Gobierno impulsa ley para limitar redes sociales en menores y abre debate por regulación digital

El anuncio del Ministerio de Desarrollo Social sobre el ingreso de un proyecto de ley para limitar el acceso de menores de edad a redes sociales reactivó el debate sobre cómo regular el entorno digital sin vulnerar derechos ni desconocer el uso cotidiano que niños y adolescentes hacen de estas plataformas.

La iniciativa, enmarcada en el plan “Entornos Digitales Seguros”, busca abordar los riesgos del uso no supervisado de internet, en un contexto donde ya rige la prohibición de celulares en establecimientos educacionales. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, explicó que el foco está en el resguardo del bienestar infantil. “Queremos que los niños crezcan en entornos seguros, donde puedan desarrollarse sin riesgos ni vulneraciones. Hoy, uno de esos entornos es especialmente el digital”, afirmó.

En esa línea, la autoridad advirtió que las medidas actuales resultan insuficientes. “En Chile solo contamos con restricciones en los colegios, pero eso no evita la exposición a peligros como desafíos virales o fenómenos de violencia que también impactan la convivencia escolar”, sostuvo.

Desde el mundo académico, el debate incorpora factores ligados al desarrollo cerebral adolescente. Ethelyn Pinto, vicerrectora de Educación Digital de la Universidad del Alba, explica que esta vulnerabilidad tiene base neuropsicológica. “En la adolescencia existe un desfase madurativo: el sistema emocional está altamente activo, mientras que la corteza prefrontal —responsable del juicio y el control de impulsos— termina de desarrollarse cerca de los 25 años. Esto genera una brecha que dificulta evaluar riesgos, como ocurre con los desafíos virales”, señala.

A ello se suma evidencia internacional que vincula el uso no regulado de redes sociales con mayores niveles de ansiedad, problemas de autoestima y trastornos del sueño en menores, argumentos que el Gobierno considera como sustento del proyecto.

Sin embargo, especialistas advierten que la discusión no puede reducirse a una prohibición. “Las redes sociales son hoy un espacio central de socialización. Una regulación mal diseñada puede ser ineficaz o incluso contraproducente, porque los menores suelen encontrar formas de evadir restricciones”, advierte Pinto.

La académica subraya que el problema no radica solo en los contenidos, sino también en las dinámicas de validación digital. “Los menores aún no cuentan con herramientas emocionales para procesar entornos donde la aprobación se mide en ‘likes’”, explica.

Desde la neuroeducación, este fenómeno se asocia a sistemas de recompensa que refuerzan conductas de forma intermitente, afectando la concentración y la tolerancia a la frustración, especialmente en cerebros en desarrollo.

Por ello, expertos plantean que el abordaje debe ser integral y basado en la corresponsabilidad, combinando control parental, alfabetización digital y mayores exigencias a las plataformas tecnológicas. “Si no se aborda de manera conjunta, el problema simplemente se traslada a espacios menos visibles”, advierte Pinto.

El debate no es exclusivo de Chile. Experiencias en países como Australia y Europa muestran avances dispares y abren dudas sobre la efectividad de estas regulaciones, especialmente por las dificultades de fiscalización. Bajo este contexto, la experta plantea la siguiente pregunta ¿Cómo se verifica la edad de los usuarios sin afectar su privacidad?”. Pinto apunta que este punto es uno de los principales desafíos al momento de restringir el uso de las redes sociales.

Pese a estas interrogantes, el Ejecutivo espera lograr respaldo transversal. Según la ministra Wulf, el proyecto se trabaja junto a parlamentarios y especialistas para avanzar hacia un entorno digital más seguro sin restringir libertades individuales.

Más allá de la tramitación legislativa, el fondo del debate apunta a un equilibrio complejo: proteger a niños y adolescentes en un entorno digital que ya es parte estructural de su vida cotidiana. El éxito de la iniciativa, coinciden expertos, dependerá no solo de la regulación, sino de su articulación con educación digital, responsabilidad familiar y adaptación de las propias plataformas.