La última oportunidad

En votación estrecha (26/23) el Senado aprobó en general el llamado proyecto de Reconstrucción nacional. No hubo hasta ahora disposición del gobierno a abrir una negociación. La discusión y votación en particular podrían cambiar el escenario.

La mayoría de los partidos de oposición ha manifestado disposición a buscar acuerdos. En particular, la bancada de senadores del Partido Socialista ha hecho un conjunto de propuestas que el gobierno haría bien en analizar en detalle.

Como es bien sabido la estabilidad de las reglas del juego, especialmente en materia económica, depende de manera crucial del respaldo político que estas conciten. No es sano que normas importantes dependan de mayorías precarias que pueden cambiar rápidamente.

La bancada de senadoras y senadores socialistas ha hecho una propuesta que no repite las ideas tradicionales del sector. En vez de atrincherarse en posiciones de principios asume que hay líneas rojas que el gobierno no traspasará como la reducción del impuesto de primera categoría (IDPC) o la invariabilidad tributaria.

La propuesta socialista hace concesiones importantes de manera de hacer posible un acuerdo en un conjunto de temas fundamentales para reimpulsar el crecimiento y hacer posible la reducción del déficit fiscal.

En cuanto al IDPC, en lo fundamental se recoge el planteamiento del gobierno y se propone una rebaja inicial de 27% a 25% para llegar gradualmente a 23 % en la medida en que no se afecte negativamente la sostenibilidad fiscal.

La preocupación por esta última es la razón por la cual se propone una compensación a través de diferentes instrumentos como la tributación a la primera distribución de utilidades , el tránsito a un régimen dual y la revisión de la renta presunta.

En cuanto a la invariabilidad tributaria se propone acotarla, concentrándola en el impuesto de primera categoría, limitándola a inversionistas extranjeros los que deberán, a la manera del antiguo DL 600, pagar una prima por el seguro que esta implica.

Tomando en consideración las múltiples críticas que ha recibido la propuesta del gobierno de subsidiar la planilla se propone reemplazarla por subsidios directos al empleo, de manera de incentivar nuevas contrataciones y reducir su alto costo fiscal.

Recogiendo la preocupación por el crecimiento se plantea mantener de manera permanente la tasa del 12.5% para las pequeñas y medianas empresas y nuevos instrumentos de acceso focalizado al crédito del tipo del Fogape, de larga trayectoria y buena evaluación.

Se asume también la crítica al funcionamiento actual del Sence y se propone revisarlo y refocalizarlo. Se plantea para ello la posibilidad de crear un Fondo de Capacitación y Certificación de Competencias.

Hay también propuestas para introducir modificaciones en materia de apoyo al sector vivienda y construcción y a la eliminación del pago de contribuciones a los adultos mayores. Respecto a esta última se recoge la idea de concentrar este beneficio en quienes más lo necesitan introduciendo mecanismos que salvaguarden el Fondo Común Municipal y la autonomía de los municipios.

Un aporte de gran relevancia de la propuesta socialista es la Agenda complementaria pro-crecimiento. Figuran en ella un conjunto de medidas destinadas a promover:

i) La inversión a través de una racionalización de los mecanismos administrativos de modo de facilitarlas;

ii) Las exportaciones, motor fundamental del crecimiento en un país como el nuestro;

iii) La innovación a través de nuevas políticas de I+D;

iv) La estrategia de economía digital;

v) Nuevas inversiones en sectores tan relevantes como el de la energía y las infraestructuras.

La incorporación de medidas de este tipo pondría la propuesta gubernamental más a tono con las necesidades de la nueva economía que caracteriza al siglo XXI. Los temas tributarios y la facilitación de la inversión son importantes pero una agenda basada exclusivamente en ellos es más propia de los años setenta u ochenta del siglo pasado.

Luego de la presentación de esta propuesta no se puede seguir argumentando que la fuerzas de oposición se limitan a hacer críticas sin proponer soluciones. Derechamente, no se busca obstruir sino abrir paso a un acuerdo. La discusión en particular es la última posibilidad para romper el ciclo de alternancias destructivas que Chile viene recorriendo desde hace más de una década.

La palabra la tiene aquí el gobierno. Si insiste en sacar adelante el que considera su proyecto más importante en la forma en que lo ha venido tramitando hasta ahora habrá optado por una estrategia de confrontación que marcará el futuro de su administración.

Por otra parte, el gobierno debe evaluar de manera muy rigurosa el escenario en el que se desarrollará la discusión en particular. Es probable que algunos de los votos que permitieron la aprobación en general no estén disponibles para aprobar varias de las propuestas del proyecto. Varios senadores que votaron favorablemente la idea de legislar han hecho ver sus aprehensiones respecto de muchos temas específicos.

Al final del trámite en el Senado el gobierno se podría encontrar con un proyecto con muchos vacíos respecto al original. En esas condiciones, la Cámara de Diputados debería rechazarlo.

De esta manera, la suerte del proyecto se definiría en una Comisión Mixta de la cual puede salir un proyecto muy desfigurado. Esta es una muy mala opción para Chile y también para el gobierno. En vez de una mala negociación obligada en la Comisión Mixta le convendría mucho más abrirse ahora a una negociación por su propia iniciativa.