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Agustín Edwards E., el hombre más decisivo antes y después del Golpe

Enemigo de lo Público

por 11 septiembre, 2013

Enemigo de lo Público
Desde las oficinas de El Mercurio, en los años 60, se pensó el modelo económico neoliberal. En los 70, el propio Edwards conspiró con los Estados Unidos para derrocar a Allende. Sus hombres ejecutaron el desmantelamiento del Estado desde los puestos claves del régimen militar. Desde su diario se fraguó en los 80 el itinerario político post-dictadura, en estrecha alianza con los discípulos de Jaime Guzmán. Ya en los 90 varios personajes de la Concertación pasaron a la Corte de don Agustín. Esta es parte de la historia del hombre más poderoso de Chile, quien ahora deberá testificar en la causa que lleva el juez Mario Carroza por la conspiración que culminó en el 11 de Septiembre de 1973.
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Un día después del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, Luis Navarro Peña, de 43 años, decidió ir a comprar pan pese a que regía el toque de queda. El obrero, que era sordomudo, dirigió sus pasos al sector de Sierra Bella con Zanjón de la Aguada donde personal uniformado que patrullaba el lugar le ordenó detenerse, pero él no escuchó. Luis fue asesinado de un balazo.

Ese mismo día, a pocas horas de instalada la Junta Militar, un documento clave para el nuevo orden económico, vigente hasta hoy, ya estaba en los escritorios de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas.

“El Ladrillo” no había llegado allí por casualidad. Sus orígenes y el camino que siguió para convertirse en la hoja de ruta de la dictadura militar tiene directa relación con Agustín Edwards Eastman.

El patriarca del grupo Edwards y dueño de El Mercurio, que por estos días deberá prestar declaración como testigo en una causa que lleva el juez Mario Carroza que busca identificar a los instigadores del Golpe, no se encontraba en Chile en septiembre de 1973. El empresario se había autoexiliado inmediatamente después de que Salvador Allende ganara las elecciones el 4 de septiembre de 1970 instalándose en Estados Unidos.

Edwards movió sus hilos en las altas esferas del Tío Sam. Hilos que venía tejiendo desde mucho antes que la Unidad Popular (UP) se convirtiera en una piedra en el zapato y que tenían directa relación con el férreo respaldo a la economía liberal que ya desde mediados de los 50 El Mercurio había definido.

LOS MERCURIO BOYS

En 1955 la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) suscribía un convenio con la Universidad de Chicago que sería clave en la llegada de una nueva camada de economistas que, durante el gobierno de Pinochet, impusieron su modelo al país.

Así fue como los egresados que optaron por realizar su postgrado en Chicago, conocidos más tarde como 'Chicago boys', al regresar a Chile ocuparon cargos en la misma universidad y, según relata el historiador Ángel Soto en su libro El Mercurio y la Difusión del Pensamiento Político Económico Liberal, “comenzaron a expandir su influencia en los medios políticos y empresariales, difundiendo su pensamiento a través de diferentes órganos de comunicación. Entre ellos El Mercurio y la revista Qué Pasa”.

El abogado del grupo Edwards, Carlos Urenda, declara en el libro de Soto que “para nosotros la Escuela de Chicago garantizaba una orientación pro libre empresa y nuestro deber era sostenerla —más aún, cuando (…) todos los economistas que salían de las escuelas del país eran socialistas o estatistas. Le dimos así nuestro apoyo a la escuela pro libre empresa…”

Un año clave para la consolidación de esta línea económica fue 1968, cuando un grupo de los 'Chicago boys', bajo el alero de Agustín Edwards, fundó y financió el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESEC), que entre otras cosas durante la campaña presidencial del 70 contribuyó a la elaboración de un programa alternativo de gobierno para Jorge Alessandri. Eran los albores de “El Ladrillo”, que tomó forma definitiva en mayo de 1973.

Según relata Soto, la gestación de CESEC se dio “en algún momento del año 1964”, y estuvo vinculada a la elección de Frei. En ese tiempo “un empresario visionario, Agustín Edwards se acerca a varios economistas”.

Es el caso de Sergio de Castro, que pasó de encargado de la opinión editorial de la sección de Economía de El Mercurio durante la UP, a ocupar la cartera de Economía y de Hacienda de Pinochet. Luego, según detalla El diario de Agustín: Cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los Derechos Humanos, editado por Claudia Lagos, regresaría al poderoso medio para convertirse en asesor personal de Agustín Edwards y gerente del banco de la familia (de A. Edwards), hasta 1985.

Siguiendo la nueva línea de la Casa Blanca, liderada por Ronald y Nancy Reagan, en que la democracia debía ser la fórmula de los 90 para todos, El Mercurio logró lo imposible y a lo que se oponían la mayoría de los empresarios chilenos y, por supuesto, los militares. Según Otano “el rotativo de Agustín Edwards comenzó a hacer natural un discurso democrático, aunque con duras condiciones: una democracia con amnistía, con Pinochet, con modelo neoliberal, con senadores designados, con continuidad constitucional. Muchos de los sapos que las entusiastas fuerzas opositoras no se querían tragar. Pero El Mercurio era más fuerte”.

