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Con un IPC que bordea el 14% en los últimos 12 meses y con el poder adquisitivo cada vez menor, en el último trienio los inmigrantes trabajadores en Chile, lejos de ver una mejora salarial, han visto mermados sus ingresos en casi un 10 por ciento en el caso de los hombres y más de un 30 por ciento en el caso de las mujeres, según datos del INE.
Bajos sueldos, exclusión laboral, precariedad y abusos son algunos de los denominadores que suelen ser comunes en la población inmigrante de Chile.
Hoy día, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile existen más de un millón de trabajadores inmigrantes, y es una cifra que, lejos de bajar, estaría incrementándose en los próximos años.
Pero a pesar de ser cada vez más los casos de inmigrantes que trabajan en Chile, si situación ha sido dura y preocupante.
Ejemplo de esto es el poder adquisitivo de quienes llegan a Chile desde el exterior. En 2019 un trabajador hombre inmigrante en Chile ganaba en promedio $520.462 pesos, mientras que en 2021 esa cifra bajó casi un 10 por ciento, situándose en $472.077, lo que se agrava más pensando en un IPC que hoy día bordea el 14 por ciento anual.
Aunque el caso de las mujeres es peor, ya que si el sueldo promedio de los hombres bajó en casi 10 por ciento, en el caso de ellas la merma es mayor, disminuyendo en más de un 30 por ciento, bajando de un promedio de $443.091 en 2019 a tan solo $304.864 en 2021.
Sin embargo, las preocupantes cifras para los inmigrantes trabajadores en Chile no se quedan ahí. “En 2022 somos testigos que un 26,5% de los hombres y un 38,4 % de las mujeres inmigrantes trabajadores y trabajadoras admite haber recibido un sueldo menor a sus compañeros que hacen el mismo trabajo”, señala el director ejecutivo de la Vicaría para la Pastoral Social Caritas del Arzobispado de Santiago, Luis Berrios.
Por esta y otras razones es que la Vicaría convocó a diversos actores sociales del sector privado, sociedad civil, organismos internacionales e integrantes de Gobierno para trabajar en torno a una mesa de trabajo sobre la inclusión laboral de migrantes y refugiados, desde donde salió una propuesta para el Ejecutivo.
La exclusión laboral de los inmigrantes en Chile es un hecho. De acuerdo a un estudio presentado por el INE recientemente, se indicaba que en el caso de los hombres un 37,5% y en las mujeres un 40,9% dicen que alguien ha dificultado su proceso de inclusión en su último o actual trabajo.
Consultados sobre quién o quiénes han dificultado ese proceso, las mujeres en su mayoría culparon a su jefe directo o empleador (46,2%), mientras que en el caso de los hombres son los clientes o público de su trabajo (40,6%).
A eso se le suma la consulta a los inmigrantes trabajadores en Chile, quienes sostuvieron que la principal barrera para mantener una situación migratoria regular en Chile corresponde a la larga espera para recibir los resultados en el proceso de regulación, respuesta entregada por más del 54% de los afectados, seguido por el no poder cumplir con documentos que deben ser solicitados en su país de origen.
La mesa de trabajo convocada por la vicaría contempla dos ejes: primero, la regulación migratoria y la formalidad laboral, mientras que en segundo lugar es el contribuir a la inclusión social y laboral de las personas migrantes o refugiadas y sus familias.
“Esperamos que estas conclusiones permitan, además, responder a parte de los desafíos derivados de la situación migratoria actual con miras a aportar en la construcción de una nueva Política Nacional de Migración y Extranjería.
La mesa está integrada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur); Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga); Asociación Inmigrante Feliz; Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Cámara Nacional de Comercio (CNC); Centro Mi Pyme Cumple; Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Instituto Católico de Migración (Incami), en representación de la Red Clamor; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Vicaría Pastoral Social Caritas, entidad convocante.
Asimismo, participaron como referentes técnicos y sectoriales para la elaboración del documento conclusivo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Programa de Formación Jurídica Derecho UC fue el encargados metodológico del proceso de diálogo social.
