Según el ex tesorero del Estado Mayor del Ejército, coronel Clovis Montero.
Clovis Montero fue procesado por la justicia militar por su participación en el millonario desfalco a los fondos reservados de la Ley Reservada del Cobre. El ex tesorero del Estado Mayor del Ejército y ex miembro de la Contraloría de esa institución asegura estar triste «por todo lo que ha debido sufrir mi familia».
En entrevista con The Clinic, explica cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta.
«Yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados», confiesa.
Para ello, elabora un manuscrito de 11 páginas escrito en letra imprenta, donde detalla que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”.
“Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, acotó Montero.
Se le pregunta por el destino que tuvo el dinero defraudado. Él escribe los nombres del cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.
Y agrega que los dineros defraudados habrían sido gastados en «casinos, propiedades, caballos y fiestas».
Según este medio online, oficiales del propio Ejército expresaron bajo anonimato su temor por la posibilidad de que estas operaciones incluyan también el financiamiento ilegal de campañas políticas e irregularidades en las operaciones de paz en Haití, apoyadas por Naciones Unidas.
En ese sentido, Montero dice que es «muy probable que uno de los proveedores involucrados en el desfalco, Raúl Fuentes Quintanilla, sea también proveedor en las operaciones de paz”.
«Las operaciones fraudulentas fueron aprobadas al interior del Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de revisar los desembolsos asociados a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, norma jurídica de carácter secreto que hasta hoy no puede ser conocida por la ciudadanía», declara Montero.
Las defraudaciones habrían sido cometidas con los remanentes de las millonarias compras de armas, autorizadas por los ministerios de Hacienda y Defensa.
“Los remanentes se utilizan (generan) por saldos no invertidos que los jefes de proyectos y del Comando de Apoyo a la Fuerza no controlan”, da cuenta.
“Ningún organismo del Ejército revisa la Ley del Cobre. La orden fue del general Jorge Salas con el coronel Fernando Grossi en 2012. La orden era digitar solamente las facturas, no revisar forma y fondo (de los pagos)”, insistió.