También estaba Pablo Baraona, presidente del Banco Central y ministro de Economía en la dictadura; Manuel Cruzat, empresario cuyo conglomerado llegó a representar el 5 % del PIB a fines de los 70, así como Javier Fuenzalida y Sergio Undurraga. Según Soto, surge “la idea de que hay que hacer algo frente al socialismo democratacristiano. Hay que defender los principios de la empresa privada y la economía de mercado”.

Para concretar la formación de este think tank, clave en las líneas que hasta hoy llevan la pauta económica del país y que se centran en la propiedad privada y un Estado subsidiario, Edwards llamó a Hernán Cubillos Sallato —entonces asesor ejecutivo de la presidencia de El Mercurio, luego integrante del consejo del diario, más tarde presidente, y a fines de los 70 ministro de Relaciones Exteriores—, quien formó equipo con Emilio Sanfuentes —sociólogo con un postgrado en economía de Chicago, y asesor de El Mercurio— y “con el entusiasta apoyo del principal abogado del grupo (Edwards), Carlos Urenda, entre otros, fundaron CESEC”, relata el historiador. De esta forma, se creó una herramienta “para la defensa de los principios de la libertad del mercado y de la eficiencia económica”.

Soto detalla que la vinculación con el Grupo Edwards se extendió también a El Mercurio. “Los economistas leían el diario, su editorial y pensaban que necesitaban más profesionales, pues su enfoque económico era rudimentario”.

Arturo Fontaine Aldunate —que fue director de El Mercurio entre 1978 y 1980 y más tarde embajador en Argentina (1984-1987)— señala al respecto que “Emilio Sanfuentes fue clave en esto de hacer más científica la parte económica de El Mercurio, CESEC se apoderó de esta parte económica e impulsó la Página Económica, esto fue una bomba en el medio chileno, porque no había pasado nunca”.

Simultáneamente al desarrollo de CESEC, el Grupo Edwards absorbió en sus empresas a estos “nuevos economistas” como asesores, consultores y ejecutivos. Según detalla el libro, Carlos Urenda y el grupo que ayudaba a financiar a los economistas de la Católica hicieron que se produjera una vinculación muy estrecha de estos con El Mercurio. Especialmente importante fue Emilio Sanfuentes, quien fue ayudante de la presidencia del diario y luego el segundo hombre de Hernán Cubillos durante la Unidad Popular.

Antes de la creación de CESEC, en junio de 1967, la economía liberal difundida por El Mercurio a través de sus editoriales se reforzó cuando el director del periódico, René Silva Espejo, decide “sistematizar la información económica a través de una página del diario”. Esta fue la Página Económica, que fue organizadapor Sanfuentes. En ella escribieron varios de los posteriores miembros del centro de pensamiento, como Adelio Pipino, Ernesto Fontaine, Pedro Jeftanovic y Pablo Baraona. Así como los posteriores ministros de Hacienda de Pinochet Rolf Lüders y Sergio de la Cuadra, quien también fue presidente del Banco Central.

Según señala Soto en su texto “lo interesante es ver cómo ideas que hoy son, en principio, de aceptación general en materia económica, en el mismo gobierno de Frei ya estaban y en esta sección económica se difundieron públicamente como algo pragmático de lo que ellos consideraban como lo más conveniente para el país”.

MARINOS Y ECONOMISTAS

Un año antes de que se formara el CESEC, en agosto de 1967, se constituía otra organización que tuvo un rol clave como puente en la transmisión del proyecto económico de los 'Chicago boys' y Agustín Edwards hacia la línea de mando de la dictadura: La “Cofradía Náutica del Pacífico Austral”.

Allí convergieron marinos y empresarios. Entre sus fundadores se contaba el mismísimo Edwards junto a varios de sus colaboradores, como Hernán Cubillos —oficial de la Armada en retiro, y entonces asesor ejecutivo de la presidencia de El Mercurio—, Roberto Kelly, oficial en retiro de la Armada, y administrador de los negocios del grupo Edwards. Seis años después, un día después del golpe militar, Kelly asumía como director de Odeplan, que fue el semillero de las reformas económicas de la dictadura y de sus cuadros técnico-políticos como Joaquín Lavín, Miguel Kast y Ernesto Silva Bafalluy. Kelly, en 1978 y tras dejar el cargo se convertiría en ministro de Economía.

Otro de los formadores de la Cofradía, pero por parte de la Armada, fue el futuro comandante en Jefe de la institución, impulsor decisivo del Golpe y miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino.

Según relata Mónica González en La ConjuraHernán Cubillos señaló en 1996 en la revista Qué Pasa, que “la Cofradía nace como una inquietud que teníamos fundamentalmente Roberto Kelly, Agustín Edwards y yo de crear una especie de punto de encuentro de los civiles a los que nos interesaban las cosas del mar con marinos profesionales. La evolución hacia los temas políticos fue un proceso natural a medida que se agravaba la situación del país. De ese club fue naciendo una relación que nos permitió ir pasando información a las Fuerzas Armadas e ir recibiendo nosotros sus inquietudes”, agregando que quien tenía muchos contactos con el Ejército y la Fuerza Aérea era el entonces director de El Mercurio, René Silva Espejo. “El jugó un papel importante en la coordinación del Golpe”.

