Ministerio Público pondrá el acento en “facilitadores” de boletas falsas
Hay en la UDI, la DC, RN y la Nueva Mayoría. Son los que movieron sus hilos y les pidieron a otros que emitieran boletas ‘falsas’ a nombre de SQM para recolectar millones que después destinarían a la política. Todo al margen de la Ley. La Corte de Apelaciones sentó precedente y dictaminó que la Fiscalía podrá ir “tras todos los que resulten responsables” sin que sea necesaria una denuncia o querella particular del SII. Pablo Longueira, Claudio Eguiluz, Cristián Ley, Giorgio Martelli y Marcelo Rozas son los “facilitadores”, identificados hasta ahora en la indagatoria, que están en la mira ante el nuevo escenario.
El miércoles fue un buen día para el Ministerio Público. Esto porque la Corte de Apelaciones marcó un antecedente que puede destrabar las diferentes investigaciones por pagos irregulares a la política. El tribunal de alzada revocó la resolución de la jueza Ema Tapia, del Octavo Juzgado de Garantía, que anuló la audiencia de formalización del consejero regional del Bío Bío por RN y ex vicepresidente del partido, Claudio Eguiluz.
Un hecho clave para el futuro de las indagatorias, ya que abre la puerta a la Fiscalía para que formalice a los más de 172 contribuyentes mencionados en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 2 de abril y que obtuvieron pagos de SQM sin respaldo. También podría llevar a tribunales a cualquiera que aparezca como responsable de los delitos incluidos en las denuncias y querellas presentadas por el SII hasta el momento.
El hecho es determinante, ya que se produce justo cuando el SII congeló su presentación de acciones legales –en medio de presiones políticas–, y cuando las defensas de los imputados acusaban al Ministerio Público de actuar fuera de la ley por intentar formalizar a quienes no estaban denunciados por el Servicio.
Entre los posibles nuevos formalizados hay una extensa lista de espera, la que se ha nutrido de información surgida de la indagatoria de la Fiscalía.
Según quienes conocen y trabajan en el tema, no se investigará a todos los “boleteros” (quienes emitieron los documentos cuestionados) sino que se irá tras las huellas de los “facilitadores”, es decir, de aquellos que utilizaron a terceros como emisores de boletas falsas para lograr financiamiento político. Esta figura no es nueva, es el caso del propio Claudio Eguiluz; de los coroneles de la UDI Jovino Novoa y Pablo Longueira; del senador Iván Moreira; el DC Marcelo Rozas; el UDI Cristián Leay; el operador Giorgio Martelli, y el ex diputado radical Alejandro Sule.
En la UDI los diversos testimonios recogidos por la Fiscalía y el SII dan cuenta de la existencia de “facilitadores” de boletas, encargados de reunir dineros para financiar su actividad política. Uno de ellos es el actual director de TVN y ex diputado de la tienda, Cristián Leay, en cuyo entorno aparecen varias personas emitiendo boletas a la empresa minera.
La cónyuge del hijo de Leay, Trinidad Subercaseaux Alessandri, figura emitiendo una boleta por $5.000.000 líquidos a SQM. En su declaración frente al SII señaló: “… la verdad no me acuerdo bien quién me solicitó la emisión del documento, lo más seguro es que haya sido por parte de la familia de mi marido Alejandro Leay Cabrera que tiene afinidad con el partido UDI, pero no presté ninguna contraprestación a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., por lo tanto tampoco realicé ningún servicio, de hecho en esa fecha tenía mi hijo de 20 días de nacimiento. El dinero sí lo recibí mediante un vale vista por $5.000.000 y luego se lo entregué a mi suegro Cristián Leay Morán. No conozco a nadie de la empresa Soquimich S.A.”.
Otros nombres vinculados a Leay son: María Alejandra Bórquez Cousiño –su pareja–, con ocho boletas a SQM por $40.000.000; Gustavo Mauricio Guiñez Ramírez, abogado y quien ha recibido pagos del Centro de Estudios Nueva Minería, propiedad del ex diputado; María Francisca Orellana Lazo, periodista que aparece con una boleta por $4.000.000; María Paz Schuster Pinto, periodista y psicóloga del Sernam, que tiene una boleta por $1.000.000; Alfonso Agustín Mora Domínguez, con dos boletas por $12.000.000; Laura Toledo Cruz, con tres boletas por $14.800.000, entre otros.
[cita] Según quienes conocen y trabajan en el tema, no se investigará a todos los “boleteros” (quienes emitieron los documentos cuestionados) sino que se irá tras las huellas de los “facilitadores”, es decir, de aquellos que utilizaron a terceros como emisores de boletas falsas para lograr financiamiento político. Esta figura no es nueva, es el caso del propio Claudio Eguiluz; de los coroneles de la UDI Jovino Novoa y Pablo Longueira; del senador Iván Moreira; el DC Marcelo Rozas; el UDI Cristián Leay; el operador Giorgio Martelli, y el ex diputado radical Alejandro Sule. [/cita]
Leay siempre ha sido un estrecho colaborador de uno de los coroneles del partido: Pablo Longueira. De hecho, ambos comparten negocios y oficinas. En Nueva Los Leones 0281 funcionan el Centro de Estudios Nueva Minería, de Leay, y la Fundación Chile Justo, vinculada a Longueira. Son varios los testimonios entregados al SII que vinculan pagos a través de boletas falsas con Chile Justo. Todos indican que la ex jefa de gabinete de Longueira, Carmen Luz Valdivieso, la “Titi”, era quien les solicitaba emitir esos documentos.
