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Presidente Kast apuesta al Senado y a la división opositora para aprobar su reforma de seguridad PAÍS VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Presidente Kast apuesta al Senado y a la división opositora para aprobar su reforma de seguridad

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El PS y el PPD se abrieron a tramitar la agenda de Seguridad, mientras el FA y el PC cuestionaron su contenido. La Moneda busca iniciar la reforma constitucional en el Senado y despacharla antes de Navidad, en medio de un cálculo por posibles cambios en el quórum.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo volvió a separar a la oposición. El PS y el PPD expresaron disposición a tramitar sus proyectos, mientras el FA y el PC criticaron la falta de medidas sobre secreto bancario, armas, puertos y persecución financiera. La Moneda pretende ingresar la reforma constitucional por el Senado, tramitarla en dos o tres meses y despacharla antes de Navidad, aprovechando el actual quórum de 4/7 antes de que eventuales desafueros alteren el número de senadores en ejercicio.
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La agenda de seguridad o Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), como la presentó el Presidente Kast, abrió una nueva diferencia en la oposición y entregó al Gobierno una oportunidad para conseguir los votos que necesita su reforma constitucional. Mientras el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) mostraron disposición a discutir el paquete, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) cuestionaron su contenido y sus prioridades.

La división reproduce el comportamiento opositor ante otras iniciativas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo, por lo que La Moneda decidió iniciar la reforma constitucional en el Senado y enviar los cambios legales menores a la Cámara de Diputadas y Diputados.

El plan anunciado por el Presidente José Antonio Kast considera más de 30 proyectos de ley y una modificación a la Carta Fundamental. Esta última incorporaría el deber estatal de resguardar la seguridad pública, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios más estrictos, mayores facilidades para incautar y liquidar bienes del crimen organizado y un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Apertura del PS y el PPD

El diputado socialista Raúl Leiva valoró que la seguridad pública se instalara como prioridad, pero lamentó la ausencia de un trabajo prelegislativo con las comisiones especializadas. Aun así, se manifestó disponible para tramitar proyectos que entreguen mejores herramientas de persecución criminal y no se limiten a elevar las penas.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, anticipó una “predisposición positiva” y afirmó que su partido revisará cada iniciativa por separado. Sin embargo, advirtió que el paquete omite el levantamiento del secreto bancario, una herramienta que considera indispensable para perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales.

Desde el FA, la diputada Tatiana Urrutia echó de menos medidas sobre control de armas, puertos, corrupción y persecución financiera. El diputado comunista Bernardo Salinas, en tanto, calificó el anuncio como un conjunto de “acciones y programas inconexos” y también exigió incorporar el levantamiento del secreto bancario.

La carrera por el quórum

La reforma requiere el respaldo de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, una cifra que el oficialismo no alcanza por sí solo. Por eso, la disposición del PS y el PPD puede resultar decisiva, aunque ambos partidos anticiparon que no entregarán un respaldo sin condiciones.

El Ejecutivo busca una tramitación de entre dos y tres meses y pretende despachar la iniciativa antes de Navidad. Según versiones de Gobierno incluidas en el reportaje, la decisión de comenzar por el Senado también responde al interés de votar antes de que eventuales desafueros alteren el número de legisladores en ejercicio y, con ello, el cálculo del quórum.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, inició conversaciones con las bancadas oficialistas y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien se mostró disponible para convocar sesiones especiales. La discusión de la ACOT se perfila así como un nuevo test para la oposición y para la capacidad de La Moneda de construir una mayoría transversal en seguridad.

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