PAÍS
La organización lanzó el informe «Pre-juicios injustos: criminalización del pueblo mapuche a través de la ley antiterrorista», donde analizó los casos Luchsinger Mackay y la quema de una iglesia evangélica.
Amnistía Internacional (AI) denunció que la aplicación de la Ley Antiterrorista en procesos judiciales contra mapuches en Chile genera juicios injustos y sin garantías, que criminalizan a los indígenas.
La organización lanzó el informe «Pre-juicios injustos: criminalización del pueblo mapuche a través de la Ley Antiterrorista», en el que analizan a fondo dos casos en los que mapuches fueron condenados por esa controvertida legislación.
AI observó el juicio del caso del matrimonio Luchsinger Mackay, que falleció en un incendio intencionado en su domicilio en 2013, y la quema de una iglesia evangélica en 2016, ambos episodios ocurridos en la sureña región de La Araucanía.
La directora ejecutiva de AI Chile, Ana Piquer, afirmó que esos juicios no respetaron los estándares de un debido proceso a causa de la aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuches imputados.
Valentina Ballesta, investigadora de AI para Suramérica, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó en 2014 a Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista contra personas mapuches.
«Vemos que cuatro años después de la sentencia de la CIDH, el Estado de Chile sigue con las mismas deudas y sigue cometiendo las mismas violaciones a los derechos humanos basadas en la ley antiterrorista y su aplicación al pueblo mapuche», señaló Ballesta.
La investigadora sostuvo que en los dos casos analizados, los mapuches no pudieron defenderse adecuadamente debido a las atribuciones que la ley antiterrorista concede a la Fiscalía y los jueces, como el uso de testigos anónimos o el secreto de la investigación.
La ley antiterrorista también permite que los imputados permanezcan durante un largo periodo de tiempo en prisión preventiva, algo que AI considera «desproporcionado».
«La prisión preventiva debe ser para garantizar el curso del juicio, no puede ser concebida como una pena anticipada», destacó Ballesta.
En el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, en el que hay cuatro condenados, dos a cadena perpetua, AI denuncia que varios de los imputados estuvieron casi dos años en prisión preventiva.
El informe destaca además que la condena a tres de los acusados se fundamentó en una prueba que fue objetada en varias ocasiones por la defensa al considerar que había sido obtenida bajo coacción.
La investigadora de AI para Suramérica pidió al Estado chileno que anule ambos juicios y que modifique la Ley Antiterrorista para adecuarla a los estándares internacionales.
