El Ejecutivo conforma mesa de trabajo para corregir «distorsiones»
«Vamos a proteger a nadie ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados», dijo el titular de Defensa, José Antonio Gómez, junto a su par del Trabajo, Alejandra Krauss.
Los ministros de Defensa y del Trabajo, José Antonio Gómez y Alejandra Krauss, anunciaron este lunes la conformación de una mesa de trabajo para buscar los mecanismos para corregir las «distorsiones» detectadas en la entrega de millonarias pensiones «de inutilidad de segunda clase» que entregan la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) a ex uniformados que en realidad no presentan problemas de salud y que, por el contrario, continúan trabajando de forma particular.
«Hemos concordado una mesa de trabajo en la cual todos los antecedentes que estimemos pertinentes que deban ser revisados desde la perspectiva administrativa o legislativa y que corresponda dentro de las facultades ya sea del ministerio de Defensa o del Ministerio del Trabajo, serán trabajadas y propuestas en aproximadamente 45 días», dijo la ministra, en un punto de prensa junto a Gómez, tras la difusión el domingo último de un reportaje del programa Informe Especial de TVN, que detalló que entre los «beneficiarios» aparecen personas que cumplen condena en Punta Peuco por violaciones de Derechos Humanos, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea Patricio Ríos Ponce, y el hijo del fallecido ex dictador Augusto Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, entre otros.
El titular de Defensa recalcó que «esto no es de ayer, viene de hace un tiempo atrás» y detalló que hace pocos meses recibió la información emanada de las comisiones investigadoras unidas de la Cámara de Diputados encargadas de analizar las eventuales irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena y Dipreca, y las pensiones pagadas a funcionarios de Gendarmería.
Asimismo, detalló que «nosotros hemos realizado una revisión de los casos y además, para los efectos de la tranquilidad de los chilenos y chilenas respecto al punto, todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría General de la República, para que analice y revise si esas pensiones pueden o no ser revisadas desde el punto de vista de la administración; y en segundo lugar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que determine si existe o no alguna situación irregular desde el punto de vista del sistema penal. Por lo tanto, con claridad, no vamos a proteger a nadie ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados».
Sostuvo también que las polémicas pensiones se otorgaron bajo un sistema en el que existe un listado de enfermedades, la que en adelante «no va a ser utilizada, va a ser utilizado el sistema del Compin, que es el sistema público común y por lo tanto para que una persona sea declarada en incapacidad, va a requerir de un 67%, cosa que hoy día pueden haber distorsiones que no se pueden volver a repetir».
Gómez explicó que actualmente «hay una ley que establece los criterios del porqué se dan estas pensiones y existe una comisión de Salud que está establecida en un DFL1. Esa comisión es soberana. Lo que vamos a hacer es que vamos a integrar esa comisión en igualdad de condiciones, una sola comisión para las tres instituciones -de las FF.AA.-y las mismas condiciones para cada uno de ellos; segundo, los antecedentes que se reciban de ellas tienen que venir bien certificados, y tercero, las modificaciones respecto de ese punto son modificaciones legales que vamos a trabajar con la ministra».
Alejandra Krauss agregó finalmente que la mesa de trabajo permitirá abordar “todos aquellos sistemas que permiten a ciudadanos de nuestro país, de distintas funciones o de distintos establecimientos. Todo está establecido por ley y será en esa mesa de trabajo donde concordaremos las necesarias modificaciones que requiere el sistema en su conjunto para lograr los acuerdos pertinentes».
Entre los ex miembros de las Fuerzas Armadas quienes revisen pensiones de invalidez pese a estar sano, también se encuentran 4 condenados por delitos de lesa humanidad.
Emilio Neira, ex agente de la CNI y ex preso de Punta Peuco, quien cumplió una condena de 8 años por el caso Operación Albania, actualmente recibe una pensión de $2.605.979. Neira dijo que padecía de síndrome post traumático.
Por su parte, la jueza del 2do juzgado de familia, ex abogada de Capredena, Patricia Rivera, recibe $1.700.000 desde hace 20 años. «Como jueza de la República no tengo nada de qué ocultarme, nada porqué sentirme avergonzada», dijo según consigna La Segunda.
Finalmente el ex comandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos Ponce, se retiró en 2002 y en 2006 se le modificó la pensión por invalidez de 2da clase a $4.000.000.
