Desde el comando de Bachelet al Mineduc de Eyzaguirre
Quienes han trabajado en el proyecto de gratuidad dentro del Gobierno aseguran que desde el año pasado existe claridad de que la plata que recaudará la reforma tributaria no alcanza para financiar la educación gratuita de la mitad de los estudiantes que hoy están matriculados en las universidades. Aunque se han analizado algunas alternativas para recaudar más, como el impuesto a los graduados, hasta ahora no hay una salida clara al problema.
Al interior del Ministerio de Educación hay inquietud. La salida del ministro Nicolás Eyzaguirre se produjo en el momento más álgido de un extenso paro de profesores y justo cuando deben finiquitarse los detalles de la principal promesa de la campaña presidencial: la educación superior gratuita para todos los chilenos.
Las últimas semanas han estado marcadas por el reconocimiento del Gobierno de que los recursos no estarán para financiar todas sus promesas de campaña, análisis que la Presidenta Michelle Bachelet sintetizó en la idea de “realismo sin renuncia”. Aunque en La Moneda se han esmerado en asegurar que los objetivos de las reformas se mantienen intactos, lo cierto en que en el caso de la educación superior gratuita reina la incertidumbre.
Los equipos que han trabajado el tema en el Mineduc reconocen que los cálculos iniciales han sufrido modificaciones y que, en el actual escenario, no se sabe cómo se financiará la gratuidad para el 30% más rico de la población. “Hay conciencia de que la plata está para financiar la gratuidad para el 70% de los chilenos, la incertidumbre es con el resto”, reconoce una fuente que ha trabajado en el tema. Y no es poco, el 30% de mayores ingresos representa la mitad de los estudiantes matriculados en universidades.
Un momento clave se dio en febrero de este año, cuando desde La Moneda se le solicitó al Mineduc que se adelantara la implementación de la gratuidad para 2015. Los equipos técnicos de la cartera aceleraron su trabajo y evaluaron distintas alternativas para cumplir con la petición de Palacio. Pero no se llegó a puerto.
Sin embargo, sí se sentaron las bases del anuncio que Bachelet realizó el 21 de mayo ante el Congreso: la gratuidad comenzaría en 2016, beneficiando a cerca de 264 mil alumnos que cursan estudios en institutos profesionales o centros de formación técnica sin fines de lucro, o en las universidades del Consejo de Rectores.
[cita]Quienes han trabajado en las propuestas educacionales del Gobierno comentan que el problema es de origen. Dicen que durante la precampaña nunca se calculó el costo de la gratuidad universal, y que solo se consideró para el 70% más pobre. De hecho, aseguran que no fue fortuito que cuando la Presidenta Bachelet aterrizó en Chile haya declarado que le parecía “injusto” financiar la educación superior a los más ricos. “Como nunca fue una propuesta seria para ellos, nunca calcularon los costos”, comenta alguien que conoció de cerca ese proceso.[/cita]
El anuncio desató la ira de los representantes de las universidades privadas que están por fuera del Cruch, y la derecha salió a acusar discriminación. Fuentes del Mineduc aclaran que la decisión de comenzar por las universidades tradicionales se debió a que hay confianza en que ellas no lucran y, por lo tanto, se pueden entregar recursos fiscales para la gratuidad sin temor a que esos dineros se utilicen para el negocio de privados.
Fue durante el transcurso de 2014, y a medida que se trabajaba el proyecto de gratuidad, que en el Mineduc tomaron conciencia de que el dinero recaudado por la reforma tributaria no iba a alcanzar. Un hecho que da cuenta de la poca claridad al respecto es la declaración a la prensa del coordinador de la reforma educacional, el DC Andrés Palma, quien señaló que para educación superior se destinaría el 30% de lo recaudado por la reforma, siendo que siempre en los equipos técnicos se consideró que, para poder financiar dicha reforma, se requería el 50% de tal monto. Aunque otras fuentes precisan que, cuando eso ocurrió, todo estaba en estudio y solo se trató de una declaración más.
