Opinión
Recientemente el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que promueve la eficiencia energética (EE) en el país. Este proyecto abarca exigencias en el consumo de energía en las empresas, instituciones del Estado, nuevas viviendas y en el transporte.
En un plan quinquenal, el Ministerio de Energía establecerá metas y objetivos a alcanzar en el período, como también acciones específicas y mecanismos de medición y verificación de los avances obtenidos. Al igual que en otros proyectos de ley, un reglamento especificará los criterios y procedimientos que deberán aplicarse en la elaboración de este plan, el cual, deberá ser finalmente aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Las grandes empresas consumidoras de energía, unas 150 según la estimación del Gobierno, deberán reportar anualmente al Ministerio de Energía su consumo y su intensidad energética, medida en relación a sus ventas finales. Sin embargo, aquellas con mayor consumo tendrán que diseñar e implementar un sistema de gestión de energía, el cual deberá contener planes, metas e indicadores. Un equipo interno, nominado por la empresa, supervisará que se cumpla este sistema de gestión, según lo establecido en un reglamento.
En su defecto, la empresa podrá certificar el cumplimiento de alguna norma estándar de EE del Instituto Nacional de Normalización ―el proyecto no es explícito en la norma que deberá ocuparse― y de requerirse, estar sujeto a auditorías.
Las instituciones de gobierno y las municipalidades también deberán reportar sus consumos de energía y definir encargados de la gestión energética, los que serán capacitados por el Ministerio de Energía.
Por su parte, las nuevas edificaciones residenciales que se comercialicen deberán certificar el cumplimento de ciertos estándares de eficiencia en su construcción.
En el transporte, el Ministerio de Energía definirá los estándares en el rendimiento energético promedio que deberán cumplir los nuevos vehículos. También velará por la interoperabilidad de los cargadores para vehículos eléctricos.
Cabe señalar, que las políticas que promueven la EE se basan en la idea de que consumidores y empresas ahorrarán dinero sin sacrificar confort o productividad. Así, las medidas de EE suelen estar en el corazón de los esfuerzos por lograr reducciones en las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Sin embargo, y a pesar de los beneficios proyectados en el ahorro de costos, consumidores y empresas no están aprovechando la disponibilidad de estas inversiones, aparentemente rentables.
¿Qué está sucediendo? Las investigaciones sugieren un número de diferentes explicaciones, que van desde la falta de información respecto de los beneficios de largo plazo del ahorro; altos costos de transacción que harían demasiado oneroso el cambiar a equipos de mejor rendimiento; efecto rebote en el consumo; o bien como muestran los últimos estudios realizados en los Estados Unidos, las ganancias en eficiencias obtenidas en la práctica, serían menores a las proyectadas.
En conclusión, las políticas que tratan de promover la EE en las empresas deben ser cuidadosas de no imponer metas difíciles de lograr, que terminen siendo cargas burocráticas, o peor aún, que encarezcan innecesariamente los procesos productivos. Situación que debiera revisarse a la luz de las experiencias en lugares en donde ya se han implementado estas políticas.
El transporte podría ser la excepción. Por ejemplo, en el transporte de carga, algunos estudios realizados en Europa reportan que con simples medidas de gestión y de mejoras tecnológicas, pueden lograrse significativas ganancias de eficiencia en el consumo de combustible. Quizás, es aquí en donde el proyecto de ley debiera entregar más variadas e innovadoras propuestas.
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