Desde el tribunal han enviado indirectamente el recado hacia el Gobierno explicando lo urgente de poder contar con los dos ministros suplentes que se encuentran pendientes desde la administración anterior, nominas que han sufrido varios tropiezos. En Palacio acusan a la ex Nueva Mayoría de “chantaje” en medio de las negociaciones y, en respuesta, le retrucan pecar de “ambición” e intentar dividir las aguas opositoras al sondear el nombre de Álvaro Fuentealba Ramírez, que es bien visto por los socialistas, pero genera reparos en la DC. Sobre todo, advierten que si Piñera no se allana a reformar esta cuestionada instancia, no existirá luz verde en los nombramientos. [ACTUALIZADA: ver N de la R al final de la nota].
Se sabe, el Tribunal Constitucional (TC) lleva rato en el ojo del huracán, no genera la mejor percepción ante la ciudadanía ni ante un amplio sector de la clase política. Varios de sus fallos han cambiado la dirección de lo discutido y aprobado en el Congreso, razón por la cual lo acusan –peyorativamente– de ser una “tercera cámara”. Ese clima no ha generado el mejor panorama para zanjar los nombramientos pendientes de dos de sus integrantes titulares, además de dos abogados suplentes, situación que tiene al polémico TC funcionando al límite de su cuórum, con ocho miembros, y en riesgo permanente de fracasar a las sesiones del pleno.
En abril cumplió su período el abogado Carlos Carmona, que fue presidente del TC, cuyo cupo es resorte presidencial, lo que significa que Sebastián Piñera puede nombrar a quien estime conveniente sin necesitar la venia o los votos de nadie. Sin embargo, es clave el perfil que elija el Mandatario, ya que una figura excesivamente conservadora y de derecha, agudizaría el desequilibrio en la correlación de fuerzas internas a favor del sector oficialista, lo que generaría una reacción en cadena para bloquear otros nombramientos que necesita este tribunal.
Además de Carmona, el viernes 8 de junio dejó su asiento titular la abogada Marisol Peña.
Desde el Tribunal Constitucional han hecho llegar mensajes a La Moneda alertando sobre la urgencia de contar, al menos, con la designación de los dos ministros suplentes, para cubrir cualquier emergencia y evitar poner en riesgo el funcionamiento de la instancia. No quieren aparecer presionando al Gobierno, por lo que han utilizado la estrategia de mandar el recado con parlamentarios de la oposición, para que ellos planteen la situación a sus pares de Chile Vamos y así llegue a oídos de la administración de Piñera.
En La Moneda tienen clara la situación y desde el círculo cercano al Jefe de Estado afirmaron que durante junio esperan dar a conocer el nombre del ministro titular que les corresponde nominar. El problema está en los suplentes, es ahí donde precisamente hay un gallito político que deja al TC en medio de una dura negociación que, por ahora, no tiene por dónde encontrar luz de verde.
Para que se aprueben los dos nombres que propone el Ejecutivo como suplentes, requiere de la venia del Senado por un cuórum de cuatro séptimos, es decir, de 27 votos, que el oficialismo no tiene por sí solo, ya que cuenta solo con 19 escaños en la Cámara Alta, por lo que requiere llegar a un acuerdo con parlamentarios de la oposición.
[cita tipo=»destaque»]Los encargados de sacar adelante la tarea de los nombramientos del TC son el ministro del Interior, Andrés Chadwick; de la Segpres, Gonzalo Blumel; y de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Y este último es quien ha sostenido una serie de encuentros con los senadores de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Desde dicha instancia reconocieron que la negociación se encuentra en punto muerto, ya que La Moneda «ha evitado entregar señales de apertura en el caso», es más, recalcan que no ha entregado ninguna.[/cita]
El problema de los suplentes se arrastra desde el Gobierno de Michelle Bachelet, donde no se logró zanjar el tema, puesto que esa administración presentó una lista de candidatos que no contó con apoyo y de la cual solo sobrevivió el nombre de Rodrigo Delaveau Swett, aún en carrera. La Moneda en estos días está sondeando como segundo nombre el del abogado Álvaro Fuentealba Hernández, el que no cuenta con el apoyo unánime de la oposición, ya que es visto con buenos ojos por el PS, pero no es del agrado de la bancada DC.
Hay otro elemento en juego: la presión que está ejerciendo la oposición para que el Ejecutivo se allane a discutir una reforma al Tribunal Constitucional, lo que es resistido en la administración piñerista.
En un amplio sector de la ex Nueva Mayoría son categóricos y han advertido a La Moneda que “de no abrirse el Gobierno a la reforma presentada respecto del Tribunal Constitucional, no estarán los votos” para solucionar los cupos de los ministros suplentes, según afirmó un senador de oposición que maneja dicha discusión. Además, acusan al Gobierno de pecar de “ambicioso y querer dividirlos”, al pretender instalar el nombre de Fuentealba a sabiendas de que genera discrepancias entre la falange y los socialistas.
El senador PPD y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Felipe Harboe, explicó que para su partido reformar la estructura del TC «es muy importante, es un imperativo ético, hay un tribunal que está alterando la voluntad ciudadana y provocando un conflicto institucional no adecuado”. En esa línea, recordó que en materia de derechos humanos este tribunal ha acogido recursos de inaplicabilidad que, en la práctica, solo han retrasado el avance de las causas.