La periodista detalla en su libro que la afinidad política y complicidad que nació en la Cofradía Náutica, “sería determinante para la planificación del Golpe y de los programas económicos que se impondrían una vez instaurado el régimen militar”. Como dato ilustrativo “Merino sería designado Comodoro de la Cofradía, en reemplazo de Agustín Edwards, cuando éste partió a los Estados Unidos”.

Inmediatamente producido el Golpe, es la Armada la que toma el manejo del área económica del régimen, lo que no es ninguna casualidad.

La explicación “oficial” de José Toribio Merino, según una entrevista dada a la periodista Malú Sierra, era que “acababa de ser director General de los Servicios de la Armada, lo que equivale a ser gerente general de la Marina y siempre me había gustado la economía. La había estudiado como hobby. Había seguido cursos en la enciclopedia británica”.

La verdadera razón está directamente ligada a los profundos vínculos entre actores fundamentales de la Armada y el mundo empresarial, personificado en Agustín Edwards, que veía en los planteamientos de los 'Chicago boys' la fórmula económica que había que imponer en el país.

A fines de 1972 empresarios y altos oficiales de la Armada “habían comenzado la confección del plan económico que se implantaría una vez derrocado el régimen de Allende”, detalla La Conjura.

El encargado de la misión fue el administrador de negocios del grupo Edwards, Roberto Kelly, quien “se compromete a presentarles un plan y recurre a su amigo Emilio Sanfuentes Vergara, vinculado también al grupo Edwards y colaborador estrecho de Hernán Cubillos (…) Tres hombres tienen importancia primordial en la gestación de ese plan: Sergio Undurraga, el dueño de casa, pues la base fue su oficina de asesoría para la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que preside Orlando Sáenz, Emilio Sanfuentes, que aporta la vinculación empresarial, nacional y gremialista, además de su acercamiento a los marinos y de su enorme capacidad para movilizar esfuerzos; y Álvaro Bardón, el contacto más eficaz con los economistas demócrata cristianos”, relata el ex director de El Mercurio, Arturo Fontaine Aldunate en su libro Los Economistas y el Presidente Pinochet.

En mayo de 1973, Kelly convocó al grupo de 10 economistas que trabajaba en “El Ladrillo”: en cinco páginas se resumieron los conceptos fundamentales “que deberían inspirar al régimen militar que se iniciaría después del Golpe de Estado. A partir de ese momento, los economistas se abocaron al diseño minucioso del nuevo esquema, capítulos que serían devorados por los marinos de la conspiración”, detalla la investigación de Mónica González.

De esta forma, el programa presentado en la campaña de Alessandri, terminó de cobrar vida en manos de los mismos personajes, pero ahora estrechamente ligados a la Armada, a El Mercurio y por supuesto a Edwards.

LA CIA

Para lograr imponer el proyecto económico que defendía el equipo de Edwards era necesario terminar con el gobierno de la UP, que representaba la excusa perfecta para reordenar el país. Para ello, el dueño de El Mercurio no dudó en aliarse con Estados Unidos y aunar esfuerzos para desestabilizar al gobierno de Allende.

Para el investigador estadounidense Peter Kornbluh, Agustín Edwards fue “el colaborador más importante según la CIA para crear las condiciones para un Golpe de Estado aquí en Chile”.

El académico maneja datos suficientes: dirige la sección Chile del National Security Archive, y es autor de diversos libros donde se desclasifican documentos relativos al rol de Estados Unidos y el Golpe de Estado chileno. En 2003 su investigación “The Pinochet File” fue elegido por Los Ángeles Times como el “libro del año”.

Pero es en el libro Los Estados Unidos y el Derrocamiento de Allende, donde Kornbluh ahonda en el crucial papel que jugó Agustín Edwards y El Mercurio a la hora de sentar las bases, “en los esfuerzos por conseguir que Richard Nixon fijara su atención en la idea de impulsar un Golpe Militar”.

Según el libro del académico, inmediatamente después del estrecho triunfo de Allende, “Edwards comenzó a hacer lobby con los oficiales estadounidenses en Santiago, con el fin de que iniciaran una acción militar”.

Como no tuvo resultados, partió a Estados Unidos, donde a través de su amigo Donald Kendall, gerente de la Pepsi-Cola y uno de los amigos más íntimos del Presidente Nixon, consiguió una entrevista. La mañana del 15 de septiembre, 11 días después de que Allende ganara las elecciones, el asesor de seguridad de Nixon, Henry Kissinger, y el fiscal general John Mitchell desayunaron con él.

La siguiente cita fue con el director de la CIA, Richard Helms, en la que según un archivo desclasificado, se discutió “la oportunidad para una posible acción militar”.

El 24 de octubre de 1970, el Congreso ratificó a Allende. Decisión que impulsó a la CIA a diseñar operaciones encubiertas para debilitar al nuevo gobierno. Uno de los ejes era apoyar ciertos periódicos. El más importante: El Mercurio.

