Oposición da ultimátum a Kast: exige salida de Rabat o avanzará en acusación constitucional

La oposición elevó la presión sobre el Presidente José Antonio Kast y exigió la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, advirtiendo que avanzará en una acusación constitucional si el Gobierno no asume responsabilidades políticas por las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El emplazamiento se produjo luego de que Kast reconociera que el Estado cometió un error, pero ratificara su confianza en Rabat y le encargara impulsar las medidas para corregir la situación. La decisión no logró contener los cuestionamientos de los partidos opositores, que consideran insuficiente el reconocimiento presidencial.

Las bancadas del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana y Partido Liberal trabajan en los fundamentos de una eventual acusación constitucional. Además, buscan que el ministro comparezca ante una sesión especial de la Cámara de Diputados el miércoles 28 de octubre.

Las exigencias de la oposición

El presidente del PPD, Raúl Soto, estableció tres condiciones para evitar el juicio político: que Kast solicite la renuncia de Rabat, que el Ejecutivo inicie acciones administrativas y judiciales para revocar los decretos y que ofrezca disculpas públicas a las víctimas.

En entrevista con Radio Bío Bío, Soto advirtió que una acusación constitucional es “altamente probable” si La Moneda mantiene su respaldo al secretario de Estado. También cuestionó que el Presidente atribuyera lo ocurrido a una falla institucional, afirmando que “hay dos responsables con nombre y apellido, José Antonio Kast y Fernando Rabat”.

Desde el Frente Amplio, su presidenta, Gael Yeomans, insistió en que reconocer el error no basta. “Si se reconoce el error, lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades políticas y la responsabilidad política está en el ministro de Justicia”, señaló.

A las exigencias se sumaron las senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC), quienes plantearon que Rabat debe abandonar el gabinete. Provoste sostuvo que el ministro “haría bien en dar un paso al costado”, mientras Carvajal pidió al Ejecutivo marcar distancia de su actuación.

Gobierno responde con reforma legal y mantiene a Rabat

Pese al emplazamiento, Kast descartó remover al ministro. El Mandatario argumentó que apartarlo del gabinete puede aliviar momentáneamente la controversia, pero no resolver el problema de fondo.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa una reforma a la Ley 19.856 para impedir nuevas reducciones de condena a responsables de delitos sexuales contra menores. La iniciativa busca aclarar que la prohibición incorporada en febrero de 2022 también se aplica a delitos cometidos antes de esa fecha y eliminar una excepción asociada al artículo 73 del Código Penal.

Sin embargo, el proyecto no contempla revocar automáticamente las rebajas ya otorgadas, precisamente uno de los puntos que exige la oposición. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, convocó a una sesión extraordinaria para este martes a las 16:30 horas.

“De todas las opciones de interpretaciones posibles que tenía el gobierno, optó por la peor”, cuestionó Mirosevic, quien acusó al Ejecutivo de favorecer con su interpretación a condenados por delitos sexuales contra menores.

Acusación constitucional entra en etapa de definición

Las seis bancadas opositoras analizan los antecedentes jurídicos para determinar si presentan el libelo. El diputado socialista Marcos Ilabaca ha planteado que la acusación debe sustentarse en infracciones constitucionales o legales acreditadas.

La presidenta del Partido de la Gente (PDG), Denisse Catalán, señaló que su colectividad también estudiará una eventual acusación, aunque sin comprometer todavía su respaldo. En el oficialismo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió la continuidad del ministro y destacó el respaldo presidencial.

La controversia también abrió un frente judicial: los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia penal contra Rabat por su actuación en el caso.

Con la discusión legislativa en marcha y la continuidad del ministro respaldada por Kast, la oposición mantiene su exigencia de responsabilidades políticas. La definición sobre una eventual acusación constitucional quedó vinculada al análisis de las bancadas y a las respuestas que entregue el Ejecutivo.