Un criterio político en la toma de decisiones que públicamente reconoció Peña el día que dejó el TC. En una entrevista con Radio ADN, apuntó precisamente a la incidencia política en las resoluciones del tribunal: «No debiera reinar en un Tribunal Constitucional; en la práctica, sí reina”. Agregó que “detrás de nuestras votaciones hay miradas particulares, los puntos de vista que tienen que ver con nuestras experiencias, nos falta ese sentido de institucionalidad que ha logrado el tribunal en Alemania”.
El abogado Christian Suárez(*) estuvo dos años en la nómina para ser ministro suplente, pero ya fue notificado de que no continúa en carrera. Con eso, y además de la opción de Fuentealba, el Gobierno baraja como alternativas para acompañar la propuesta de Delaveau Swett a los abogados Alan Bronfman Vargas, Armando Jaramillo Lira, Arturo Onfray Vivanco y Alejandra Zúñiga Fajuri, todos nombres provenientes de la lista que se votó en el propio Tribunal Constitucional en noviembre del 2015.
Bronfman formó parte de la primera lista enviada en marzo del 2016 por el ex ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, la que luego fue retirada y reenviada al Senado con los nombres de Suárez y Delaveau, un año más tarde, la que tampoco arribó a buen puerto.
Los encargados de sacar adelante la tarea de los nombramientos del TC son el ministro del Interior, Andrés Chadwick; de la Segpres, Gonzalo Blumel; y de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Y este último es quien ha sostenido una serie de encuentros con los senadores de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Desde dicha instancia reconocieron que la negociación se encuentra en punto muerto, ya que La Moneda «ha evitado entregar señales de apertura en el caso», es más, recalcan que no ha entregado ninguna.
Consultados por El Mostrador, desde el Ministerio de Justicia dijeron que Larraín no se referiría al tema, porque no tiene nada que decir al respecto.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, “sin duda que este es un espacio en disputa, evidentemente se va a poner a prueba la capacidad del oficialismo de ponerse de acuerdo en los nombres, pero también la capacidad que tenga para romper una oposición circunstancial que puede darse en torno a bloquear aquellos nombres que no sean funcionales a los intereses de los sectores que hoy conforman la oposición”.
En La Moneda han resentido el gallito con la oposición y acusan un “chantaje” de parte de la ex Nueva Mayoría, pues querían “pegar” en una eventual negociación conjunta los nombramientos para TVN, el cupo a la Corte Suprema, donde está propuesta Ángela Vivanco, y el TC. Es más, en el Gobierno cuestionan la actitud de la oposición, insisten en que no corresponde y advierten que, de mantenerse así las cosas, es posible que el Presidente Piñera opte por dar un “golpe de timón”.
Varios son los casos emblemáticos que han puesto al Tribunal Constitucional en el eje de la discusión, los más emblemáticos fueron la despenalización del aborto en tres causales, la reforma educacional y también la laboral.
Fue el 5 de abril cuando los diputados DC y PS, Matías Walker y Leonardo Soto, respectivamente, presentaron una propuesta de reforma que busca, entre otros aspectos, modificar la conformación, atribuciones y funcionamiento del TC, aumentar los cuórums al momento de votar normas de rango constitucional, con el fin de que las diferencias en aquellas instancias no sea el mínimo. La moción también busca reducir de 10 a 9 sus integrantes y cambiar la fórmula de designación de los mismos, apostando a que tres nombres sean propuestos por el Presidente de La República, otros tres por la Corte Suprema y los restantes por el Congreso.
No solo en la oposición está instalada la idea de reformar el TC. Recién instalado el Gobierno de Piñera, desde Chile Vamos se escucharon voces que buscaban el mismo objetivo, criterios de nombramiento para “despolitizar” el pleno de ese tribunal, lo que no cayó del todo bien en algunos miembros titulares de la cuestionada instancia. Dichos aires reformadores no son nuevos, pues ya a fines del 2014 el entonces recién asumido timonel de RN y hoy ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, en conjunto con el PS Osvaldo Andrade, presentaron una moción que buscaba acotar la competencia del Tribunal Constitucional.
El TC ya debió suspender una audiencia por falta de cuórum el 22 de mayo, después que los ministros Nelson Pozo y Domingo Hernández debieron inhabilitarse al haber emitido declaraciones a la prensa sobre un caso particular de derechos humanos. Hasta ahora aquella ha sido la única sesión que no ha podido llevarse a cabo. En otra ocasión, el pleno ha funcionó al límite, solo con los ocho titulares que le quedan, cuando revisó la presentación del Sernac.
(*) N de la R: posterior a la publicación de esta nota, el abogado Christian Suárez envió la siguiente aclaración: «Quisiera aclarar que los ministros suplentes, en conformidad a la ley, se designan previo concurso público de antecedentes, en el que obtuve junto al profesor Delaveu la máxima votación (9 votos de un total de 10). En la carta agradecí al Presidente de la República haberme considerado nuevamente en su solicitud de urgencia para que el Senado procediera a votar y a la ex Presidenta Bachelet haberme incorporado en su propuesta. De tal manera que no hay tal « notificación » a la que se refiere en este artículo».
