Publicidad
Historias Desobedientes, el colectivo que reúne a familiares de represores y se opone a los indultos PAÍS Imagen cedida

Historias Desobedientes, el colectivo que reúne a familiares de represores y se opone a los indultos

Publicidad

La agrupación reúne a familiares de violadores de DD.HH que rompen el silencio. Rechazan beneficios para condenados: “No todos los crímenes son iguales ante la sociedad”. Además, sostienen que la vejez de los reos es fruto de una justicia tardía y exigen verdad total para reparar la dignidad social.


El Mostrador Fuente Preferida

Incluso antes del 11 de marzo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya se perfilaba como una de las carteras sensibles para el Gobierno de José Antonio Kast. Al nombramiento de Fernando Rabat como ministro –quien participó en la defensa de Augusto Pinochet– se sumaron los cambios al Plan Nacional de Búsqueda, que incluyeron la desvinculación de profesionales especializadas en DD.HH., situación que generó críticas de familiares de víctimas y expertos en la materia.

Así, la política del actual jefe de Palacio se ubicó a contracorriente del camino adoptado por el Estado chileno desde el retorno a la democracia. A ello se suman el freno a la expropiación de Colonia Dignidad y su voluntad de indultar –“de manera particular”– a militares y policías condenados en el marco del estallido social, como parte de la hoja de ruta de La Moneda.

“Estamos tratando de que todos los condenados, o todas las personas que están cumpliendo condena, tengan la posibilidad de cumplir su condena de manera digna”, aseguró el Mandatario mientras encabezaba una nueva jornada de la iniciativa “Presidente Presente” en Copiapó, Región de Atacama.

Pero La Moneda no es la única que avanza en sentido contrario a los últimos 36 años en Chile. Mientras la administración Kast apunta a facilitar la forma en que se da cumplimiento a condenas de este tipo, el colectivo internacional Historias Desobedientes –compuesto por familiares de violadores de DD.HH. que rechazan cualquier beneficio o indulto para esos condenados– ha crecido desde 2019 en nuestro país.

Para María Paz Tagle, presidenta del colectivo e hija de un civil condenado como autor de homicidio calificado y secuestro en el caso de Cerro Collipeumo, Paine, el argumento de la edad utilizado por quienes defienden el proyecto de conmutación de penas es improcedente. “Ellos no están en condiciones precarias, tienen derecho a la salud que les dan las FF.AA., tienen muchos derechos (…). No es posible que un delito de lesa humanidad sea abordado de la misma manera que un delito común”.

María Paz relata que creció en medio de un discurso político muy violento, donde el asesinato y el secuestro estaban normalizados. “Yo decidí no ser parte de esto (…)”, afirma. Y agrega: “Empecé a mirar a mi papá y yo decía: ‘Acá hay algo que no me cuadra, ¿cómo mi familia se justifica?, ¿eran ellos o nosotros?’”.

Los integrantes de Historias Desobedientes transitan desde una reflexión individual sobre su propia historia familiar hacia un compromiso social. Entienden que los crímenes de lesa humanidad “son un problema que afecta a toda la sociedad y no solo a las familias involucradas”, señalan.

Alejarse de la complicidad

El colectivo surgió originalmente en Argentina en 2017 y hoy tiene presencia en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y España. Nació como una respuesta de familiares de perpetradores que decidieron romper los “pactos de silencio” y tomar una postura firme frente a los crímenes cometidos por sus familiares.

Sus integrantes sostienen que, al tratarse de crímenes cometidos por agentes del Estado contra la sociedad, “el Estado no tiene la facultad moral ni lógica para reducir penas o conceder indultos, ya que se estaría juzgando y perdonando a sí mismo”.

Rodrigo, vocero del colectivo, asegura que “toda esta cuestión de nuestros abuelitos, nuestros padres, de nuestros tíos que están viejitos, que tienen enfermedades, es secundaria respecto a lo que pasa y al impacto que tiene en la sociedad”.

El colectivo rechaza el argumento del oficialismo, que apela a la vejez o a la enfermedad para otorgar beneficios. A su juicio, si estos condenados son ancianos hoy es “porque la justicia fue tardía y pasaron décadas en impunidad antes de ser sentenciados”.

