PAÍS
Gobierno defiende “Escudo Fronterizo”: menos cruces ilegales y más despliegue militar en el norte
El subsecretario Máximo Pavez defendió ante el Senado los resultados del Plan Escudo Fronterizo y aseguró que las denuncias por ingresos por pasos no habilitados cayeron 79,3% desde 2022, mientras las reconducciones bajaron a la mitad por una menor presión migratoria.
Con números sobre la mesa y harto énfasis en mostrar control, el Gobierno salió este lunes a defender el llamado “Plan Escudo Fronterizo” ante el Senado. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llegó hasta la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para exponer los avances de la estrategia desplegada en la macrozona norte, una de las apuestas más visibles de La Moneda en materia migratoria y de seguridad.
La presentación —hecha en representación del ministro del Interior, Claudio Alvarado— buscó instalar la idea de que el Ejecutivo logró bajar la presión en la frontera. Según las cifras entregadas por el subsecretario, las denuncias por ingresos por pasos no habilitados cayeron desde 17.045 casos en 2022 a 3.525 durante 2026, una baja de 79,3%. En paralelo, las reconducciones también disminuyeron, pasando de 446 a 216 casos en el mismo período.
“El sistema de vigilancia está funcionando”
En el Gobierno apuestan a leer esos números como una señal de que el sistema está funcionando. Pavez insistió en que la baja de reconducciones no responde a una menor fiscalización, sino a que hay menos intentos de ingreso irregular. “Es menor la necesidad de reconducción producto de que el sistema de vigilancia está funcionando”, sostuvo ante los senadores.
Pero el Ejecutivo también quiso poner el foco en otro dato: el aumento de decomisos y detección de contrabando. Los eventos frustrados pasaron de cinco en 2025 a 31 este año, un salto de 520% que Interior exhibe como prueba de un mayor despliegue operativo en la frontera norte.
La zanja
La estrategia, eso sí, sigue teniendo una imagen difícil de despegar: la zanja. Y en el Gobierno parecen conscientes de eso. Por lo mismo, Pavez recalcó varias veces que el plan “es mucho más que eso”. Actualmente hay cerca de 3.100 efectivos desplegados en la macrozona norte y el proyecto de barreras físicas —que contempla 60 kilómetros en total— acumula 12 mil metros lineales construidos. Arica y Parinacota registra un 21% de avance, Tarapacá un 33% y Antofagasta bordea el 40%.
El subsecretario intentó mover la conversación desde la postal de la excavadora hacia un modelo más tecnológico y militarizado de vigilancia. Ahí aparece el Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), que incorpora drones, cámaras móviles y fijas, además de puestos de observación y mando. Todo eso ha significado una inversión superior a los $13.700 millones, a lo que se suman otros $2.800 millones trimestrales para el despliegue de las Fuerzas Armadas.
En infraestructura dura, en cambio, el avance todavía corre más lento que el relato político. Los 12 kilómetros de barreras ejecutadas hasta ahora han costado cerca de $1.000 millones, mientras que el proyecto completo bordearía los $16.000 millones.
Desde Interior aseguran que el plan no apunta solo al control migratorio, sino también a golpear delitos transnacionales y reforzar la vigilancia marítima, un flanco que —afirman en el Ejecutivo— había quedado históricamente más botado. La apuesta del Gobierno es instalar que la frontera dejó de ser un territorio sin control. Otra cosa será cuánto aguantan esos números cuando el debate vuelva a cruzarse con la presión política y el costo fiscal.