Entre 1970 y 1973 la CIA aportó “millones de dólares y escudos chilenos a acciones encubiertas intensivas para minar el gobierno de Allende”. En el caso del diario de Edwards ejecutaron un programa propagandístico, en lo que se denominó “proyecto El Mercurio” por casi US$ 2 millones.

De esta forma, durante la década de los 70 la CIA destinó fondos “colocando reporteros y editores en su nómina de pagos, redactando artículos y columnas para su publicación, y proporcionando fondos adicionales para otros gastos operativos”.

Auspicios que se reflejaban en los virulentos artículos que el medio publicaba contra la UP. La investigación de Kornbluh señala que “en septiembre de 1971, un emisario de la empresa El Mercurio solicitó a la CIA apoyo encubierto por un total de un millón de dólares”. Según un informe de la Agencia,  el diario enfrentaba problemas económicos, lo que podría conllevar su cierre. El 14 de septiembre, Nixon autorizó personalmente la entrega de US $ 700 mil. Un par de semanas después Kissinger aprobó el traspaso de US$ 300 mil adicionales. Seis meses después, la CIA entregó otros US$ 965 mil, “pago encubierto que totalizaría aportes por US$ 1,95 millones al diario en menos de un año”.

Estos fondos serían utilizados para el pago de un préstamo y cubrir déficits operacionales, entre otros ítems.

En los 70 El Mercurio contó con otros auspicios. La multinacional ITT, principal colaborador corporativo de la CIA en Chile, habría realizado depósitos bancarios por otros US$ 100 mil, depositados en una cuenta en Suiza.

En su libro, Kornbluh señala que “sustentado en el flujo masivo de financiamiento encubierto, el imperio mediático de Edwards llegaría a ser uno de los actores más prominentes en el derrocamiento de la democracia chilena. Lejos de ser un mero difusor de noticias, El Mercurio se posicionó como la punta de lanza de la agitación organizada contra Allende”.

Es más, la CIA aseveró que el medio de Edwards “desempeñó un papel importante en la preparación de las condiciones necesarias para el Golpe militar del 11 de septiembre de 1973”.

De esta forma, y sin siquiera estar presente en Chile, donde habría vuelto a instalarse definitivamente a fines de 1975 según el libro “Cara y Sello de una Dinastía”, de Mónica Echeverría, Edwards lograba una victoria decisiva para el control de los destinos del país.

LA PUERTA GIRATORIA GOBIERNO-MERCURIO

“Los medios de comunicación podían haber investigado la realidad en materia de derechos humanos con mucho más rigor, y no quedarse con la versión oficial del gobierno militar". Las críticas del Presidente Sebastián Piñera sobre el rol de la prensa y en el contexto de la conmemoración por los 40 años del Golpe, fueron vistas como una alusión a los medios de Edwards, que no fueron intervenidos por los militares —como TVN— y que valieron la respuesta del matutino en su editorial del domingo.

Lo cierto es que titulares del estilo “Exterminan como Ratas a miristas”, del vespertino La Segunda en 1975, o “Detenidos Desaparecidos, sumergidos voluntariamente”, publicado en marzo de 1988 mientras Joaquín Lavín era editor de informaciones, o publicaciones que seguían el amén a montajes orquestados por la dictadura, como el asesinato del español Carmelo Soria, marcaron la presencia del periódico en materia de Derechos Humanos durante el régimen militar.

Pero más allá de lo periodístico, la puerta giratoria de personeros clave desde las oficinas del diario y la primera línea de poder del régimen es notable.

Por mencionar algunos casos, durante la UP Sergio de Castro era encargado de la opinión editorial de Economía de El Mercurio. Luego ocupó las carteras de Economía y de Hacienda con Pinochet, tras lo cual volvería al Decano para transformarse en asesor personal de Edwards y gerente de su banco. De Castro ha ocupado cargos directivos en la Universidad Finis Terrae, propiedad de Los Legionarios de Cristo, orden religiosa a la que Edwards es cercano.

El abogado Hernán Felipe Errázuriz fue fiscal y presidente del Banco Central, ministro de Minería, de Relaciones Exteriores, secretario general de gobierno y embajador en los Estados Unidos. Paralelamente el abogado de Pinochet en Londres redactaba editoriales para El Mercurio.

En el caso del actual senador por la UDI Jovino Novoa, pasó directamente de la Subsecretaría General de Gobierno a jefe de informaciones de El Mercurio en 1982.

El ex ministro de Hacienda y luego de Interior, Carlos Cáceres, llegó a colaborar a El Mercurio luego de la transición, así como el ex ministro del Interior y luego senador designado Sergio Fernández, cuyo hijo Álvaro Fernández, es actualmente uno de los subdirectores de El Mercurio.

El generalísimo de Evelyn Matthei y ex ministro de Educación de Piñera, Joaquín Lavín, que fue uno de los 77 asistentes al acto de Chacarillas, trabajó como asesor en Odeplan durante la dictadura y fue designado como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción. A principios de la década del ’80 aterrizó como editor fundador de Economía y Negocios, transformándose después en editor de informaciones del diario de Edwards.