Patricio Lazcano Silva aparece recibiendo $11.000.000 de SQM. El ex concejal por San Joaquín, ex jefe de gabinete del alcalde RN Pedro Sabat y ex asesor del UDI Pablo Zalaquett, indica que realizó un informe para la Fundación Chile Justo, y que fue esta “quien me solicitó que las boletas de honorarios las emitiera a nombre de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (…) el informe se lo entregué a la Fundación, según recuerdo a la Directora Ejecutiva denominada ‘Titi’”.
Solange Hermosilla Chandía figura en la denuncia del SII del 2 de abril con una boleta por $5.000.000. Ella declaró al SII: “Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, solo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que la llamaban “Titi” Valdivieso (…) quiero dejar en claro que no conozco a ninguna persona de la empresa Soquimich S.A., no conozco sus oficinas y no presté los servicios”. Hermosilla agregó en su declaración que “Titi” Valdivieso también le solicitó emitir boletas falsas a Pesquera El Golfo S.A. y al Centro de Estudios Nueva Minería, controlado por Cristián Leay.
Otro “boletero” vinculado a Longueira y a su estrecha colaboradora es Ricardo Jorquera Gutiérrez, quien figura en el listado del SII con una boleta por $6.000.000. Al Servicio declaró que ese documento era falso, y también mencionó a la asesora del coronel de la UDI como el nexo para traspasar el dinero: “No presté esos servicios que dice la boleta que me exhiben, la emití por internet usando mi clave del Servicio y se enviaba a un correo de una persona conocida como Titi Valdivieso, no sé quién es ella, ahora estuve consultando con algunos compañeros que me comentaron que ella era la persona que estaba organizando esto, son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de 10…”.
Vinculados a Longueira también aparece uno de sus hijos, José Tomás, con una boleta por $4.000.000 en 2010. También está en el listado del SII su ahijado, Rubén Carvacho, con $5.000.000, y su esposa, Carolina Chamorro, con otros $5.000.000.
Otro personaje gremialista en torno al cual giran boleteros es el alcalde de Colina, Mario Olavarría. Son cuatro los funcionarios que se relacionan con él y que figuran emitiendo documentos falsos. Viviana Mora y Gonzalo Urra trabajan junto al alcalde en la Sociedad de Profesionales Innova, que se dedica a las asesorías financieras. La primera figura recibiendo de SQM $33 millones y el segundo $5 millones. En conversación con El Mostrador, Olavarría indicó que ambos le aseguraron “que desde la UDI les pidieron emitir las boletas”, y que él no tenía idea de esa situación hasta que se presentó la denuncia del SII.
Ligados a Olavarría aparecen también la abogada Ruisa Arias Wall, con $4.300.000, y el hermano de Gonzalo Urra, Alejandro, también con $4.300.000.
El nombre clave en la participación de la DC en la trama SQM es el ex embajador de Chile en República Checa, Marcelo Rozas, quien por sí solo figura recibiendo más de $398 millones. Quien fuera su cónyuge, Michelle Raymond Larraín, suma otros $135 millones y el hijo de ambos, Daniel, aporta al cómputo total con $137 millones adicionales. En total, el ex diplomático falangista recibió $640 millones desde SQM.
Rozas es desde la década del 90 un hombre cercano a Julio Ponce Lerou. Según ha comentado a sus cercanos, le ayudó al ex yerno de Pinochet a entender el proceso político que llevaba adelante la Concertación durante la transición, motivo por el cual sería especialmente valorado por quien controla indirectamente SQM. De hecho, la Fiscalía ha podido determinar que Marcelo Rozas fue el puente que le permitió a los hijos de Pizarro y al hijo del diputado León llegar hasta la minera para recibir financiamiento.
Si el Ministerio Público logra determinar que el ex embajador fue un facilitador de boletas falsas para financiar actividades políticas o personales, podría ser uno de los próximos formalizados.
Claudio Eguiluz, consejero regional del Bío Bío y ex vicepresidente de RN, aparece como uno de los facilitadores de boletas vinculado a Renovación Nacional. En total, la investigación de la Fiscalía lo acusa de totalizar $570,2 millones gracias a boletas falsas emitidas y por él y por algunos de sus colaboradores.
Boletas de su puño y letra le generaron pagos de SQM por más de $170 millones. Esa suma está compuesta por las boletas que hizo como persona natural a SQM (por $125 millones), las facturas que su sociedad KTZ emitió a la misma empresa minera ($45 millones) y una boleta que él hizo para SQM Salar ($2,7 millones). Su nombre aparece vinculado a otros ocho contribuyentes que son investigados por haber presentado boletas falsas a SQM, por otros $400 millones.
