Senadores salen al paso del TC y piden sesión para cuestionar objeción de conciencia institucional

Un grupo de senadores oficialistas solicitó este martes al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, que convoque a una sesión especial de la Corporación para analizar las “implicancias” del fallo del Tribunal Constitucional sobre la despenalización del aborto en tres causales, ya que a juicio de los parlamentarios se excedió en sus atribuciones al modificar el texto que había emanado sobre el Poder Legislativo en lo relativo a la objeción de conciencia.

“La disposición aprobada por el Congreso Nacional que regulaba y acotaba la aplicación de la objeción de conciencia a los profesionales que intervenían en el procedimiento fue, ampliado a otro grupo de personas naturales y a personas jurídicas o instituciones, por medio de la eliminación de ciertas palabras y la mantención de otras El resultado de este ejercicio es una redacción corrompida y mal construida lingüísticamente del texto de la ley que fuera aprobado por los órganos democráticos que intervinieron en su tramitación” señalan los senadores Pedro Araya (ex DC), Alfonso de Urresti (PS) y Felipe Harboe (PPD) en una carta que entregaron al presidente de la Cámara Alta.

“En el caso al que nos referimos, el Tribunal Constitucional, con la excusa de estar eliminando del proyecto una frase, creó una regla, precisamente contraria a la aprobada por el Poder Legislativo. Nótese que en este caso, la situación fue prevista y se legisló con la expresa finalidad de excluir a las instituciones de la posibilidad de ser objetores de conciencia, lo que se modificó mediante la sentencia del Tribunal Constitucional. Este precedente es de la mayor gravedad, porque el hecho de que se trate de un legislador “negativo” es la principal –si no la única– limitación formal que el Tribunal Constitucional tiene a sus competencias”, sostienen.

Y agregan: «El resultado de este ejercicio es ua redacción corrompida y mal construida lingüísticamente del texto de la ley que fuera aprobado por los órganos democráticos que intervinieron en su tramitación».

Los senadores advirtieron además que “si no representamos el actuar del Tribunal Constitucional en este caso como un ejercicio abusivo de sus competencias, en el futuro podría decidir eliminar palabras aisladas o incluso letras, y de ese modo, eludir totalmente sus deberes constitucionales, cambiando reglas democráticamente establecidas en base a este ‘precedente’ que se estaría intentando asentar”.

Además, insisten en que “conforme a la Constitución, los únicos órganos que tienen competencia para decidir cuáles son las reglas que ingresarán como leyes al orden jurídico chileno son el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Por tanto, avalar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en este caso, implica relegar la función legislativa a un rol secundario, lo que no se condice con la legitimidad democrática directa con que cuentan los órganos colegisladores”.

Los senadores advierten también que “al invadir el TC el ámbito de atribuciones del Presidente de la República y del Congreso Nacional en su rol de creación de la ley, afecta abierta y gravemente el orden republicano y democrático de nuestro país, por cuanto el tribunal no cuenta con legitimidad democrática para disponer la creación de nueva normativa”.

“Creemos, que por los hechos relatados, el Senado de la República, debe analizar en una sesión especial las implicancias que tiene esta sentencia en el equilibrio de poderes institucionales y observar las reformas necesarias para impedir que el orden democrático y republicano quede relativizado por el activismo judicial, sea este de cualquier tipo o tendencia”, agregan.