Lo que hay detrás de la impugnación del Octavo Juzgado de Garantía
La defensa del ex senador logró que se discuta la competencia del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago respecto a la investigación del Caso Penta. Aunque el argumento apunta a cuestionar el lugar donde se cometieron los hechos –SII o en las oficinas del holding–, abogados y cercanos a la causa dicen que la verdadera razón de la movida es debilitar a Gajardo y dejarlo fuera del juzgado en que más ha litigado y mayor credibilidad posee. Un abogado lo resume así: “Si vas a jugar contra Brasil, es más probable ganarle en Chile que en el Maracaná”.
La defensa del ex senador UDI Jovino Novoa pidió y consiguió que el próximo 10 de febrero, en una audiencia, se discuta la competencia del tribunal que lleva la investigación del fiscal Carlos Gajardo por el Caso Penta.
El objetivo es que la jurisdicción pase del Octavo al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, un hecho que en última instancia zanjaría la Corte de Apelaciones capitalina.
En la discusión sobre la jurisdicción respecto de los hechos que está investigando la Fiscalía Metropolitana Oriente, Novoa pretende establecer que ellos ocurrieron en Las Condes, que es donde están las oficinas de Penta. De ser así, la competencia sería del Cuarto Juzgado de Garantía, al que le competen, además, las comunas de La Reina, Lo Barnechea y Vitacura. Sin embargo, el caso que da origen a la arista política de Penta es el que se conoce como Fraude al FUT. Para éste la Fiscalía considera la comuna donde está la oficina del Servicio de Impuestos Internos (SII), en Providencia, ya que este organismo es el querellante. Tanto Providencia como Ñuñoa son competencia del Octavo Juzgado de Garantía.
Pero la “territorialidad” –según diversos abogados ligados a la causa– es un argumento superficial en comparación a los objetivos de fondo. Con esta estrategia Novoa busca duplicar el trabajo de la Fiscalía, puesto que, si la impugnación es aceptada, el equipo que comanda el fiscal Gajardo deberá trabajar en dos juzgados, lo que complejiza su labor. Además, las resoluciones y/o fallos que se adopten en un juzgado podrían ser utilizados por aquellos que están siendo procesados en el otro, según comentan analistas jurídicos, por lo que aumenta el nivel de complicación procesal del caso. “Divide y vencerás”, así resume una fuente del rubro la jugada realizada por la defensa del coronel UDI.
[cita]Pero la “territorialidad” –según diversos abogados ligados a la causa– es un argumento superficial en comparación a los objetivos de fondo. Con esta estrategia Novoa busca duplicar el trabajo de la Fiscalía, puesto que, si la impugnación es aceptada, el equipo que comanda el fiscal Gajardo deberá trabajar en dos juzgados, lo que complejiza su labor. Además, las resoluciones y/o fallos que se adopten en un juzgado podrían ser utilizados por aquellos que están siendo procesados en el otro, según comentan analistas jurídicos, por lo que aumenta el nivel de complicación procesal del caso. “Divide y vencerás”, así resume una fuente del rubro la jugada realizada por la defensa del coronel UDI. [/cita]
Otro elemento que motivó la impugnación por parte de Novoa –según quienes conocen el caso– está relacionado directamente con el juzgado. El fiscal Carlos Gajardo ha trabajado varios casos en el Octavo Juzgado y en la mayoría ha obtenido condenas.
“En el Octavo los conocen y tienen credibilidad”, apunta una fuente vinculada al caso y agrega que basta con “ver las causas que han llevado ahí”. En la misma línea, aseguran que en el Cuarto Juzgado “conocen menos” al equipo de Gajardo, por lo que “es más incierto lo que pueda pasar ahí”, “en cierta forma, tiene más imparcialidad”. Otra fuente vinculada a la causa ilustra la estrategia así, cuando se trata de vencer a Gajardo en el Octavo: “Si vas a jugar contra Brasil, es más probable ganarle en Chile que en el Maracaná”.
En la torre A del Centro de Justicia, donde está el Octavo Juzgado de Garantía, el fiscal Carlos Gajardo no es un desconocido. Ahí lleva la mayoría de sus casos.
Uno de estos casos es el fraude en el colegio La Girouette, cuyos dueños –los hermanos Félix y Noelle Albagly Giroux– fueron condenados por fraude al fisco este lunes. La pena consistió en 541 días de pena remitida y el pago de $60 millones y $25 millones de multa, respectivamente. Según los datos del SII, el monto defraudado alcanzó a los $500 millones.