En tanto, el ministro de Economía de Pinochet, Fernando Léniz, ad portas del Golpe fue gerente y luego presidente de El Mercurio.

Los nombres son muchos. Enrique Montero Marx, Álvaro Bardón, Andrés Passicot, Hernán Cubillos, Arturo Fontaine Aldunate, Rolf Lüders, Sergio de la Cuadra, Roberto Kelly, son algunos de los que jugaron en ambos lados del tablero durante la dictadura: el gobierno y El Mercurio.

También Importantes miembros del gremialismo, como el ex presidente de la UDI, Hernán Larraín, engrosaron las redes de Edwards durante ese período. En 1986, Larraín, que ejerció diversos cargos en la PUC, se desempeñó como editor del Cuerpo de Reportajes.

La relación de Jaime Guzmán y sus hombres con Edwards fue clave para dar fuerza a la proyección jurídico-política del régimen, pues los ideólogos tras la revolución neoliberal sostenían que era fundamental que el gobierno militar se perpetuara por un largo tiempo en el poder para consolidar el nuevo sistema. Por eso los gremialistas, en el peor momento de su relación con Pinochet —cuando Onofre Jarpa asumió el ministerio del Interior y propuso romper con el dogma económico de Chicago—, se refugiaron ordenadamente en el diario de Avenida Santa María.

La madre de Guzmán, doña Carmen Errázuriz Edwards, era medio pariente de don Agustín. Guzmán solía señalar que “en todo aquello en que no tenía opinión propia, hacia suya la opinión de El Mercurio”.

El ex columnista del periódico por casi medio siglo, Hermógenes Pérez de Arce, señala que la relación del medio con el gobierno de Pinochet “no tenía nada de particular. Era la misma que hay en un diario con cualquier gobierno. Los directores siempre han hablado con ministros y presidentes, y sigue siendo igual”.

Como ejemplo, detalla que “Jorge Alessandri a veces hasta mandaba artículos y también tenía una estrecha relación con el director de ese tiempo, René Silva Espejo. Frei también”.

En el caso de Pinochet, explica Pérez de Arce, “él tenía más bien personas que se entendían con la prensa. Como Francisco Javier Cuadra, que en los 80 tuvo dificultades con el diario, porque  una vez dio información, relativa a desórdenes cuando vino el Papa, que El Mercurio acogió y se querellaron con el diario por eso. (…) Cuadra entregó material y después dijo que no lo había hecho”. Edwards estuvo procesado por ese episodio y significó la cruz para Cuadra en el periódico.

LOS AGUSTIN BOYS EN LA CONCERTACIÓN

Pero el “club de amigos” de Edwards no se ha limitado solamente a personalidades ligadas a Pinochet y la derecha. Influyentes figuras de la Concertación también se convirtieron en parte de sus redes.

El propio Presidente Ricardo Lagos señalaba en el centenario del periódico, el año 2000, que “es difícil entender la historia de Chile sin El Mercurio”.

Y es cierto. A través de la Fundación Paz Ciudadana, de la que Edwards es fundador y presidente —y donde logró imponer el concepto de seguridad pública por sobre el de justicia en materia de delincuencia— ha llegado a amplios sectores. En el directorio actual de la entidad, fundada tras el secuestro de su hijo Cristián a manos de extremistas del FPMR, se puede ver a la senadora Soledad Alvear (DC), a los ex ministros Edmundo Pérez Yoma (DC), y Sergio Bitar (PPD), quien ocupa el cargo de vicepresidente y secretario, o al consultor estratégico Eugenio Tironi. Pérez Yoma de hecho es amigo personal de Edwards, pues comparten afición por el velerismo. La hija periodista del ex ministro, Elisa Pérez Vergara, trabajó en El Mercurio.

El acercamiento de Edwards con la oposición a Pinochet, a quien fue a visitar con su esposa Malú del Río mientras éste se encontraba arrestado en Londres, empezó a gestarse a mediados de los 80. Según se relata en el libro “Crónica de la Transición” del periodista Rafael Otano, “los diarios de los Edwards se fueron abriendo gradualmente a la gente de la oposición. Personajes como Silva Cimma, Patricio Aylwin, Ricardo Núñez, Ricardo Lagos, fueron adquiriendo existencia, para mucha gente, a través de sus páginas. Como sin sentirlo, los espacios informativos se poblaron de noticias de personas enemigas a la dictadura. En las columnas aparecieron firmas hasta hacía unos años denostadas”. De esta forma, y “en un lentísimo movimiento de timón, la flotilla mercurial comenzó a alejarse del rumbo del generalísimo”.

Siguiendo la nueva línea de la Casa Blanca, liderada por Ronald y Nancy Reagan, en que la democracia debía ser la fórmula de los 90 para todos, El Mercurio logró lo imposible y a lo que se oponían la mayoría de los empresarios chilenos y por supuesto los militares. Según Otano “el rotativo de Agustín Edwards comenzó a hacer natural un discurso democrático, aunque con duras condiciones: una democracia con amnistía, con Pinochet, con modelo neoliberal, con senadores designados, con continuidad constitucional. Muchos de los sapos que las entusiastas fuerzas opositoras no se querían tragar. Pero El Mercurio era más fuerte”.