Una comisión conjunta de los quipos de calidad y financiamiento del Mineduc fue la encargada de preparar el camino al proyecto de gratuidad. A cargo del equipo de calidad estaba Roxana Pey, y del de financiamiento Claudia Sanhueza. En ese mismo equipo participó también Álvaro Cabrera, quien asesoraba directamente a Francisco Martínez, el jefe de la División de Educación Superior.
Uno de los problemas que ha enfrentado el equipo a cargo de gratuidad ha sido el encarecimiento de los otros proyectos que forman parte de la reforma educacional. La Ley de Inclusión que fue promulgada este año por la Presidenta Bachelet ingresó al Congreso con un mayor gasto fiscal en régimen calculado en $520.997 millones, y salió del Legislativo con un costo de $663.326 millones, según cifras de la Dirección de Presupuestos. Casi mil millones de dólares.
En la negociación con los parlamentarios también hubo otros costos asociados, como la creación del Fondo para la revitalización de la educación pública, aunque el senador PS Carlos Montes precisa que ese costo fue menor y que, tal vez, “se hace necesario revisar el proyecto de inclusión para abaratar algunos costos”.
Desde el Mineduc agregan que el proyecto de carrera docente también ha disparado los presupuestos y añaden que, por ello, la actual ministra Adriana Delpiano ha puesto énfasis en que no hay más recursos para destinar a esa iniciativa, a pesar de la oposición de los profesores.
Quienes han trabajado en las propuestas educacionales del Gobierno comentan que el problema es de origen. Dicen que durante la precampaña nunca se calculó el costo de la gratuidad universal, y que solo se consideró para el 70% más pobre. De hecho, aseguran que no fue fortuito que cuando la Presidenta Bachelet aterrizó en Chile haya declarado que le parecía “injusto” financiar la educación superior a los más ricos.
“Como nunca fue una propuesta seria para ellos, nunca calcularon los costos”, comenta alguien que conoció de cerca ese proceso.
Desde la Comisión de Educación de la Cámara van más allá y plantean que quienes trabajaron en la propuesta hicieron un mal cálculo: “Lo calcularon pensando en un 70%, y en el programa pusieron avanzar a gratuidad universal, pero no le tomaron el peso a eso”. Agregan que el Gobierno nunca ha transparentado el costo total de la gratuidad.
Durante 2011, y cuando las marchas estudiantiles bullían en la Alameda, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizo un primer estudio al respecto, el que consideró la gratuidad para el 60% o 70% de las familias más pobres de Chile, que eran las propuestas de la oposición al gobierno de Piñera y de la Confech, respectivamente. Según esa estimación, el costo de la gratuidad oscilaría entre US$844 y US$1.004 millones anuales.
Ese trabajo de investigación estuvo firmado por cercanos colaboradores del Gobierno de Michelle Bachelet. Entre ellos, el actual ministro de Transportes Andrés Gómez Lobo; el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco; el hoy presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche; y la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, entre otros académicos de la FEN, como Daniel Hojman, María Eugenia Rodríguez y Juan Pablo Valenzuela.
Fuentes del Ministerio de Educación comentan que ese fue el punto de partida para calcular la política de gratuidad. De hecho, ese trabajo se usó en el comando presidencial de Bachelet, en cuyo programa se incluyó la promesa de avanzar “gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media”.
En el trabajo del comando en esta área participaron quienes estaban en el equipo educacional comandado por la actual subsecretaria del Mineduc, Valentina Quiroga, y miembros del equipo a cargo de la reforma tributaria, que comandaba el ex ministro Alberto Arenas. Aunque quienes formaron parte del equipo educacional aclaran que “en el comando el mensaje fue nosotros vemos educación, no cómo se financia, y ese tema estuvo en manos de la comisión que veía reforma tributaria”.
Durante el año pasado en el Mineduc se analizó seriamente la posibilidad de establecer un impuesto a quienes hayan egresado de las universidades para poder financiar el costo de la gratuidad universal. Esa propuesta había nacido durante 2011 de la mano de los investigadores Fernando Atria y Claudia Sanhueza, y fue también analizada en el trabajo del comando presidencial, aunque solo como una posibilidad. “Nunca se profundizó en esa idea”, reconocen quienes formaron parte de esa instancia.
