concepto de educación pública quedaba meramente en un par de frases en el proyecto pero no en un artículo que nos convenciera. No fue fácil porque hubo presiones de cómo le haríamos esto a la Presidenta”.
Pacheco recuerda que “se tranzó y se llegó a acuerdo con la derecha pero se exigió presentar un proyecto paralelo de reforzamiento de la educación pública. No quedó en nada. Yo dije que era lo peor que podían haber hecho. Creo que no fue lo más prudente porque muchos sabíamos que eso no se iba a dar porque no estaban las ganas de avanzar en este proyecto”.