“De esta forma —relata el texto—, la transición del gobierno de Aylwin sorprende a El Mercurio en un excelente momento empresarial, con competidores sin ideas fijas. El panorama le era tan favorable que se puso a oficiar de árbitro —por encima del bien y del mal— de la nueva etapa, sin que nadie le pusiera ninguna objeción. Paradójicamente los mismos que en los años 60 habían fomentado el eslogan ‘El Mercurio miente’, ahora lo aceptaban casi sin reservas. Entonces el diario de los Edwards era considerado el enemigo más sólido para la transformación político-social. Se lo acusaba de ser la mano larga del Tío Sam. (…) Pero ahora treinta años más tarde sus antiguos impugnadores se aliaban gozosamente con él. Lo curioso es que nunca se desdijeran de nada. Todo aquel pasado no existía”.

A la llegada de la democracia, las oficinas mercuriales se habían convertido “en una silenciosa y telemática máquina de poder. Allí, el dueño de El Mercurio acogió, en una especie de gabinete en el exilio, a personalidades tales como Sergio de Castro, Hernán Felipe Errázuriz, Enrique Montero Marx, Carlos Cáceres, Sergio Fernández, y otros viudos de poltronas ministeriales. Allí se pensaba en Chile, con la conciencia que tiene El Mercurio, lo mismo que The Times, que ellos hacen la historia y la historia no los hace a ellos”, detallaba Otano.

Al mismo tiempo se había convertido en “la pasarela por excelencia donde los políticos de casta deseaban mostrar sus encantos. Así que hubo contactos Ejecutivo-Mercurio, que cuajaron en un intercambio habitual de favores. La Secretaría General de Gobierno inició una relación cordial con los reporteros del decano, y especialmente con los periodistas del dominical Cuerpo D. Blanca Arthur —editora del cuerpo de Reportajes— tenía trato habitual con el ministro Enrique Correa y (la periodista) Pilar Molina despachaba con Eugenio Tironi. Implícitamente se hizo un pacto de no agresión. El Mercurio trató con pinzas al gobierno y solo mostró auténtica severidad al erigirse en celador del modelo económico”. Ambos cerebros concertacionistas han sido columnistas del diario de Edwards.

RESCATANDO AL SOLDADO EDWARDS

El sitial de poder adquirido por El Mercurio, se aprecia en el rescate del que fue objeto por parte del Gobierno Militar, que terminó perdiendo millones de dólares del Fisco por favorecer al diario de los Edwards.

Ad portas de la llegada de la democracia, a fines de 1989, las alarmas empezaron a encenderse en torno al enorme número de créditos que mantenían con el Banco del Estado los dos principales medios escritos alineados con el régimen: El Mercurio y La Tercera.

Principalmente por el amarre político que implicaba que un banco estatal tuviera el sartén por el mango, a través de las deudas de ambos. Para evitarlo las autoridades del Banco del Estado, con Álvaro Bardón a la cabeza, fraguaron una operación que tuvo como consecuencias un pésimo negocio para las arcas fiscales.

Este no sería el primer salvataje que el gobierno de Pinochet brindó a Edwards. Según relata el ex presidente del Banco Central, Andrés Sanfuentes, tras la fuerte crisis de 1982, El Mercurio y Copesa “quedaron en una pésima situación económica. Y obviamente el gobierno acudió en ayuda de ellos”.

Según consta en Chile Inédito: el periodismo bajo democracia de Ken Dermota, en 1985 El Mercurio mantenía deudas de 100 millones de dólares. La exorbitante cifra, tenía origen en que El Mercurio S.A.P. “se había excedido al pedir prestada 'plata dulce' cuando el dólar estaba a 39 pesos. La devaluación del peso, la subida de la tasa de interés y la caída de los ingresos publicitarios habían llevado la deuda de El Mercurio a 100 millones de dólares”.

El año anterior, en 1984, Augusto Pinochet en persona, junto a su ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, se reunían periódicamente con Edwards para buscar una solución. En ese momento eran empleados de Edwards Sergio de Castro y el ex ministro del Interior Enrique Montero Marx, quien se desempeñaba como consejero legal de El Mercurio y otros negocios del grupo.

Montero, abogado que permaneció al servicio del régimen hasta agosto de 1983, tras lo cual aterrizó en las oficinas de El Mercurio donde se desempeñócomo asesor legal del directorio, tuvo por años una oficina justo al lado de la de Agustín Edwards en Santa María de Manquehue.

Mano derecha y muy cercano a Edwards, fue el nexo entre la familia y el gobierno de Patricio Aylwin durante el plagio de su hijo, Cristián. Según explica el ex columnista Hermógenes Pérez de Arce, Montero “era abogado, asesor y amigo” de Edwards.

