Tocopilla: buscan cementerio clandestino de presos políticos a 600 metros bajo tierra

Ramón Casanga tenía 17 años hacia noviembre de 1973, cuando le tocó presenciar algo que lo marcó de por vida. Según el testimonio judicial que prestó 17 años después, cierta tarde en que se encontraba trabajando en el desmonte de una antigua mina ubicada en el sector de la sierra Tres Puntas, a unos 15 kilómetros al norte de Tocopilla, otro minero (Juan Schiappacasse, ya fallecido) le propuso que fueran a mirar el interior de la mina La Veleidosa.

A unos 80 metros de profundidad (de un total de 600) “a una distancia de un metro vi el cuerpo de una persona, que estaba colgado de las maderas del pique principal”, relató. Por supuesto, recordó, “me impresioné mucho, quise salir arrancando, pero me contuve”, pues se dio cuenta de que conocía a la víctima: se trataba del médico Claudio Tognola Ríos, a quien reconoció de inmediato, “ya que tenía el pelo colorín y crespo”. Además, “yo a él lo conocía, todo Tocopilla lo conocía”.

El entonces muchacho registró todo lo que pudo en su mente, en la medida en que las condiciones ambientales se lo permitieron, pues solo tenían una lámpara. Dijo que le llamaron la atención sus zapatos, marca “Jarman” (que era una marca de alta calidad en la época). Se fijó que tenía la barba crecida y que vestía ropa de color celeste o plomo y que “el cadáver se encontraba en posición invertida, estaba colgado, solamente pillado con sus piernas por la madera”.

Como señala una querella recientemente interpuesta por la abogada Paulina Zamorano (exdirectora del Programa de Derechos Humanos), a nombre de la Agrupación de familiares de víctimas de Tocopilla, entre septiembre y octubre de 1973 el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), junto a efectivos de la PDI y militares, en algunos casos, detuvo al menos a siete hombres en Tocopilla: Claudio Tognola Ríos (dirigente del PS), Luis Segovia Villalobos (ingeniero de Codelco y militante del PS), Carlos Garay Benavides (funcionario de Codelco y militante del PC), Luis Gómez Cerda (dirigente sindical de Codelco y militante del PS), Manuel Muñoz Cornejo (jefe de personal de la antigua Soquimich), Freddy Araya Figueroa (estudiante de 21 años, miembro del PS) y Reinaldo Aguirre Pruneda (funcionario de Soquimich, militante PS).

El 6 de octubre la dictadura emitió un comunicado que indicaba que horas antes, mientras las fuerzas de seguridad desenterraban dinamita en una mina (La Veleidosa), “los prisioneros Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalobos, Claudio Tognola Ríos, Freddy Araya Figueroa y Reinaldo Aguirre Pruneda, se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de gritarles alto en reiteradas oportunidades, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos”, informándose que Araya y Aguirre habían muerto y que los demás habían escapado hacia el pique, heridos.

Recién en 1990 algunos fragmentos de los cuerpos de Tognola, Segovia y Garay fueron encontrados en la mina. En el caso de Tognola, la querella detalla que de él se encontró su mano izquierda, a 140 metros, y uno de sus zapatos, a 500 metros, lo que se explica por la evidencia que indica que en algún momento, entre 1973 y 1990, la mina fue dinamitada, con el objeto de destruir los cuerpos. Si bien ello aconteció en el caso del médico, falló en otros. De hecho, el cuerpo de Carlos Garay fue encontrado completo, a 340 metros de profundidad, mientras que respecto de Segovia solo se hallaron algunos fragmentos, a 300 metros.

Además, se encontraron restos del minero y dirigente del PC Agustín Villarroel Carmona, de quien no había mención en el comunicado. La querella indica a su respecto que dicho hallazgo “permite concluir que las personas fueron trasladadas de un lugar a otro con la finalidad de darles desaparición forzada”.

De izquierda a derecha: Claudio Tognola, Luis Segovia, Carlos Garay, Luis Gómez y Manuel Muñoz.

Un montón de cadáveres

Casi 24 horas después del primer descenso a La Veleidosa, Casanga y Schiappacasse decidieron regresar: “en dicha ocasión bajamos hacia un codo y pude apreciar un montón de cadáveres que se encontraban en dicho lugar, me impresionó bastante esto: pude ver un montón de brazos, piernas y cabezas. No pude, en dicha ocasión, distinguir qué brazos o piernas le correspondían a la cabeza o cuerpo, ya que estaban amontonados”, declaró.

El horror no terminaba allí: “cuando estábamos bajando pude apreciar manchas de sangre en los costados del cerro, al parecer donde chocaban los cadáveres, también pude apreciar un delantal blanco”. Tras ello, “ya no pude resistir más y salí de dicho lugar. Posteriormente me vine a la ciudad y no volví nunca más a dicho lugar”, señaló a la justicia.

