Derecha dividida desahucia a Rabat mientras Kast hipoteca más capital para sostener su continuidad

Cuando este martes el ministro de Justicia, Fernando Rabat, llegue a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, en la derecha anticipan una jornada tensa.

El secretario de Estado fue vetado el lunes por la oposición como “interlocutor válido” y declarado “persona non grata”, mientras la derecha aparece dividida frente a su permanencia y sigue creciendo el respaldo a una acusación constitucional en su contra.

Según los cálculos que circulan en el Congreso, el libelo reuniría hasta ahora cerca de 80 votos.

Ello a propósito de la crisis política desatada luego que el Presidente Kast lo blindara tras la polémica por los decretos que firmó y que rebajan las penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores.

La oposición afina los últimos detalles de la acusación constitucional contra Rabat y evalúa el momento político y parlamentario más conveniente para ingresarla formalmente. El libelo sigue en elaboración y, por ahora, se consideran tres alternativas para su presentación: este martes, el miércoles o el lunes siguiente.

El análisis técnico de la oposición indica que presentar la acusación el miércoles por la tarde traslada la cuenta formal al lunes subsiguiente, al no existir sesión de Sala para el día jueves.

Desde el sector impulsor rechazan categóricamente que la acusación tenga un carácter testimonial y sostienen que “votos habrá” para destituir al ministro.

Además, afirman que el solo ingreso del libelo provocará un severo costo político al Ejecutivo, al obligar a los parlamentarios oficialistas a fijar posición. Si votan en contra –advierten–, podrían quedar expuestos públicamente como respaldando la controvertida decisión de Rabat.

Otros sectores de la oposición, sin embargo, advierten que la aprobación de la acusación todavía no está asegurada y que el resultado final dependerá en buena medida de la presión ciudadana. Aun así, confían en sumar apoyos dentro de la propia derecha.

En paralelo, estiman que “la alta presión sobre la autoridad forzaría su renuncia”, en un escenario en que distintos sectores de izquierda y derecha han pedido su salida, mientras la Presidencia intenta sostenerlo en el cargo pese a un progresivo debilitamiento político.

A ello se suma otro factor: según advierten en la oposición, la permanencia de Rabat podría dificultar la tramitación de la agenda del Gobierno en el Congreso.

Rechazo ciudadano creciente, defensa versus posible salida

La defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta al Gobierno de José Antonio Kast con un rechazo ciudadano creciente, diferencias entre sus parlamentarios y cuestionamientos a su capacidad de conducir la crisis por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Los antecedentes muestran costos para el Ejecutivo.

La encuesta Cadem difundida el 1 de noviembre registró un 70% de desacuerdo con la decisión de Kast de mantener al ministro, seis puntos más que el 27 de octubre. La desaprobación de Rabat alcanzó el 78%, mientras la aprobación presidencial descendió del 29% al 26%. El cuestionamiento ciudadano alcanza así una decisión del propio Mandatario, además de la actuación del secretario de Estado.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostiene que no corresponde acusar a un ministro por cumplir la ley. Sin embargo, un 81% de los consultados por Cadem considera que Rabat debió ponderar también las consecuencias políticas y sociales de sus decisiones.

La protección de la infancia concentra parte de las diferencias dentro del oficialismo. La diputada Marlene Pérez situó su lealtad en los niños; su par Hotuiti Teao (Ind-UDI) manifestó disposición a respaldar una acusación constitucional, mientras Omar Sabat pidió la salida del ministro al considerar que su permanencia perjudica al Gobierno.

En ese contexto, varios parlamentarios de derecha enfrentan dificultades para conciliar el respaldo a Rabat con los compromisos que han asumido frente a las víctimas.

En el Senado, María José Gatica (RN) argumentó que el ministro debió asumir el costo político mediante su salida, evitando trasladarlo al Presidente J. A. Kast. El senador Andrés Longton (RN) defendió su continuidad y pidió fortalecer su asesoría política. La discrepancia provocó la renuncia de Longton a la subjefatura de la bancada RN y convirtió el manejo de la crisis en un conflicto interno del partido.