El ex subsecretario, quien tomó juramento el 11 de septiembre de 1973 a Pinochet y los demás integrantes de la Junta Militar, fue procesado en 2005 por el juez Juan Guzmán en el marco del caso Operación Colombo, por complicidad y cooperación en el secuestro calificado de cuatro detenidos desaparecidos, lo que fue revocado por la Corte de Apelaciones.

La cercanía de Montero con el régimen era total. Según un diálogo reproducido en La Historia Oculta del Régimen Militar de Ascanio Cavallo, Óscar Sepúlveda y Manuel Salazar, cuando Pinochet anunció la convocatoria de un plebiscito para manifestar el repudio hacia la condena de la ONU, en 1976, por las violaciones de los derechos humanos, el entonces general Montero señaló al general Gustavo Leigh, que los votos en blanco, se contabilizarían como “Sí”. Esto, porque aseguraba, “se presume que el voto en blanco constituye aprobación por parte del requerido”. Este era el tipo de servicios que Montero prestaba a la dictadura.

Ahora, desde El Mercurio, daba la mano a su amigo Edwards. Fue así como, según detalla Ken Dermota, Montero y de Castro, “articularon un trato con tres bancos comerciales controlados por el régimen. Dos habían sido intervenidos por el Estado y el tercero, el Banco del Estado, era propiedad del fisco. El negociador por parte del Banco del Estado era su vicepresidente, Andrés Passicot, socio en la empresa consultora Géminis e integrante de las filas mercuriales a través del Consejo editorial, con Álvaro Bardón”, uno de los ideólogos tras El Ladrillo y con profundos vínculos en El Mercurio.

El trato fue enormemente ventajoso para los medios de Edwards, que en esa época sumaban 14 diarios en provincias, más el vespertino La Segunda y Las Últimas Noticias, dominando todo el panorama nacional.

En suma se seguía operando normalmente y no tendría que venderse ninguno de los bienes adquiridos en los buenos tiempos. Además, no se dejaba de controlar la cadena de diarios que controlaban en el sur y que sumaban cuatro. En tanto, la empresa editora e imprenta, Publicaciones Lo Castillo, filial de El Mercurio, instaló una planta de impresión a 20 millones de dólares. Según detalla el libro de Dermota, “en los escritos de incorporación a la empresa aparece una pequeña enmienda, casi ilegible en los márgenes: el nombre de Sergio de Castro fue agregado a la lista de directores de Publicaciones Lo Castillo, en 1989”.

El convenio no permitía a El Mercurio comprar lo que no pertenecía a su giro periodístico y editorial, y tenía que pagar el 30 % de su deuda en 10 años. Lo mejor, garantizaba a Edwards el control total de la línea editorial del diario.

Además, se le dio un período de gracia de cuatro años antes de empezar con los pagos. Y con tasas de interés muy bajas: las tasas del mercado analizadas, eran en promedio un 4,59 por ciento más alta, según detalla el libro. “El Banco del Estado absorbió las diferencias, por supuesto. El costo total de los cargos por los 13 años de contrato dependería de la capacidad de pago de El Mercurio”.

Aunque el gobierno jamás aclaró cuánto dinero había regalado el Estado a El Mercurio y Copesa, sí se sabe que el periódico mismo, no se hizo cargo del grueso de la deuda, ya que Edwards utilizó sus otras empresas como resguardo.

“Estas eran empresas de papel, cuyo único propósito era endeudarse. Todo el mundo hacía eso entonces”, señalaba a Dermota Álvaro Bardón. El mismo que presidiendo el Banco del Estado en 1989, fue el cerebro tras la fórmula para evitar que El Mercurio cayera bajo el control del próximo gobierno liderado por Patricio Aylwin.

LA OPERACIÓN BANCO DEL ESTADO

“Al fin del gobierno de Pinochet, cuando triunfa Aylwin, para algunos implica que vienen las hordas a destruir la acción de la dictadura, se cuestiona todo. Obviamente si las dos principales cadenas periodísticas estaban en manos del Banco del Estado, a través de estos millonarios créditos, la presión política que podría ejercer el Banco del Estado y el gobierno sobre ellos, creó un verdadero terror dentro de la derecha, de los que administraban el banco y de los propios medios”, explica el ex director del Banco Estado, Andrés Sanfuentes.

Sanfuentes, que sucedió en el cargo a Álvaro Bardón en marzo de 1990, detalla que la fórmula para este nuevo salvataje para El Mercurio-Copesa, ahora político, se centró principalmente en trasladar los créditos que mantenía en el Banco del Estado a la banca privada.

Para ello se utilizaron operaciones SWAP, es decir canje de carteras. Lo que en términos simples es una suerte de trueque. El valor de la cartera cedida es igual al valor de la cartera recibida. En la práctica el negocio resultó desastroso para el fisco, principalmente porque el  Banco cedió numerosas y cuantiosas acreencias, a cambio de una serie de créditos, a los que se le asignó falsamente un valor equivalente.

En 1990 el ejecutivo estimó, según el libro de Ken Dermota, que la operación de Bardón —que inició el 27 de diciembre de 1989, terminando dos días antes de que llegaran las nuevas autoridades— para favorecer a ambos medios tuvo pérdidas para el banco estatal, que en ese tiempo llegaban a los 26 millones de dólares.