En suma, en la investigación de la Fiscalía el nombre de Claudio Eguiluz está asociado a documentos tributarios bajo sospecha de ser falsos, que totalizan $570,2 millones.
Su caso se transformó en emblemático luego que la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Ema Tapia, decidiera anular la formalización en su contra por no existir, en ese momento, una acción legal del SII que lo acusara. Esa decisión fue un búmeran para los contribuyentes cuestionados luego de que la Corte de Apelaciones fijara posición al respecto y determinara que el Ministerio Público puede investigar y formalizar sin necesidad de una querella específica del Servicio. Ahora, Eguiluz podrá ser formalizado finalmente por los cargos que la Fiscalía determine.
El recaudador de la Concertación y de la campaña presidencial de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, aparece también facilitando el uso de boletas falsas. Según la querella que el SII presentó en su contra el 11 de mayo, el geógrafo ex PPD es acusado por el artículo 97, N° 4 del Código Tributario, el que pena a quien “maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número”.
Sin embargo, actualmente Martelli solo está querellado junto a la contadora DC Clara Bensan por delitos tributarios entre octubre de 2009 y noviembre de 2010. Aún no ha sido denunciado ni querellado por el rol que jugó AyN durante 2013 en la precampaña de la Presidenta.
En el caso de la campaña presidencial de 2009, Bensan declaró que fue Martelli el que le solicitó emitir facturas falsas a SQM y a otras empresas, entre las que se cuenta Inversiones Caburga, propiedad del grupo Said.
En el caso de Asesorías y Negocios, la que aparece sirviendo de puente para allegar recursos de grandes empresas a la precampaña de Michelle Bachelet, la investigación de la Fiscalía ha determinado que se habrían emitido boletas y facturas presumiblemente falsas para mover los dineros. En esta arista aparecen involucrados ex ministros del Gobierno de Bachelet, como Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, y otros ex funcionarios y asesores del Ejecutivo, como el ex director del SII, Michel Jorratt, el ex asesor de Interior, Robinson Pérez, y varios miembros del círculo íntimo de Bachellet y del grupo denominado G90, del PPD.
En total, Asesorías y Negocios recibió $223 millones de SQM-Salar, filial de la minera. En el libro de ventas de AyN se registraron 23 pagos entre 11 de enero de 2012 y el 8 de octubre de 2013 a distintos cuadros políticos que trabajaron preparando el retorno a Chile de Michelle Bachelet.
La veta de los movimientos truchos de Martelli para financiar la política de la centroizquierda podría tener aún una madeja que desenrollar. La declaración del geógrafo sitúa a Jorge Rosenblut como facilitador en el caso de AyN, ya que «me llamó para pedirme que me incorporara a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc., para una nueva opción de gobierno de la Concertación», dijo ante la Fiscalía.
En el caso del Partido Radical, aparece como un posible facilitador de boletas el ex diputado Alejandro Sule, quien hasta junio se desempeñó como asesor de la ministra de Minería, Aurora Williams, cargo al que renunció luego de verse involucrado en el pantano del caso SQM.
A Sule se asocian las boletas falsas emitidas por el ex subsecretario de Gobierno Rodolfo Baier ($6.820.667) y por el periodista radical Ignacio Rojas Rojas, quien se mantiene en el Gobierno como asesor de la Subsecretaría de Economía y que aparece boleteando a Soquimich por $6.000.000. En citas internas del PRSD, Baier reconoció que emitió el documento por petición de Sule.
Pero no son los únicos dos casos asociados a Sule. En su declaración ante la Fiscalía, el consejero general del Partido Radical, Carlo Descalzi Contreras, señaló haber emitido una boleta por $10.000.000 a SQM por un informe en derecho sobre el impacto del proyecto de ley sobre el Multirut en la minera. Esta habría sido por un informe que sí realizó, según dijo, pero del que fue un “intermediario”, ya que era un favor para el diputado radical Alejandro Sule. Este le pagó $400 mil y se quedó con el resto del dinero, pues era una deuda que la empresa tenía con él, según declaró Descalzi. Agregó que se había informado por la prensa de que Sule también le había pedido al ex subsecretario de Gobierno, Rodolfo Baier, que emitiera boletas a SQM.
El 14 de septiembre Alejandro Sule será formalizado por el Ministerio Público. En la misma fecha también la Fiscalía formalizará a otros involucrados en el caso SQM, como Martelli, Clara Bensan, David Flores (PPD) y el ex gerente general de la minera, Patricio Contesse.
El turno para los involucrados en el Caso Penta será el 1 de octubre. Uno de estos es Pablo Wagner, a quien se le acusa de facilitar la emisión de boletas falsas a la empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, entre otras. En esa causa figuran además como facilitadores el senador UDI Iván Moreira –a quien se vincula con boletas emitidas por ex asesores y empleados suyos– y el ex senador del gremialismo Jovino Novoa.