Ambos habían contratado durante cinco años los servicios del contador Jorge Alburquenque, el mismo cuya oficina contable asesoraba al ex director de la CNA, Luis Eugenio Díaz, quien fue formalizado en 2012 por cohecho y lavado de dinero, según lo reveló El Mostrador en mayo de 2013. Alburquenque fue acusado de delitos tributarios por el fiscal Gajardo ante el Octavo Juzgado de Garantía. Tras aceptar un juicio abreviado fue condenado, en noviembre de 2014, a cuatro años de libertad vigilada por haber defraudado en $350 millones al fisco.
Una de las causas más emblemáticas que ha llevado adelante Gajardo en el Octavo y que ilustra los vicios del sistema de educación superior, es la de acreditaciones fraudulentas de tres universidades mediante el CNA. El caso está en desarrollo, esto luego de que el Octavo Juzgado de Garantía reabriera la investigación por 90 días en diciembre pasado. Las instituciones investigadas son las universidades Pedro de Valdivia, SEK y del Mar.
Hay una derivada sobre este caso que tomó la Fiscalía para investigar por fraudes tributarios a doce universidades. Los antecedentes de la investigación fueron remitidos al SII, que debe evaluar si presenta una denuncia.
También se encuentra en ese tribunal el caso del concejal de Providencia Rodrigo García Márquez (ex PPD), quien fue formalizado en abril de 2014 por defraudar al municipio en más de $30 millones.
Otro caso que Gajardo llevó en el Octavo Juzgado de Garantía fue el conocido como ‘Fragatas’. Después de dos años de investigación, logró que se condenara al capitán de fragata (r), Juan Tapia Villalón, y al ex gerente de marketing de la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), Patricio Basili Esbry, por cohecho, negociación incompatible, delitos tributarios y lavado de dinero. La pena fue cinco años de cárcel, con el beneficio de la libertad vigilada, la devolución de $40 millones desde cuentas bancarias y una multa de $210 millones
Finalmente, está el caso de María del Pilar Pérez, «la Quintrala”, en el que Gajardo logró que fuera condenada a presidio perpetuo calificado por haber encargado a un sicario asesinar a tres personas.
A pesar de todos estos casos que hacen que Gajardo se sienta como pez en el agua, desde la defensa de Novoa explican que, aunque es cierto que el fiscal litiga en el Octavo, de verdad “hay un problema de competencia territorial”.
Hace cuatro meses que se abrió la arista política del Caso Penta, cuando El Mostrador publicó los nombres de los políticos involucrados en las boletas falsas que el grupo Penta emitió para el financiamiento de campañas. Estos eran Laurence Golborne, Ena von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett y Andrés Velasco.
Pero al poco tiempo comenzó a circular la información de que Jovino Novoa era el encargado de repartir entre los candidatos de la UDI los dineros asignados por el holding, según un reportaje de Ciper. Desde el frontis de la sede de la UDI, en calle Suecia, Jovino Novoa sentenció que “no existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”.
Una vez que se levantó el secreto de la carpeta de investigación realizada por el fiscal Carlos Gajardo y su equipo, comenzaron a confirmarse las versiones que situaban al coronel como el “señor del talonario”.
Dos secretarias de Penta, Mylene Isabel D’Alencon y María San Martín, declararon sobre el rol central del coronel UDI en el financiamiento ilegal de las campañas de su partido, tal como publicó El Mostrador. Confirmaron también las múltiples visitas que Novoa realizaba a las oficinas del holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín con el objetivo de coordinar la entrega de recursos a través de boletas ideológicamente falsas.
A esto se agregó la declaración del ex gerente general del grupo, Hugo Bravo, quien dijo que “Ena von Baer fue con Jovino Novoa a hablar con Carlos Délano y con Carlos Lavín para solicitar estos fondos. Délano y Lavín hablaron conmigo y me dijeron que había que pagarle alrededor de 6 millones mensuales”.
El Mostrador también publicó la declaración de Bernardita Chamorro, la secretaria personal de Jovino Novoa en el estudio de abogados Guerreros, Olivos, Novoa y Errázuriz. En ella la funcionaria señaló que hace años el ex senador UDI “le dicta” boletas ideológicamente falsas para el grupo Penta. Según su testimonio, utilizaba tres talonarios: uno de la sociedad Inversiones y Mandatos, otro de Teresa Riera –ejecutiva de Turismo Cocha– y uno de Carlos Lira, abogado independiente del estudio de Novoa. “Paulatinamente el señor Novoa me solicitaba emitir boletas, dando instrucciones verbalmente informando los datos de emisión, como monto, fecha y glosa”, declaró la secretaria del ex senador.