Bardón, que falleció en 2009, mantenía fuertes vínculos con El Mercurio: entre 1973 y 1987 fue redactor y columnista, en 1982 fue el director creador de lo que luego sería la sección Economía y Negocios y en los 90, tras el salvataje político al periódico, volvió a escribir en sus páginas.

Las millonarias pérdidas que sufrió el banco se deben, según explica Sanfuentes, a que “a esas alturas, el año 90, El Mercurio y La Tercera se habían recuperado económicamente, no eran malos clientes. Entonces eran créditos que se estaban pagando regularmente. Pero a cambio recibe una cartera de muy mala calidad, cuyo valor nominal, era equivalente al otro, pero la cobrabilidad era muy incierta, porque eran créditos de mala calidad, entonces no iban a ser pagados. Tanto así que incluso eran carteras castigadas, que después resultaron incobrables”.

En suma, ilustra el economista, “los bancos se desprendieron de carteras que para ellos o eran muy malas o tenían problemas específicos (…) Entonces eran puros cachos los que llegaban, porque tenían problemas políticos u otro tipo de dificultades. Eso, los que tenían algún valor económico. Había otros que eran podridos y algunos que eran carteras relacionadas, o sea que eran créditos otorgados a personas relacionadas con los dueños de los propios bancos”.

Esto no fue todo. Banco del Estado además compró por adelantado espacios publicitarios por los siguientes diez años, lo que permitió descontar 1,8 millones de dólares de las deudas que mantenía Edwards. También le permitió calificar para un préstamo del Citibank por 6,8 millones de dólares.

Para Sanfuentes “por supuesto el Banco del Estado perdió, porque en el fondo estos contratos eran imposibles de ocupar y por lo tanto no se iban a cobrar”.

En medio de estos nefastos resultados para el fisco, las nuevas autoridades del Banco estatal interpusieron una querella en 1990 contra sus antecesores en la entidad financiera: Álvaro Bardón, el brigadier general Osvaldo Ramón Palacios Mery, el general Osmán Flores Araya y Jorge Ilabaca Carvacho.

Según Sanfuentes “había gente en el gobierno que preguntaba qué sentido tiene echarnos encima a los dos medios principales. Encuentro razón que hayan hecho esas prevenciones. Nosotros en el comité ejecutivo no teníamos otra alternativa que insistir en el gobierno que aquí había un perjuicio para el banco y que había que tomar acciones legales. Esto llegó a tanto que al final el que cortó el queque fue don Patricio Aylwin, que tomó la decisión política y nos dijo: procedan”.

La situación fue compleja para Sanfuentes, ya que “Bardón era amigo mío. Muy amigo mío. Fue una de las cosas doloras que me ha tocado en la vida haberme querellado contra Álvaro Bardón. Pero yo era el presidente del Banco y tenía que hacerlo”.

Pero la investigación llevada por el entonces juez del Quinto Juzgado del Crimen, Alejandro Solís, que sometió a proceso a la plana mayor del banco, declarando reos a todo el comité ejecutivo, no terminó con ninguna sentencia. Según describe Dermota “algunos fueron arrestados —entre ellos Bardón— pero ninguno fue sentenciado, a pesar de un expediente de pruebas de 40 centímetros de grosor”.

Esto, porque en diciembre de 1991 la Corte Suprema acogió un Recurso de Amparo presentado por los abogados defensores, entre ellos Pablo Rodríguez Grez —fundador de Patria y Libertad y que deberá testificar en el caso llevado hoy por el juez Carroza que busca identificar a quienes participaron en el Golpe— que revocó las órdenes de detención, anteriormente ratificadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, contra estas autoridades y dos consultores externos.

Por tres votos a favor, de los jueces Hernán Cereceda —destituido en 1993— Leonel Beraud y el abogado integrante Luis Fernández, Bardón y sus colegas no tuvieron que rendir cuentas por esta historia. “Fue un supremazo que dejó sin efecto lo dictaminado por el juez Solís. Y lo que la Corte de Apelaciones había resuelto”, señala una fuente ligada al caso.

Aunque las autoridades del banco intentaron apelar, la Corte Suprema fue inflexible. Poco tiempo después de salir en libertad, Álvaro Bardón volvió a su trabajo como editorialista de El Mercurio.

Tras este episodio, la cadena mercurial siguió consolidándose durante el gobierno de Patricio Aylwin “hasta sobrepasar los 2 mil empleados, con los mejores sueldos del mercado, y las más apetecibles posibilidades de capacitación y de promoción interna. En 1992 la empresa alcanzó el cénit de su éxito con utilidades de 9 mil millones de pesos, correspondientes a ese ejercicio”, detalla  Otano.

Seis años después, y con motivo del cierre del diario La Época, El Mercurio publicaba en su página editorial del 30 de agosto de 1998 su rechazo a que el Estado “desplegara recursos para asegurar su funcionamiento, tal como lo requirieron sectores políticos y de profesionales de la información, pues ello habría derivado inevitablemente en desaconsejables intervencionismos oficialistas".

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