Luego del millonario escándalo que afecta al Ejército
“Lo que decimos es que este fue un grupo de delincuentes que defraudó al Ejército. Y vamos a colaborar para que si existen más involucrados, sean descubiertos lo antes posible y colaborar al máximo en esa materia”, asegura el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.
Luego del escandaloso fraude que afectó al Ejército por más de 10 millones de dólares, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, asegura que se está trabajando en una propuesta para derogar la Ley Reservada del Cobre que financia a las Fuerzas Armadas, la cual debería ser presentada en 2016.
En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado señala que “sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Lo que pasa es que las circunstancias y contingencias nos demoran. Porque estuvimos en todo el proceso de discusión del Presupuesto, la educación… Pero yo he conversado claramente con el ministro de Hacienda y vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República, quien va a decidir. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016”.
Gómez también explica que el programa de gobierno habla de un cambio a la dicha ley y “obviamente, el sistema de financiamiento requiere de una modificación. En lo que sí hay que ser claro es que las FF.AA. necesitan que exista un sistema de financiamiento que no las haga competir con la construcción de hospitales o con la educación”.
En ese sentido, sostuvo que “el país necesita un financiamiento asegurado para la defensa del país. Y es importante que la opinión pública sepa que gran parte de esos recursos van en beneficio del país. Hay una definición de que las Fuerzas Armadas actúen de manera polivalente. Cuando hay terremotos, aluviones o tsunamis, ocupamos todo el material que tenemos para atender las emergencias”.
El titular de Defensa explicó que la modificación busca que algunos aportes salgan de la categoría de secreto, agregando que “aquí estamos hablando de recursos que se utilizan en reparación. ¿Qué de secreto puede tener eso? Sin embargo, como hay una ley que establece un secreto máximo para pertrechos militares, está involucrado. Entonces, lo que estoy revisando es cómo hacemos para que los recursos que se requieran para determinadas áreas entren al presupuesto normal de FF.AA. y no entren a esta área de secreto. Diferentes son los sistemas de armas y otras temáticas que sí requieren secreto”.
Sostuvo que el nuevo financiamiento que se busca debería permitir la planificación de las Fuerzas Armadas hasta el 2026, porque a su juicio es fundamental que exista un presupuesto asegurado, “que podamos planificar. Todos estos procesos son de larga data. Se pueden demorar 10 años en concretarse. En esta lógica de planificación de aquí al 2026, nosotros deberíamos tener asegurados los recursos para poder adquirir los compromisos”.
Sobre el fraude que afectó al Ejército, Gómez precisa que lo ocurrido no es responsabilidad de la institución.
“Este no es un fraude del Ejército. Es un fraude al Ejército y a los chilenos, con recursos que son públicos. Por lo tanto, en ese sentido soy muy claro. Quienes han sido responsables han sido destituidos, la mayoría de los involucrados están presos. Lo que hemos dicho es que no va a haber protección a nadie. Si de la investigación y los antecedentes que se recopilen surgen nuevos responsables, van a ser llevados a la justicia y vamos a instar para que se les aplique el rigor de la ley”, menciona.
Gómez señala tajante que “lo que decimos es que este fue un grupo de delincuentes que defraudó al Ejército. Y vamos a colaborar para que si existen más involucrados, sean descubiertos lo antes posible y colaborar al máximo en esa materia”.
Asimismo, el ministro de Defensa es consultado por un eventual círculo de protección que involucre a cargos más altos del Ejército, sostiene que “no es posible que exista un círculo de protección, por lo que han señalado el ministro de Defensa y el comandante en jefe del Ejército. Los antecedentes que se han recopilado han sido entregados todos, absolutamente todos, a la justicia. Ahora, cómo se lleva el proceso en la justicia, es un tema de ellos, no de nosotros. No existe ninguna posibilidad desde la institucionalidad de que se pueda pretender generar un manto de protección a nadie”.