La tesis del “señor del talonario” se vio aún más respaldada con las declaraciones de los dueños de Penta. Si bien “Délano dudó de inculpar a Jovino porque lo quiere mucho”, de acuerdo a lo señalado en su momento por fuentes cercanas al proceso, al final él y Carlos Eugenio Lavín «quebraron» con Jovino Novoa y reconocieron ante el fiscal la entrega de platas políticas al poderoso coronel UDI.
“Con Jovino Novoa tenemos una relación más cercana. Era de los senadores importantes, entendía bien los temas económicos, veía los temas de Hacienda, varias veces pasaba por Penta y conversábamos sobre la legislación, de los temas que a nosotros nos interesaba saber más”, declaró Carlos Eugenio Lavín ante el fiscal. Las declaraciones de los dueños de Penta fueron publicadas por La Tercera durante el fin de semana.
Lavín agregó que “Jovino es un líder dentro de su partido, conocía personalmente a cada candidato. Los dineros que Jovino pedía no eran para él, sino que para candidatos afines de él. De hecho él no estaba en campaña. Yo lo que pienso es que Jovino facilitaba las facturas de Inversiones y Mandatos para otros candidatos. Inversiones y Mandatos no prestó servicios para Empresas Penta que yo sepa”. Y añade que “un día del año 2013 llegó Ena von Baer con Jovino Novoa para pedirnos si podíamos colaborar con su campaña, acordamos un monto y seguimos el procedimiento habitual encargándoselo a Hugo Bravo”.
Por su parte, Carlos Alberto Délano precisa que “respecto de Jovino Novoa señalo que Jovino es una persona muy cercana a mí y muy amigo mío. Es de las personas más inteligentes y sólida en sus valores que he conocido. Ha sido además muy valiente. Le tengo una admiración superior. Jovino no ha concurrido a pedir dineros para él. Él concurrió a pedir aporte para campaña políticas para otros candidatos. Le aportamos alrededor de 25 millones de pesos para esos candidatos”.
Además, el “Choclo” agrega que Novoa fue varias veces a reunirse con él y en alguna ocasión con la cuestionada senadora Von Baer, mencionando que “en la reunión con Ena von Baer se me pidió ayuda para su candidatura. Luego yo hablo con Hugo Bravo y le indico los montos que se van a aportar para cada uno y Hugo Bravo ve la fórmula para concretar ese aporte”.
“Las facturas de Inversiones y Mandatos S.A. no corresponden a ningún servicio que se haya prestado a Empresas Penta ni a Inversiones Penta III”, sostuvo.
Novoa fue citado a declarar por la Fiscalía Oriente el pasado 13 de enero, pero se acogió a su derecho a guardar silencio, argumentando que primero debía revisar junto a sus abogados los antecedentes de la carpeta.
“Mis abogados han pedido unas diligencias cuyos resultados estamos esperando y la recomendación que me han dado es que haga la declaración después de dicho resultado (…) entiendo que hay en el expediente declaraciones que me atribuyen ciertas actuaciones que no son verídicas y quisiera conocer exactamente esas declaraciones para poder desvirtuarla en el momento de la declaración que yo preste. Por lo tanto, por el momento hago uso de mi derecho a guardar silencio”, fue la escueta declaración de Novoa.
¿Cuáles son las diligencias a las que se refiere Novoa? Estas fueron realizadas un día antes de su declaración por su abogado Francisco Cox. Según consta en las carpetas de la investigación, éste solicitó “copia de la información contenida en la evidencia que se ha incautado en el curso de la presente investigación”.
Esa evidencia se compone del computador, pendrive, disco duro y DVDs de Manuel Antonio Tocornal. También pide acceso a la información de los computadores del ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, contra quien el SII presentó una querella criminal por delito tributario y que, además, enfrenta otra querella del Consejo de Defensa del Estado por cohecho y fraude al fisco
Asimismo, pidió acceso a la información de los computadores de Francisco Soublette, Juan Jesús Martínez Céspedes, Jorge Larrondo Olivares, Julio Cuevas Romero y Rebeca Ugalde. Finalmente, Cox también pidió acceso a la información del iPad de Novoa, el cual fue entregado voluntariamente por éste el 10 de octubre del año pasado.
