La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
sancionó por dos cargos, uno calificado como «gravísimo» y otro «leve», contra la empresa Mowi Chile S.A., ex Marine Harvest Chile S.A., en la región de los Lagos, tras el escape de más de 690 mil ejemplares de Salmón del Atlántico en julio de 2018.
Greenpeace, junto a comunidades locales afectadas por el escape y la ONG Fima se hicieron parte en el proceso. Por eso para Greenpeace, «la multa que algunos han calificado como ‘histórica’ representa menos del 10% de las utilidades que la empresa obtuvo durante el año 2019, según el
Reporte Anual Mowi 2019)«.
«La multa no sólo es insuficiente, sino que no contribuye a que estos daños dejen de generarse. Los cargos por los cuales hoy esta empresa es sancionada son de caracter gravísimo de acuerdo a la propia SMA, hay una probada responsabilidad de la empresa que no cumplió con las obligaciones mínimas establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental, poniendo en riesgo y dañando a la comunidad y ecosistemas», declaró la ONG ambientalista sobre los $5 mil 300 millones y $2 millones 700 mil que tendrá que pagar la empresa.
Para Greenpeace, «la mínima sanción para un caso como este, donde las negligencias e incumplimiento han sido deliberados por parte de la empresa, es caducarles el permiso ambiental de funcionamiento (RCA) y esto está dentro de las atribuciones de la SMA y no se entiende por qué sólo aplicar multas económicas que en la práctica no sirven: las empresas las pagan con los beneficios económicos que obtienen burlando la ley y destruyendo el medio ambiente. Los daños que generan no son compensados por montos de dinero».
Ademas recalcaron que «la sanción indica que la empresa utilizó datos de corrientes del año 2011 para una obra construida en 2017, sin seguir con las recomendaciones de la memoria de cálculo respecto de los fondeos del centro, además de presentar un desgaste de los materiales de unión y las redes a un solo año de haber instalado el centro».
Además recordaron que este nivel de daño no puede ser pasado por alto con una multa, sino con una pérdida del permiso para operar, ya «que a pocos kilómetros de donde sucedió este escape masivo, se repitió la misma historia 2 años después, con una situación que tiene en vilo a las comunidades con 2.900 toneladas de salmones muertos en el fondo marino tras el colapso de un centro perteneciente a
Blumar«.
Por su parte la organización FIMA declaró que «el problema de los escapes de salmones, es que, tal como ha relevado la literatura científica, el daño ambiental no necesariamente es constatable de forma inmediata, siendo verificable años después. En este contexto, la presunción de daño ambiental contemplada en la Ley de Pesca, aun siendo deficiente para su objetivo de protección de los océanos, ya que solo exige recuperar el 10% de los peces escapados, establece un mínimo legal. Frente a un escape de casi 1 millón de salmones, Marine Harvest debía hacerse cargo de recuperarlos en un porcentaje muy pequeño y no lo hizo».
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