Opinión
Un estudio sobre el Estado del Derecho Ambiental elaborado por la ONU este año —el cual evaluó las leyes, regulaciones y políticas nacionales en todo el mundo— alertó que la falta de voluntad política, sistemas judiciales injustos y una implementación deficiente de la ley se han encargado de obstaculizar y servir de freno a los esfuerzos para abordar algunos de los mayores desafíos actuales en materia medioambiental, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Esto es preocupante si consideramos que ya, desde 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, los Estados asumieron como evidente los vínculos existentes entre los derechos fundamentales y el medio ambiente. Desde entonces, más de la mitad de los Estados miembros de Naciones Unidas han agregado garantías constitucionales respecto del medioambiente, pero la crisis climática ha evidenciado que la incorporación de estos temas excede el ámbito de la mera protección a ecosistemas específicos. Así, la consagración de la protección constitucional al medioambiente, se ha entendido como parte fundamental y prioritaria en los nuevos textos constitucionales que están entrando los países alrededor del mundo.
Hoy, Chile tiene la oportunidad de incluir esta prioridad en una nueva Constitución. Esto porque si bien incluimos su protección en la de 1980, lamentablemente, en nuestro país son demasiados los casos concretos que, con el correr de los años, han evidenciado cómo la Constitución ha permitido legitimar situaciones de grave desigualdad e injusticia ambiental y social.
La aguda y severa crisis hídrica, permite ver como su regulación ha posibilitado la intervención de glaciares que son piezas claves en las reservas de agua del país y el planeta, la asignación privativa sin ninguna consideración a los derechos de las personas y de los ecosistemas a tener acceso a ella, vulnerando principios fundantes de la vida misma.
Hoy enfrentamos la peor sequía de nuestro país. Con 76% de la superficie de Chile hoy afectada por sequía, desertificación o suelo degradado y una huella hídrica diaria de 3.200 litros de agua por cada chileno, un estudio internacional muestra que la situación de Chile es tan compleja que se asemejará a la emergencia que enfrentarán países africanos como Namibia o Botswana. Sin ir más lejos, casi medio millón de chilenos están recibiendo agua gracias a camiones aljibes.
Por otra parte, las zonas de sacrificio, donde los derechos fundamentales de vida, salud, y ambiente adecuado de miles de chilenos simplemente no existen; o la situación de contaminación ambiental del aire que ha obligado a millones de chilenos disminuir sus expectativas de vida debido al aire mortal que respiran.
Estas son algunas de estas graves injusticias que han acrecentado la desigualdad en nuestro país.Y no se trata solo de sus espacios vitales o una afectación a espacios naturales, sino que tiene que ver con un intangible clave en todo acuerdo social: la dignidad de las personas. Saber que no por vivir en una zona de sacrificio la vida de esa persona vale menos que la de cualquier otra.
Dignidad supone poner en el centro de la actividad estatal a la persona y en el medioambiente que sostiene la vida humana. Durante demasiado tiempo se ha chantajeado con la relevancia de los proyectos productivos, como si eso justificara cualquier sacrificio. Es claro que las cosas se pueden y las debemos hacer mejor. Y que la dignidad de las personas y la protección del ambiente donde se desarrollan, debe ser el eje de todas las decisiones. El futuro del planeta y de nuestro país es sombrío en materia medioambiental si es que no enmendamos las cosas ni establecemos nuevas prioridades. Es necesario, por lo tanto, dar respuesta a estas enormes amenazas que enfrenta el país.
En Greenpeace creemos que, en medio de la crisis social que enfrenta el país, el acuerdo de las fuerzas políticas para establecer una ruta que nos lleve hacia una nueva Carta Fundamental es un momento clave para tener una Constitución mucho más verde. Una que exprese de manera clara y mayoritaria que la actividad económica no puede seguir siendo fuente de injusticia ni desigualdad de acceso a condiciones medioambientales que permitan nuestro desarrollo humano.
Por eso invitamos a quienes están convencidos de esta necesidad a que seamos millones y se unan a nuestra campaña para que la nueva Constitución garantice, ahora sí, los derechos medioambientales que exige el crítico momento que enfrenta Chile y el planeta.
