Las alertas por la falta de trazabilidad institucional en el caso de los niños haitianos

La investigación por los vuelos irregulares que habrían ingresado a niños haitianos al país de forma irregular sigue generando repercusiones políticas e institucionales. Este jueves, el Presidente José Antonio Kast convocó a una reunión de emergencia en La Moneda para abordar los antecedentes del caso, instancia que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

La cita concluyó con el anuncio de nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, informó que continuarán las reuniones de coordinación para “despejar los vacíos de información que se han detectado” y confirmó la creación de una fuerza de tarea destinada a agilizar la búsqueda de antecedentes y el intercambio de información entre organismos públicos.

Tema que fue analizado en el programa La Semana Política de El Mostrador con Francisca Castillo, donde la periodista y máster en Políticas Sociales, Isidora Alcalde y  el investigador del Instituto Libertad, César Miranda coincidieron en la gravedad de los antecedentes conocidos y en la necesidad de una respuesta institucional que trascienda las diferencias políticas.

Para Alcalde, el caso refleja una deuda histórica del Estado con la protección de la infancia. “Queda demostrado cómo la infancia siempre ha sido la última prioridad del Estado de Chile, gobierne quien gobierne”, afirmó, señalando que se trata de niños y niñas vulnerables que debieron contar con una protección efectiva de las instituciones públicas.

Asimismo, la analista apuntó a un problema estructural relacionado con la coordinación entre organismos públicos. A su juicio, la falta de trazabilidad institucional se observa en distintas áreas vinculadas a la seguridad y permite que situaciones de esta naturaleza permanezcan sin ser detectadas durante años.

“Hay instituciones que están levantando las alertas, pero no hay nadie que esté trazando esas alertas y abordando las situaciones”, advirtió. Asimismo, planteó que el Estado debe fortalecer sus capacidades de inteligencia para prevenir hechos similares y enfrentar los riesgos asociados al crimen organizado.

Por su parte, el investigador del Instituto Libertad, César Miranda, enfatizó que la prioridad inmediata debe ser determinar el paradero y la situación de los menores involucrados. “Cualquier intencionalidad política o abordarlo desde una perspectiva que no sea la de primero priorizar el encontrar a los niños está fuera de foco”, sostuvo.

Miranda agregó que, una vez cumplido ese objetivo, corresponde establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales. “Si este tipo de cuestiones pasan, tiene que haber un correlato de que no sale gratis”, afirmó.

Aunque llamó a evitar conclusiones anticipadas mientras la investigación está en curso, sostuvo que este tipo de debilidades constituye “un caldo de cultivo que el crimen organizado no deja pasar”.

En esa línea, planteó que el caso evidencia problemas en el control de las fronteras y en la capacidad del Estado para supervisar los accesos al país. “La realidad ha avanzado mucho más rápido que la institucionalidad que tenemos para controlar los accesos”, señaló, agregando que Chile debe abrir una discusión de largo plazo sobre cómo enfrentar los desafíos migratorios y de seguridad en los próximos años.