Cristián Vargas dice que fue discriminado.
El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristián Vargas, interpuso una demanda laboral en contra del organismo por discriminación y despido injustificado.
El abogado argumenta que fue discriminado y que «el término de su contrato se debió a razones políticas».
Esto, por su opinión sobre el actuar del servicio en relación con la indagación «de delitos tributarios, y especialmente de los cometidos en operaciones de financiamiento ilegal de actividades políticas».
Según consigna hoy El Mercurio, Vargas asegura -en la demanda- que la verdadera razón de su desvinculación «es mi opinión contraria a las orientaciones y decisiones gubernamentales y de la nueva dirección del SII, en relación con los delitos tributarios, especialmente en los casos vinculados con el financiamiento ilegal de la actividad política. Y, a pesar que ya se me había apartado del cargo de subdirector, y, por lo tanto, no tenía injerencia en la conducción de la institución, se optó por castigarme, despidiéndome sin manifestar motivo alguno, en forma arbitraria e ilegal».
Asimismo, la acción legal pone énfasis en que no se expusieron las razones de su despido, y que se hizo pese a que siempre tuvo excelentes calificaciones, que lo mantenían en lista de distinción.
«Cuando emerger los casos de delitos tributarios relacionados con grandes empresas vinculadas al financiamiento de la actividad política (Penta y Soquimich) en los que aparecían involucrados personeros tanto del gobierno como de la oposición, el carácter técnico y autónomo del SII (…) empezó a verse afectado por presiones que apuntaban a que no se ejerciera la acción penal o se limitaran estas acciones», agrega.
«Mi decisión de no aceptar esas presiones, representando al interior de la dirección del SII la inconveniencia para la institución de acceder a requerimientos que respondían a objetivos extraños a los propios del servicio y, luego, la denuncia pública que efectué para frenar los intentos ilegítimos de limitación de las investigaciones en curso provocaron que personeros políticos de distinto signo y autoridades de gobierno se opusieran a mi gestión y se me pidiera mi renuncia».
Vargas pide una indemnización de once meses de la última remuneración ($76,6 millones), reajustes y costas del juicio.