En 2001 Casanga volvió a ser interrogado y ratificó todo lo que había dicho, pero no solo eso: entregó más detalles, entre ellos que Claudio Tognola presentaba una gran mancha de sangre y que cuando bajaron de nuevo lo hicieron junto a un tercer minero, de apellido Plaza. Detalló que él llegó hasta los 250 metros de profundidad. Explicó que entre ese punto y la zona donde vio al médico había un terraplén de madera y que ahí es donde “estaban amontonados los cuerpos”.

Sobre la cantidad, “estoy seguro de que eran más de cinco”, agregando que también estaba seguro de que “entre los restos había una mujer que vestía un delantal blanco”.

Todo lo anterior, señala el libelo presentado ante el ministro encargado de causas de DDHH de La Serena (que tiene jurisdicción en todo el norte), Sergio Troncoso, permite concluir que “las víctimas fueron conducidas hasta ese lugar, maniatadas, con claras muestras de malos tratos, y luego, dinamitadas con la finalidad de no dejar huellas del brutal crimen. Sin embargo, persisten las dudas e incertidumbre en torno a la identidad de la mujer señalada por Casanga Silva y las personas víctimas que se encontraban apiladas en la mina”.

El mismo escrito precisa que, además, es necesario revisar otros sectores donde se han encontrado restos humanos que la agrupación de familiares estima que pueden pertenecer a sus seres queridos, como los cementerios de Gatico y Cobija, el pique San Lorenzo, los sectores Colupo y Colupito, la playa La Cuchara y el cementerio chino.

Proyección vertical Mina La Veleidosa, confeccionada por los familiares de las víctimas (cedida).

Los trabajos

Desde el lunes pasado, efectivos de la ONG Rescate Atacama (la misma que participó en la extracción de los 33 mineros), así como personal del Servicio Médico Legal y detectives de la PDI se encuentran trabajando en La Veleidosa. La abogada Zamorano explicó a El Mostrador que “se han se han hecho varias diligencias de búsqueda en ese lugar a partir del año ‘90, con las primeras diligencias que se hicieron con muy pocos recursos, en donde se encontraron algunos de los restos, lo cual permitió acreditar que algunas de las víctimas habían sido hechas desaparecer en la mina, pero también algo muy interesante es lo señalado por el minero que señaló que estaba el cuerpo de una mujer y otros cuerpos. Entonces, la pregunta es ¿de qué mujer se tratará? ¿a qué otras víctimas quizás hicieron desaparecer en la mina? ¿otras víctimas quizás de la región o quizás, incluso, puede ser de otras regiones?”

Por ello, argumenta, “es tan importante poder indagar, no solamente respecto de las víctimas de la presente querella, sino que también poder dar con toda la otra información respecto de posibles otras víctimas que podrían haber sido hechas desaparecer en La Veleidosa”.

Paola Tognola, hija del médico del mismo apellido, dijo a El Mostrador que “como agrupación de víctimas de familiares de Tocopilla presentamos esta querella para hacernos parte de la causa oficialmente, porque la querella que inició esta nueva búsqueda la hizo el Estado de Chile, bajo el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), y como hubo este cambio de escenario es que decidimos querellarnos para hacer solicitudes”, recordando que desde el cambio de gobierno el Programa de DDHH (del cual depende el Plan de Búsqueda) ya no está alegando en varias causas contra violadores de los DDHH, cambiando además los criterios del Plan de Búsqueda.

En efecto, explicó que este “ya no está actuando como actuaba antes”, pues el PNB apoyaba a los familiares en diligencias pre-judiciales, pero ahora ya no y por ello “vamos a tener que volver a lo que hacíamos algunos años atrás, cuando nosotros, como familiares, íbamos por nuestra cuenta a los lugares para levantar los antecedentes necesarios para poder presentar un escrito con fundamento y decir al ministro en visita: ‘mire, vimos esto, estas son las fotografías, por favor, investigue'”.

Al respecto, señaló que eso lo había asumido el PNB y “eso facilitaba mucho la búsqueda, por lo cual nos preocupa mucho, pues sabemos que este año al menos se van a seguir con las diligencias judiciales, pero el próximo año no lo sabemos”.

Respecto de los trabajos actuales, dijo que son la culminación de muchos años de búsqueda y que en medio de ello “contactamos a la ONG Rescate Atacama” y que desde 2023 se viene trabajando “básicamente, en reforzar la mina, para que sea una zona segura, por un lado, porque la prioridad está en la seguridad”.

Agregó que “esta diligencia es super importante, porque es la primera vez que viene el equipo del SML De Santiago a trabajar en la mina en la búsqueda propiamente tal, un equipo extraordinario, y el año pasado se sumó el ERTA (Equipo de Reacción Táctica) de la PDI y ellos trabajan también con cuerdas y han bajado a la mina con Rescate Atacama, entonces, se ha conformado un equipo maravilloso, también junto a Sernageomín”.

Es la primera vez que se realiza una búsqueda propiamente tal, indicó, dado que en 2000 el ya fallecido juez Juan Guzmán también intentó inspeccionar la mina, pero no había recursos para financiar el trabajo. Según explicó Paola Tognola, es por este motivo que las expectativas de los familiares son muy altas.