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Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia participa en estudio organizado por la OCDE en Perú

Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia participa en estudio organizado por la OCDE en Perú

La participación del representante chileno fue requerida por la OCDE debido al buen trabajo que ha desarrollado Chile durante estos años, sobre todo con respecto al diseño e implementación de políticas de transparencia y probidad, como la ley que regula el lobby.


Entre el 19 y 30 de octubre, la OCDE realizó una vista a Perú como parte de un estudio sobre integridad en el sector público en dicho país, en el que fue invitado a participar como experto par el abogado de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia (CDCyT), del Ministerio de la Secretaria General de la Presidencia, Francisco Sánchez.

Esta actividad es parte del Programa País que busca levantar información respecto de cómo diferentes naciones avanzan en medidas y temáticas relacionadas con la prevención y lucha contra la corrupción.

“En Perú se han implementado medidas valiosas, como la creación de una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), pero quedan brechas que pueden ser atendidas con soluciones similares a las que ha correspondido aplicar en Chile, en materias de acceso a la información, regulación del cabildeo o lobby y responsabilidad de las personas jurídicas”, aseguró Sánchez.

La participación del representante chileno fue requerida por la OCDE debido al buen trabajo que ha desarrollado Chile durante estos años, sobre todo con respecto al diseño e implementación de políticas de transparencia y probidad, como la ley que regula el lobby. Sánchez, durante el año pasado, participó también de estudios realizado a Costa Rica.

Además de Sánchez, la delegación de la OCDE estuvo integrada por Julio Bacio (Argentina), Frédéric Boehm (Alemania), Angelos Binis (Grecia), entre otros. Los asistentes realizaron audiencias en Lima y Ayacucho, donde entrevistaron a integrantes de diversos órganos como la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, la Contraloría General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Secretaría de Gestión Pública, el Gobierno Regional de Ayacucho, la Corte de Justicia de Ayacucho, representantes de asociaciones gremiales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

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