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Derecha pierde control de AC contra Grau y deja veredicto en ruleta rusa del PDG y liberales
La derecha enfrenta desmarques en RN y Evópoli con al menos cuatro diputados que se alejan o rechazan el libelo, mientras el PDG se mantiene dividido y los liberales piden libertad de acción, dejando la definición de la acusación contra Grau en un escenario abierto.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, entró en su tramo más delicado y, para incomodidad de sus impulsores en la derecha, ya dejó de ser un escenario de conteo relativamente ordenado para transformarse en una votación abierta, cruzada por desmarques y bancadas sin disciplina clara. Lo que hasta hace poco parecía un trámite con mayorías previsibles hoy depende de un puñado de votos que se mueven entre la indefinición y la negociación política de última hora.
En la comisión revisora de la Cámara, la defensa encabezada por el abogado Patricio Zapata —con el respaldo técnico del exministro Mario Marcel— ha intentado instalar una idea simple: aquí no hay infracción constitucional, sino diferencias en proyecciones económicas y criterios de estimación fiscal. Pero ese debate jurídico, aunque relevante, quedó rápidamente subordinado a lo que ocurre fuera de la sala: el comportamiento de las bancadas y el ordenamiento de fuerzas en la Sala.
En ese tablero, la derecha ya no exhibe la solidez que esperaba. RN y Evópoli comenzaron a mostrar fisuras internas, con parlamentarios que directamente se alejan del libelo o lo rechazan, empujados en parte por la tesis planteada por la exconstitucionalista Marisol Peña, quien ha insistido en que no existe un deber constitucional de exactitud absoluta en las proyecciones fiscales y que no se puede construir responsabilidad política donde no hay infracción clara. Esa interpretación terminó por abrir un espacio incómodo en RN, al punto de que la colectividad optó por liberar a sus diputados para votar según convicción personal, una señal que en la práctica equivale a admitir que no hay control total del resultado.
En concreto, según consigna hoy La Tercera, el diputado Andrés Celis ya adelantó que rechazará la acusación, sosteniendo que no ve “actuar doloso” en la conducta atribuida al exministro. Su argumento es clave porque introduce una distinción política-jurídica que erosiona el eje del libelo: una cosa es mala gestión, otra es causal constitucional de destitución.
En el bloque de derecha, que en la suma total reúne 76 diputados, ya se identifican al menos cuatro parlamentarios que han tomado distancia del libelo o directamente lo rechazan: Ximena Ossandón (RN), Tomás Kast (Evópoli), Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (independiente ex Demócratas), todos parte del comité RN–Evópoli.
PDG y Liberales
Pero el verdadero punto de quiebre no está en la derecha tradicional, sino en los bloques intermedios que hoy funcionan como árbitros del desenlace. En el Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi volvió a marcar distancia del debate técnico, insistiendo en que la acusación es un juicio político y no económico, y cuestionando el desempeño fiscal de los últimos años. Sin embargo, su bancada sigue lejos de una definición cerrada: hay votos comprometidos, otros en duda y una decisión que se tomará prácticamente sobre la hora, lo que convierte al PDG en un factor decisivo para cualquier escenario.
A ese cuadro se suma el Partido Liberal, donde los tres diputados de la bancada solicitaron libertad de acción para votar el libelo, una movida que fue rechazada por la directiva pero que en los hechos expone lo mismo: ausencia de una línea única. La tensión entre autonomía parlamentaria y conducción partidaria deja a ese grupo también dentro del segmento de votos impredecibles.
“Testigo clave”
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Grau volvió a concentrar este jueves la atención en la Dirección de Presupuestos (Dipres), luego de que su director, José Pablo Gómez, fuera emplazado como pieza central del expediente por la defensa encabezada por el abogado Patricio Zapata.
Zapata lo calificó como “testigo clave”, argumentando que entre el 80% y 90% de las observaciones del libelo se sustentan en el informe fiscal del primer trimestre de 2026, y pidió precisiones sobre eventuales fallas metodológicas y responsabilidades, en medio de un sumario abierto en el Ministerio de Hacienda.
Gómez respondió con cautela: afirmó que la investigación aún no permite establecer causas ni responsables de las discrepancias detectadas en las proyecciones fiscales, insistiendo en que el análisis es técnico y sigue en desarrollo, sin plazos ni resultados definidos.
En paralelo, el exministro Mario Marcel reforzó la tesis de la defensa al sostener que las diferencias de proyecciones macroeconómicas entre administraciones son habituales y no necesariamente atribuibles a responsabilidades individuales, advirtiendo además que convertir esas brechas en causal de acusación podría generar efectos negativos sobre la gestión fiscal futura.
Con ese escenario, la acusación contra Grau dejó de ser una disputa lineal entre oficialismo y oposición. Hoy es una votación fragmentada, donde la derecha ya no controla sus propias filas, y donde el resultado depende de un puñado de votos móviles en el PDG y los liberales. En simple: el veredicto ya no está escrito en bloques ideológicos, sino en una aritmética incierta que se resolverá al filo de la Sala.