Mientras tanto, el pasado miércoles el oficialismo confirmó el traslado de reos comunes desde el expenal Punta Peuco a otras cárceles del país. La decisión respondería a un criterio técnico de Gendarmería y los internos habrían aceptado el traslado de manera voluntaria. De acuerdo con CNN Chile, se trata de tres reclusos trasladados al Centro de Detención Preventiva de Casablanca y a la Cárcel de Temuco.

Por medio de un comunicado, Gendarmería confirmó la medida. “(…) Se efectuó el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de Tiltil, quienes fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios, tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria”, detalló la institución.

Sin embargo, antes de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast afirmó que la decisión de trasladar a tres internos condenados por delitos comunes desde Punta Peuco fue adoptada directamente por él. En una entrevista con Meganoticias, el Mandatario defendió la medida, aseguró que se ajusta a la normativa vigente y sostuvo que forma parte de un plan para reorganizar el sistema carcelario, aislar a reclusos de mayor peligrosidad y avanzar en cambios al modelo penitenciario.

Transitar una culpa que no es suya

“Yo tenía un vínculo con mi papá como cualquier niña con su papá, que creció en una casa, con un papá que la llevaba al estadio, con un papá que la llevaba a las fiestas, pero independiente de eso, esto iba mucho más allá, mucho más allá de un vínculo familiar”, relata María Paz.

“Yo adoraba a mi padre, pero también hice un juicio contra él”, agrega. Tagle cuestiona la justificación de su padre, quien sostenía que era él o sus víctimas. “Una pala y una picota eran sus armas”, afirma sobre quienes fueron asesinados.

Su padre solo alcanzó a cumplir prisión preventiva. Falleció y, un mes después, llegó la sentencia: culpable de los delitos de asesinato y secuestro de campesinos en Cerro Collipeumo, Paine. María Paz describe la cruda realidad de esa zona, donde la falta de justicia obligó a una convivencia cotidiana entre víctimas y victimarios. “Víctimas y victimarios convivíamos en el mismo pueblo; iba a comprar pan frente a las víctimas de mi papá”.

Rodrigo, por su parte, es nieto de quien durante la dictadura se desempeñó como fiscal militar y participó en diversos operativos. Se le describe como uno de los agentes de confianza de Gustavo Leigh, miembro de la Junta Militar. Aunque no llegó a ser general en vida debido a que reprobó algunas asignaturas en la Escuela de Aviación, fue ascendido a general de manera póstuma tras su muerte en 1975.

Su nieto descubrió accidentalmente su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cuando, a los 11 años, investigó en internet quién era realmente una persona a la que solo conocía por un retrato y que, en su entorno familiar, era presentada como un héroe.

Rodeado por un “pacto de silencio” familiar, donde no se hablaba de su rol en la represión, Rodrigo plantea la necesidad de conocer toda la verdad sobre sus acciones: a quiénes torturó, a quiénes asesinó y a quiénes liberó.

Debido a que falleció prematuramente en 1975, su caso no entró en los procesos de justicia transicional, por lo que no existe una “verdad judicial” ni una condena formal contra Horacio Otaíza.

Motivaciones del colectivo Historias Desobedientes

El testimonio de los integrantes de Historias Desobedientes representa un ejercicio de ruptura ética y memoria activa, que busca transformar un legado de violencia en un compromiso con la justicia social.

El colectivo no solo rompe con el silencio impuesto dentro de sus propias familias, sino que también plantea una nueva forma de entender los lazos familiares frente a crímenes que trascienden lo individual y afectan a toda la humanidad.

Para María Paz y Rodrigo, aquello que ocurre en el ámbito privado deja de ser un asunto exclusivamente familiar cuando el daño causado impacta a la sociedad en su conjunto. Desde esa perspectiva, la denominada “desobediencia” se transforma en un acto de compromiso con valores democráticos y principios universales, donde el vínculo afectivo no puede convertirse en una justificación para la impunidad.

La reparación no termina con una sentencia judicial: requiere también restituir la dignidad de la sociedad civil en su conjunto. La existencia de Historias Desobedientes es un recordatorio de que el “Nunca Más” es una construcción diaria que exige “cortar con la mentira y con el silencio”.

Publicidad