Opinión
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de este año confirma un hecho que no era difícil de prever dada la profunda crisis social y económica que enfrenta el país como consecuencia de la pandemia del Covid-19: la pobreza aumentó en un 2,2%, creciendo de un 8,6% a un 10,8%, lo que equivale a 2.112.185 personas viviendo en esta condición.
Estos preocupantes números representan un retroceso de entre cuatro y seis años en la lucha contra la erradicación de la pobreza y sitúa a nuestro país en niveles que no se veían desde 2015, o incluso 2013, si consideramos el aumento también de la pobreza extrema a un 4,3%.
Lo mismo sucede con la vivienda. Sin ir más lejos, más de 57 mil niños y niñas menores de 14 años no tienen acceso a una vivienda digna en Chile según los datos revelados por el Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 de Techo y Fundación Vivienda. Asimismo, la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) viviendo en campamentos tuvo un aumento explosivo de 132% respecto al 2019.
Preocupa, entonces, la situación de la niñez ante este adverso panorama, ya que una de las principales falencias en el sistema de protección hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) dice relación con la inexistencia de un eje articulador de las políticas públicas pro infancia. Resulta imperioso, entonces, que los esfuerzos en materia legislativa apunten a la promulgación de iniciativas que den mayor sistematicidad a la divergente realidad normativa en esta materia, lo que ha dificultado la conformación de criterios y definiciones compartidos entre todos los actores a nivel nacional.
Asimismo, es fundamental entender el concepto de “protección integral de la infancia” con una visión multidimensional de la pobreza, condición que va más allá de lo meramente económico y que incluye aspectos tan o más relevantes como la salud, educación, vivienda, empleo, seguridad social, entorno y redes de los niños en situación de vulnerabilidad.
Se sabe, a la vez, que la cantidad de niños y niñas pobres casi duplica la cantidad de adultos en esa condición en Chile. Por esa razón, sumado a todo lo anterior, se hace urgente robustecer aún más las acciones y sistemas de protección social, especialmente en un contexto de emergencia mundial, donde niños y niñas son especialmente afectados.
Mejorar la calidad de vida de nuestros niños implica, entre otros aspectos, mejorar la vida de todos los integrantes del grupo familiar. En estos momentos de nada sirve ganarle a la pandemia si se insiste en construir un sistema sobre una sociedad que desde sus cimientos genera desigualdad social, cultural y económica.
Por eso no hay tiempo que perder. Debe ser el Ejecutivo, la mancomunión público-privada y la sociedad civil en su conjunto la llamada a la acción para trabajar con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de nuestra niñez, tan severamente golpeada por la sucesión de crisis que ha vivido el país en el último tiempo. Que “los niños primero” deje de ser, de una buena vez, un mero eslogan.