La disputa también enfrentó a las directivas. Arturo Squella respondió a Hernán Larraín con una alusión a Paul Schäfer; Ramírez y Luciano Cruz-Coke cuestionaron sus palabras y el dirigente republicano terminó ofreciendo disculpas. Paralelamente, diputados republicanos como Agustín Romero califican las solicitudes públicas de renuncia desde el oficialismo como falta de lealtad política.

Gonzalo Arenas admitió una crisis y señaló que el Ejecutivo todavía no conseguía alinear a todos sus parlamentarios. Las reuniones para reunir respaldos muestran que la continuidad de Rabat exige negociaciones dentro de la propia coalición.

Los votos a favor en la Cámara van en aumento

La división quedó expuesta en la Cámara de Diputadas y Diputados. El 29 de octubre, la Corporación aprobó una resolución que solicitaba la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira, por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones provenientes de la derecha.

La oposición cuenta con 65 diputados. En esa votación, seis respaldos provinieron de Chile Vamos: Carlos Chandía (RN); Alejandra Valdebenito (UDI); Ximena Naranjo (UDI); las independientes de esa bancada Marlene Pérez y Natalia Romero; y Hotuiti Teao.

La cifra pudo haber sido mayor. Ese día, 12 diputados de oposición estuvieron ausentes del hemiciclo, mientras una parte importante de la bancada del PDG también votó a favor.

En la oposición hacen un cálculo político a partir de esos antecedentes: si esos apoyos se repitieran y se sumaran los ausentes, la acusación podría alcanzar cerca de 80 votos, superando los 78 que necesita para ser aprobada en la Cámara y pasar al Senado.

Parlamentarios de derecha presionan por salida de Rabat y abren dudas ante continuidad

La exigencia de que Fernando Rabat asuma su responsabilidad política por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores ha sumado voces en la derecha.

Senadores y diputados han pedido su salida, respaldado una solicitud de renuncia o manifestado disposición a apoyar una acusación constitucional, aunque esas posiciones no equivalen a un compromiso común de destitución.

En el Senado, junto a María José Gatica, su par Rojo Edwards, independiente del comité RN, también pidió su alejamiento, argumentando que la magnitud del error hacía insostenible su continuidad.

Entre los diputados, Omar Sabat, de la UDI, solicitó que Rabat diera un paso al costado porque la controversia perjudicaba al conjunto del Gobierno. Marlene Pérez, independiente de esa bancada, afirmó que la protección de la infancia era intransable y reclamó responsabilidad política del Ejecutivo. Eduardo Durán, de RN, pidió que abandonara el cargo, sin anticipar su voto sobre un eventual libelo.

Hotuiti Teao, independiente de la bancada UDI, fue más allá: declaró que, si una acusación constitucional se presentaba en ese momento, votaría favorablemente. Su planteamiento puso en el centro la protección de niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

A las voces partidarias de la salida se agregaron Macarena Santelices y Marco Antonio Sulantay, de la bancada UDI, y Claudia Mora y Carlos Chandía, de RN.

Sin embargo, también, parlamentarios de republicanos, RN y la UDI han defendido la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, o rechazado una acusación constitucional por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Sus argumentos apuntan al cumplimiento de la ley, la ausencia de causales para destituirlo y la facultad del Presidente José Antonio Kast de mantener a su equipo.

El senador y presidente republicano, Arturo Squella, aseguró tener la esperanza de que todas las bancadas oficialistas respaldarían al ministro ante el libelo opositor. Vinculó esa defensa con la necesidad de sostener al gabinete durante la crisis. Su declaración expresa una expectativa de unidad, aunque parlamentarios de Chile Vamos mantienen sus críticas y solicitudes de renuncia.