«Aquí estamos hablando de sostenedores privados, y no deja de ser grave, pero por cierto que tiene que haber una sanción, hablemos de multas», dijo el presidente de la Democracia Cristiana.
«El proyecto ha sido muy mal planteado desde un principio, comunicacionalmente ha habido mucha confusión, muchas frases desafortunadas, se ha ido creando un ambiente de terror e incertidumbre en las comunidades educativas, especialmente en los padres y apoderados», afirmó este viernes el senador y presidente de la DC, Ignacio Walker, al hacer un balance de cómo ha sido la tramitación este año de la Reforma Educacional.
El timonel oficialista dijo a Radio Cooperativa que la iniciativa que termina con el lucro, el copago y la selección, tal como llegó al Parlamento era «un mal proyecto» y afirmó que, el fondo de la discusión, debe centrarse en cómo conciliar la libertad de enseñanza con la necesidad de garantizar que la educación constituya un derecho social.
«No estamos hablando ni de estatizar ni de expropiar, estamos hablando de reforzar dos cosas: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El derecho a la educación como derecho social, como bien público, con una provisión mixta, pública y privada, que concilie el derecho a la educación con la libertad de enseñanza», dijo.
Walker volvió a cuestionar también la propuesta de los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) para establecer penas de cárcel para el lucro, tal como lo habían propuesto algunos diputados en una indicación que finalmente se rechazó cuando el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja.
Recordó que se trata de un tema respecto al cual el gobierno se ha mantenido al margen y enfatizó que, si bien está de acuerdo con que debe existir una sanción para los sostenedores que lucren, es el propio Código Penal el que establece que sólo los funcionarios públicos están expuestos a ser condenados por malversación. Por eso considera que la coerción en este caso debe ejercerse por la vía de las multas.
«Tiene que haber una sanción efectiva para quienes desvíen recursos, recursos públicos que tienen que ser destinados a fines educativos. Para otros fines, obviamente tiene que haber una sanción efectiva», dijo, explicando al mismo tiempo que «el delito de malversación en nuestro Código Penal es solo para funcionarios públicos (…) aquí estamos hablando de sostenedores privados, y no deja de ser grave, pero por cierto que tiene que haber una sanción, hablemos de multas».