Hoy, esa posibilidad cobra fuerza, al no haber claridad sobre cómo extraer recursos que financien nada menos que al 50% de la matrícula de la educación superior, conformada por los tres deciles superiores de la población.
En el Mineduc aseguran que esa alternativa era del gusto del ex ministro del ramo, Nicolás Eyzaguirre, y que se hicieron estudios para poder instaurarla, pero que al filtrarse a la prensa generó tal nivel de oposición por parte de los estudiantes y otros actores influyentes en esta discusión, que se optó por dejarla en stand by.
El jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, Francisco Martínez, aseguró a El Mostrador que “el impuesto mencionado no forma parte de la propuesta del Ministerio de Educación entregada como documento de trabajo esta semana”, en referencia a la propuesta emanada por la cartera denominada “Bases para una reforma al Sistema Nacional de Educación Superior”.
Hoy la propuesta es defendida por varios. Una de sus autoras, la académica de la Universidad Diego Portales y quien trabajó asesorando al Mineduc hasta fines del año pasado, Claudia Sanhueza, argumenta que si se hace bien, el impuesto a los graduados podría ser una política progresiva (que reduce la desigualdad) que viniera a dar una solución a la falta de financiamiento.
“La ventaja principal es que financiar la educación superior con impuesto a los profesionales, puede ser bastante progresivo. Quizás no cobrárselo a todos los profesionales, sino que a los de mayores ingresos. Actualmente, todos pagamos aranceles y no pagamos de acuerdo a capacidad, sino que a precio fijo. Ya se está gastando en educación superior el 2,1% del PIB. El 80% de ese gasto es privado y eso significa que se financia con aranceles de estudiantes, ahora si, en vez de eso, ese mismo gasto que es privado lo financias con este impuesto, pero de acuerdo a ingresos –donde pagan de acuerdo a lo que tienen–, puedes hacerlo muy progresivo para que paguen los más ricos. Tú gastas exactamente lo mismo que ahora, pero lo financias de una forma más progresiva”, plantea Sanhueza.
Según los cálculos de la investigadora, el impuesto a los graduados podría cobrarse solo a quienes ganan por sobre el millón de pesos, y que eso permitiría financiar entre el 30% y el 50% del total del costo de implementar la educación gratuita universal.
El diputado de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Giorgio Jackson, se suma a la idea y propone discutir con seriedad la propuesta. “Cuando apareció esta idea en 2011 me pareció una propuesta progresiva que viene a desmercantilizar el sistema educativo, y no puede ser descartada a priori. Debe ser estudiada en su mérito y ojalá no tengamos prejuicios para desechar una propuesta que puede ser una salida a este tema”.
Para el senador Montes “es una alternativa, se ha aplicado en otros países, pero hay que verlo”. Sobre la falta de recursos para financiar la gratuidad, el legislador plantea que “para los primeros siete deciles hay recursos, el problema está en los tres deciles superiores, y hay que ver cómo se avanza gradualmente. Yo por ahora me quedo en lo que se ha dicho, que es financiamiento público; si esa plata no alcanza, hay que ver otros modelos”.
En el Mineduc se hacen a un lado y lanzan la papa caliente al Ministerio de Hacienda. “Se entiende que el financiamiento de las políticas públicas es una materia propia del Ministerio de Hacienda”, asegura Francisco Martínez. Eso sí, dice que la cartera actuará con seriedad en este punto. “Este Gobierno no enviará al Parlamento ningún proyecto de ley que no cuente con su financiamiento asegurado. Tanto la Presidenta de la República como la ministra de Educación han reiterado el compromiso de este Gobierno de avanzar hacia la gratuidad universal en el marco de entender la educación como un derecho social, desterrando así la capacidad de pago y de endeudamiento como una condicionante para que un joven curse estudios superiores”, puntualiza.
