Cuidado con las puertas pequeñas

La propuesta del presidente Kast para aliviar la compra de pañales y algunos medicamentos parte de una preocupación real. Nadie podría negar que esos gastos pesan, y mucho, en familias con niños pequeños, personas mayores, enfermos crónicos o cuidadores que llegan a fin de mes haciendo malabares. Entonces estamos de acuerdo con el diagnóstico del enfermo, pero no en la receta para mejorarlo. Y en política pública, como en medicina, una mala receta puede agravar la enfermedad que pretendía curar.

Lo que se propone, aunque venga envuelto en lenguaje de alivio familiar, es abrir una grieta en uno de los pilares más estables del sistema tributario chileno: un IVA de base amplia y con muy pocas excepciones. Chile adoptó este camino hace más de cincuenta años y, con todos sus defectos, que esa decisión sobreviviera más de medio siglo es una virtud rara en nuestra vida pública. Si lo ha hecho es porque es simple, recauda mucho, reduce espacios de arbitraje y evita que cada discusión presupuestaria termine convertida en una feria de excepciones.

La propuesta del presidente Kast no es novedosa. La gran mayoría de los países capitalistas ricos tienen IVA diferenciado. Algunos gravan menos alimentos, libros, medicamentos o bienes considerados esenciales. Pero que una mala idea sea frecuente no la convierte en buena. De hecho, buena parte de la literatura tributaria ha mostrado que estas rebajas suelen ser instrumentos caros, mal focalizados y administrativamente torpes. Ayudan también a quienes no necesitan ayuda, no garantizan que el beneficio llegue íntegro al consumidor y, peor todavía, van llenando el sistema de pequeñas perforaciones hasta que la base tributaria empieza a parecer un queso gruyere.

El gobierno dice que el costo tendría un límite fiscal anual de US$100 millones en el primer año. Suena acotado, pero todos sabemos cómo evolucionan estas cosas. Lo primero será aumentar el tope de US$100 millones. Luego vendrán otros remedios, alimentos especiales, productos de higiene, ayudas técnicas, leches, suplementos, útiles escolares, transporte para tratamientos médicos y cuánto grupo organizado logre demostrar que su causa también es justa. Y muchas la serán. Ese es precisamente el problema. Al abandonar el principio general, la frontera deja de ser técnica y pasa a ser política. Desde ese momento termina ganando quien presiona más y no necesariamente quien más lo necesita.

Además, el mecanismo propuesto es particularmente enredado. La familia compra, guarda boleta, presenta certificado médico o receta, espera la validación y recién después recibe una transferencia al Bolsillo Familiar Electrónico. Es decir, no resuelve el problema de liquidez inmediata. La persona vulnerable debe tener primero el dinero, hacer el gasto y esperar. Para alguien de ingresos medios puede ser una molestia. Para un hogar pobre puede ser simplemente una barrera. El Estado le dice: “yo te ayudo, pero primero arréglatelas solo”.

Si el objetivo es apoyar a hogares vulnerables, el camino razonable son transferencias monetarias directas, bien focalizadas, oportunas y simples. No un engranaje burocrático que simula ser alivio tributario, pero exige trámites, multiplica validaciones y abre espacios para errores, abusos y costos administrativos.

Tampoco hay garantía de que el beneficio termine completo en los consumidores. En mercados donde el reglamento define canastas y valores referenciales, siempre existe el riesgo de que parte del alivio sea absorbido por oferentes mediante precios de referencia más altos, ajustes de márgenes o simples rigideces comerciales. La experiencia con beneficios tributarios nos enseña que, entre la intención del legislador y el bolsillo del beneficiario final, suele haber varios intermediarios con capacidad de captura.

El argumento distributivo tampoco se sostiene bien. Un IVA diferenciado no mejora estructuralmente la distribución del ingreso. Puede aliviar algunos gastos, sí, pero de forma indirecta, imperfecta y costosa. Si se quiere mejorar la salud de los más desprotegidos fortalezcamos la atención primaria, financiemos mejores medicamentos esenciales, reforcemos programas de cuidado, apoyemos directamente a hogares con dependencia severa o adultos mayores postrados. Eso sí es gasto social. Lo otro es abrir una excepción tributaria y esperar que el mercado haga el resto.

Chile necesita de una vez por todas discutir en serio su sistema tributario, pero no por la vía de perforarlo en cuotas pequeñas y emocionalmente irresistibles, porque esa es la astucia de estas medidas. Nadie quiere aparecer votando contra pañales o remedios. La pregunta honesta que nos debiésemos hacer entonces es si corresponde debilitar un diseño tributario que ha funcionado razonablemente bien por más de 50 años para resolver un problema que puede abordarse mejor desde el gasto público directo.

El IVA chileno no es inmune a la evasión ni a la informalidad. Precisamente por eso conviene mantenerlo simple. Cada excepción agrega fiscalización, interpretación, reglamentos, disputas, zonas grises y oportunidades de abuso. Chile necesita recaudar más y mejor, por lo que no parece sensato comenzar a desmontar una de las pocas piezas tributarias que todavía conserva cierta coherencia.

La política pública suele equivocarse cuando confunde sensibilidad social con mala técnica. Ayudar a quienes compran pañales y medicamentos puede ser necesario. Hacerlo rompiendo la forma en que tradicionalmente se ha administrado nuestro  IVA es otra cosa. Es un gesto políticamente amable, administrativamente engorroso, fiscalmente incierto y tributariamente peligroso. Una puerta pequeña, sí. Pero las puertas pequeñas también sirven para que entren malas costumbres.